La jueza del caso Lucio nunca fue sancionada y Ángel vuelve a poner bajo examen al fuero de familia

La magistrada que entregó la tenencia de Lucio Dupuy a su madre fue juzgada, suspendida y repuesta en su cargo sin sanción. En Comodoro, el caso Ángel López reabre un patrón parecido.

La jueza de Familia que otorgó la custodia de Lucio Dupuy a su madre pasó por un jury, fue suspendida en una primera etapa y terminó restituida en su cargo sin sanción firme. Ese dato, que en La Pampa dejó una herida abierta, vuelve a cobrar peso ahora que en Comodoro Rivadavia el caso de Ángel López arrastra cuestionamientos muy parecidos sobre el rol del fuero de familia y de los organismos de protección. El punto que une ambos expedientes no está sólo en el horror posterior, sino en lo que el Estado vio, no procesó a tiempo y después discutió cuando ya era tarde.

La magistrada pampeana señalada fue Ana Clara Pérez Ballester, a cargo del Juzgado de Familia de General Pico, que en 2020 homologó la tenencia de Lucio a favor de su madre en medio de denuncias cruzadas con la familia paterna. La acusación posterior sostuvo que ni la jueza ni la Asesora de Menores escucharon de manera directa al nene, aun cuando ya tenía 4 años y existían advertencias previas sobre el conflicto. En el jury, esa omisión quedó ligada además a otra falla de fondo: la escasa profundización en la evaluación de riesgo y el seguimiento posterior de una situación que después derivó en un crimen brutal.

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Ese tramo del caso Lucio fijó una de las observaciones más duras que se hicieron contra el fuero de familia. El procurador general adjunto remarcó que, aun siendo pequeño, el niño podía haberse expresado con palabras, gestos o dibujos, y calificó como “falta grave” que no se lo hubiera escuchado al momento del acuerdo de custodia. La frase tiene hoy una fuerza especial porque la crítica ya no se limita a una mala praxis burocrática, sino que toca la capacidad real de la Justicia para registrar el peligro cuando el chico todavía está vivo y pide ayuda a su manera.

Después de la muerte de Lucio en 2021, el Jurado de Enjuiciamiento de La Pampa abrió un proceso por “mal desempeño” contra Pérez Ballester y la Asesora de Menores. En una primera instancia, ambas funcionarias fueron suspendidas preventivamente, y esa decisión alimentó la expectativa de que el caso podía dejar una sanción ejemplificadora dentro del sistema judicial. El desenlace fue muy distinto: hacia fines de 2023 el jury las absolvió, ordenó su restitución y dejó a la jueza en funciones, una salida que provocó una fuerte reacción de la familia de Lucio y del propio Ramón Dupuy, que impulsó una campaña para revisar ese fallo.

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Ese antecedente es el que se proyecta ahora sobre el caso de Ángel López, un nene de 4 años muerto en Comodoro Rivadavia en un contexto donde se investiga maltrato infantil y responsabilidades dentro de su entorno familiar. La dimensión pública del expediente creció porque, según la propia descripción aportada, “remite” al caso Lucio Dupuy: un niño pequeño, señales previas, discusiones por el cuidado y un aparato estatal que habría llegado tarde. En ese espejo incómodo, la pregunta ya no pasa sólo por quién golpeó o quién calló en el entorno íntimo, sino por qué las alarmas institucionales tampoco frenaron el desenlace.

La voz que enlazó ambos casos con más dureza fue otra vez la de Ramón Dupuy. El abuelo de Lucio definió la muerte de Ángel como producto de “negligencia judicial y de los organismos de niñez” y subrayó que el chico había dicho que “no quería ir con su madre”, pero aun así no se activó una protección eficaz. Esa frase instala la comparación en el terreno más sensible de todos: la escucha del niño no como formalidad procesal, sino como señal concreta de riesgo que, cuando se desatiende, después aparece en los expedientes como omisión.

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Ahí se arma la similitud más fuerte entre Lucio y Ángel en el plano estrictamente institucional. En ambos casos aparece un conflicto de cuidado o custodia en contextos de alta conflictividad familiar, con advertencias, denuncias o señales de violencia alrededor del niño. También se repite la sospecha de una cadena fallida entre justicia de familia, áreas de niñez, salud y escuela, donde cada organismo parece mirar una parte, pero nadie logra construir a tiempo una respuesta de protección suficiente.

La diferencia está, por ahora, en el momento procesal de cada expediente. En el caso Lucio ya hubo jury, suspensión, absolución y una jueza que volvió a su despacho sin sanción disciplinaria ni destitución; en el de Ángel, la asignación de responsabilidades judiciales y administrativas todavía se encuentra en construcción. Esa distancia temporal vuelve todavía más importante la comparación, porque Comodoro todavía está a tiempo de definir si el recorrido institucional termina en un señalamiento concreto o si repite un esquema en el que las omisiones se describen con detalle pero no dejan consecuencias proporcionales.