Una denuncia falsa por abuso podría tener una pena de hasta 10 años si el Senado la aprueba

El proyecto de Carolina Losada endurece penas que ya existen y apunta sobre todo a género, abuso sexual y menores, con objeciones por su efecto.

Inventar una denuncia por abuso sexual contra un menor podría terminar en una pena de 6 a 10 años de prisión si el Senado convierte en ley el proyecto que hoy ya tiene dictamen favorable. La iniciativa también sube a 4 a 7 años los casos encuadrados en violencia de género y fija una base de 3 a 6 años para las falsas denuncias comunes. Ese esquema todavía no rige, pero ya entró en la etapa en la que el debate deja de ser teórico y pasa a tener consecuencias concretas sobre uno de los terrenos más delicados del sistema penal.

La discusión no parte de un vacío legal, y ahí aparece el primer dato que ordena el tema. En la Argentina, la falsa denuncia ya figura en el artículo 245 del Código Penal, de modo que la pelea no gira sobre la creación de un delito nuevo, sino sobre el tamaño del castigo y el tipo de agravantes que se quieren sumar. Ese punto resulta central porque parte de las críticas se apoya justamente en esa base: el Congreso no discute si debe sancionarse una acusación inventada, sino cuánto más debe endurecerse la respuesta cuando la denuncia falsa toca violencia de género, abuso sexual o niñez.

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La autora principal del expediente S-228/25 es la senadora radical Carolina Losada, que trabaja este tema desde 2022 junto con otros cofirmantes. Su proyecto modifica el artículo 245 y agrega agravantes, pero además convive con otros textos en Diputados que también buscan ampliar la punición, por ejemplo cuando una acusación falsa se empuja deliberadamente en medios o redes sociales. Así, el debate ya no se reduce a una sola redacción ni a una sola cámara, sino a una corriente legislativa más amplia que busca castigar con más fuerza el daño judicial, reputacional y emocional que provocan esas maniobras.

El impulso político del proyecto se apoyó en una escena concreta dentro del Senado. En una jornada realizada en mayo de 2025 se presentaron la iniciativa y testimonios de personas que dijeron haber atravesado falsas denuncias, una movida que fortaleció el empuje del expediente. Después de haber perdido estado parlamentario en un período anterior, el tema volvió a activarse y en abril de 2026 la Comisión de Justicia y Asuntos Penales emitió dictamen favorable, lo que dejó el proyecto en condiciones de ir al recinto.

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Losada sostiene que el problema tiene una dimensión mucho más grande de la que reflejan las causas visibles. La senadora repite que “Las falsas denuncias arruinan vidas, no podemos mirar para otro lado” y también que “Las falsas denuncias llenan de causas los tribunales con plata del Estado”, dos frases que resumen la columna vertebral de su planteo. Bajo esa lógica, el endurecimiento penal busca desalentar el uso de acusaciones como herramienta de presión o daño en conflictos de pareja, familiares o laborales, sobre todo cuando la imputación cae sobre asuntos especialmente sensibles.

La resistencia más fuerte aparece del otro lado del mostrador judicial y de derechos humanos. Senadores opositores y organizaciones advierten que una ley de este tipo puede instalar “miedo a denunciar” en víctimas reales, especialmente en contextos intrafamiliares y de violencia de género donde los hechos suelen ocurrir sin testigos, con prueba difícil y bajo relaciones de poder muy asimétricas. En ese punto marcan una diferencia decisiva: “denuncia falsa” no significa lo mismo que “denuncia sin pruebas” ni equivale automáticamente a un expediente que terminó sobreseído por falta de elementos.

La APDH empuja esa objeción todavía más lejos y coloca el foco en la estructura misma del proyecto. La organización sostiene que la propuesta duplica penas justamente en violencia de género y abusos sexuales, denuncia una “doble vara” y cuestiona su posible inconstitucionalidad, además de advertir que puede profundizar la revictimización y la impunidad en delitos donde denunciar ya implica atravesar barreras muy altas. La crítica, en el fondo, apunta a una paradoja política y penal: el Senado discute castigos más duros exactamente en las áreas donde gran parte de las víctimas ya llega a la Justicia con temor, fragilidad y enormes dificultades probatorias.

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Losada rechaza esa lectura y responde que el proyecto no persigue a quien denuncia de buena fe. Frente a quienes la acusan de desalentar denuncias por violencia de género, afirma que hay sectores que buscan “desinformar a la gente” y asegura que la ley “no afecta a las mujeres que realmente son víctimas”. Su defensa técnica descansa sobre un filtro exigente: para condenar por falsa denuncia, explica, “primero tiene que haber una absolución del denunciado y después demostrar que la denuncia fue hecha a sabiendas de que era falsa, con la sola intención de dañar”.

La propia senadora admite, de todos modos, que el debate avanza sin estadísticas oficiales completas. Por eso evita apoyarse en números cerrados y prefiere repetir que existe “un clamor social con respecto a este tema”, que “todo el mundo conoce a alguien que está atravesando por algo así” y que el fenómeno “no es algo remoto”. También dice que el asunto “no es aislado”, que hoy se lo “está ideologizando” y que ella no quiere repetir cifras no oficiales porque, como funcionaria pública, no le corresponde hacerlo.

El proyecto quedó así en una zona avanzada del trámite, aunque todavía lejos de convertirse en ley. El expediente ya atravesó comisión con despacho favorable, figura incorporado al temario para su posible tratamiento y sigue sin sanción definitiva ni promulgación, por lo que aún necesita la aprobación del Senado, el paso por Diputados y la firma del Poder Ejecutivo. Hasta que eso ocurra, la Argentina seguirá con la falsa denuncia ya penada por el Código Penal, pero con una discusión abierta sobre cuánto más debe castigar cuando la acusación inventada toca género, abuso sexual y menores.