Denuncian falsas acusaciones de abuso en medio de separaciones conflictivas

Abogados y padres de Rosario denunciaron a tres psicólogas por pericias presuntamente falsas que, aun con fallos favorables, sostuvieron la distancia entre hijos y padres.

Seis expedientes, tres firmas profesionales y descripciones que se repiten casi sin cambios empezaron a dibujar en Rosario una sospecha que ya no queda encerrada en una discusión técnica. Lo que puso en marcha la denuncia no fue solamente la existencia de acusaciones por abuso infantil en medio de separaciones conflictivas, sino la aparición de informes psicológicos con observaciones prácticamente iguales en distintos chicos y distintas familias. En esa repetición, según sostienen abogados y padres, aparece la base de una maniobra que habría servido para prolongar medidas cautelares y mantener cortado el vínculo entre hijos y padres aun cuando algunos de esos hombres ya fueron absueltos o sobreseídos.

La presentación penal se hizo en septiembre de 2025 ante el Ministerio Público de la Acusación y apunta contra tres psicólogas identificadas por sus iniciales P.B., N.A. y G.R.S., integrantes de la organización privada AEVAS. La denuncia quedó firmada por figuras con peso jurídico en Santa Fe, entre ellas el ex ministro de Justicia provincial Juan Lewis, la ex camarista Carina Lurati y los abogados Froilán Ravena, Ramiro Coso, José Nanni, Estela Marelli, Adriana Torchio y Viviana Cosentino. El planteo no fue menor: se denunció presunta asociación ilícita, corrupción de menores y falso testimonio agravado, y la causa recayó en la fiscal Guillermina Aiello, que empezó a relevar la información aportada.

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El punto que encendió la alarma, siempre según el relato de quienes impulsaron la denuncia, apareció de manera casi fortuita en los pasillos de Tribunales. Cosentino contó que el patrón surgió cuando distintos colegas empezaron a comparar casos y detectaron coincidencias demasiado precisas en expedientes separados. La propia abogada resumió ese origen con una frase breve, pero decisiva: “fue por casualidad”, y a partir de ese hallazgo, dijo, lograron identificar seis casos con la misma lógica narrativa y con la firma de las mismas psicólogas tratantes.

Lo que se repetía, de acuerdo con la denuncia, no eran sólo conceptos generales, sino escenas y reacciones específicas atribuidas a los menores. Los informes hablaban de chicos que reaccionaban con asco cuando se mencionaba al padre, que se autolesionaban, que dibujaban a la familia sin incluirlo o que sentían ira con sólo nombrarlo, una secuencia que para los denunciantes resultó demasiado uniforme para expedientes distintos. Cosentino lo sintetizó con una observación que golpea sobre el corazón de la acusación: “Bastaría con tapar los nombres de los menores para pensar que se trataría de un informe y de la misma persona”.

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La discusión no queda sólo en lo que esos informes decían, sino también en lo que, según los denunciantes, dejaban afuera. En la presentación se remarca que no figuran testimonios de pediatras, directivos de jardines de infantes y abogados de familia que, siempre según esa versión, no advirtieron comentarios compatibles con lo que luego aparecía reflejado en las pericias psicológicas. Por eso Cosentino sostuvo que no estaban frente a un problema de simple desprolijidad profesional, sino ante otra cosa: “Entendemos que no es mala praxis ni negligencia, sino que se trata de información falsa para sostener la medida cautelar y así evitar o postergar la revinculación”.

La trama tomó todavía más espesor cuando el caso salió del expediente puntual y rozó ámbitos institucionales más amplios. La Corte Suprema provincial se reunió con fiscales para abordar una seguidilla de denuncias contra padres divorciados por presunto abuso infantil, en paralelo a la demanda contra las tres psicólogas, mientras el nombre de AEVAS quedó bajo observación pública por su pertenencia al ex juez federal Carlos Rozanski. Rozanski rechazó las acusaciones y atribuyó la exposición del tema a “una estrategia mediática que elaboran los grupos de padres que están excluidos de poder ver a sus hijos”; además, aseguró que “hasta ahora no ha llegado ninguna causa judicial”.

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La dimensión concreta del conflicto aparece con fuerza cuando el expediente se mira desde la vida de quienes siguen separados de sus hijos. Pablo Barra, visitador médico rosarino de 51 años, contó que la última vez que vio a su hija fue en junio de 2018, durante el Día del Padre, y que pocos días después supo que enfrentaba una denuncia por abuso sexual cuando la nena tenía apenas tres años. Ya absuelto en primera instancia por el juez Pablo Pintos, espera una audiencia ante el camarista Javier Beltramone para que se confirme o no esa resolución, y resume el tamaño del daño en una frase que no necesita rodeos: “8 años sin ver a mi hija”.

Barra dice que la denuncia le destruyó el trabajo y le desarmó la vida cotidiana, aunque logró reconstruirse y volver a trabajar, y todavía se aferra a la posibilidad de pedir la revinculación si la absolución queda firme. También dejó planteada una contradicción que, para él, vuelve todavía más áspera la experiencia judicial: si era un peligro, no entiende por qué siguió libre; y si un juez ya lo absolvió, tampoco entiende por qué no pudo siquiera intentar un acercamiento con su hija. En paralelo, arriesga una interpretación sobre el motivo de fondo de estas prácticas y sostiene que detrás de las pericias cuestionadas puede haber una mezcla de ideología y de incentivos económicos.

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El otro caso que empuja la denuncia es el de Marcelo Liaud, plomero rosarino de 60 años, sobreseído hace un año en una acusación por abuso sexual impulsada por su ex mujer. Liaud no ve a su hijo desde 2022 y no descarga toda la responsabilidad sobre las psicólogas: también apunta contra una Justicia que, según dice, dejó pasar tiempo, ordenó medidas que no se cumplieron y permitió que la distancia creciera incluso cuando ya no había, según su planteo, riesgo alguno. Su crítica se endureció después de que la jueza Campanella escuchara al niño con la defensora del menor, sin asistente social ni psicólogo, una intervención que terminó con la negativa del chico a verlo y derivó en una denuncia del padre contra la magistrada por presunto incumplimiento de funcionario público.

Liaud también apuntó a una red de respaldos que, a su entender, vuelve más difícil cualquier revisión de estos casos. Señaló que AEVAS y las psicólogas estarían protegidos por el Colegio de Psicólogos de Rosario, donde, según dijo, una integrante del Tribunal de Ética pertenece a la misma organización, y remarcó además que AEVAS mantiene un convenio con el Ministerio Público de la Acusación para capacitar a fiscales en abusos y violencia de género. Mientras la fiscalía revisa la denuncia y cruza los datos aportados, la discusión ya dejó de ser solamente pericial: lo que está en juego es si esos informes fueron una herramienta profesional legítima o una pieza decisiva para sostener durante años una separación que, en algunos expedientes, siguió intacta incluso después de los fallos favorables para los padres.