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Sergio Bustos
Política03/04/2026El Congreso vuelve a discutir un tema incómodo para todos los bloques: cómo sancionar las denuncias falsas sin generar un efecto contrario al buscado. La experiencia reciente dejó en claro que el equilibrio es frágil y que cualquier error en la redacción puede desatar consecuencias legales y políticas difíciles de contener.
En ese marco, senadores del oficialismo y sectores dialoguistas comenzaron a trabajar en una nueva versión del proyecto que había quedado sin efecto tras el recambio parlamentario de diciembre. Aquella iniciativa no logró llegar al recinto, en parte por el temor a que generara un conflicto interno de gran escala.
El punto más delicado gira en torno a la posible colisión con la convención de Belém Do Pará, un instrumento internacional con rango constitucional en Argentina que establece obligaciones específicas en materia de violencia contra la mujer. Ese límite condiciona todo el armado del nuevo texto.
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“La idea es blindarlo desde lo legal y que no se active un efecto inhibitorio. No se puede pasar por encima de una convención con rango constitucional. Quedaría el Estado argentino en contra de sí mismo”, explicó una legisladora que participa de las negociaciones.
El antecedente inmediato incluía penas de prisión para quienes realizaran denuncias falsas, con agravantes en casos vinculados a violencia de género, menores o delitos sexuales. Esa redacción generó fuertes resistencias, sobre todo por el riesgo de desalentar denuncias reales en contextos sensibles.
Un legislador que siguió de cerca ese debate fue contundente al cuestionar el enfoque. “Más allá de que, en términos generales, tocar penas no es menor y puede desbarajustar el Código Penal, la realidad es que esto ya existe. La gravedad es por apuntar a la violencia de género y el abuso sexual infantil”, sostuvo.
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El mismo dirigente advirtió sobre posibles consecuencias no deseadas. “Si un maestro de tu hijo lo abusó y el fiscal no logra recolectar las pruebas necesarias para corroborar el delito, podrías ir vos a prisión por haber hecho la denuncia. Un verdadero disparate”, agregó.
Ese tipo de planteos marcó el freno del proyecto anterior y obligó a reformular el enfoque. Ahora, la estrategia apunta a mantener una estructura similar, pero con ajustes que eviten conflictos con normas superiores y reduzcan los márgenes de interpretación.
Dentro del Senado, el tema también refleja un cambio en las formas de negociación. Con menor exposición pública, algunos legisladores buscan construir consensos más amplios para evitar que la iniciativa vuelva a quedar trabada antes de llegar al recinto.
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En paralelo, persiste una mirada más escéptica sobre el impacto real de endurecer penas. “No soy muy optimista de creer que, con la ampliación de la pena en las falsas denuncias, podamos erradicar este flagelo de comodidad de la política y las instituciones”, opinó el senador Luis Juez.
El desafío, en definitiva, no es solo jurídico sino también político. El texto deberá atravesar tensiones internas, diferencias ideológicas y un contexto donde cualquier modificación en temas sensibles puede escalar rápidamente en el debate público.
Por eso, más allá del avance del proyecto, el interrogante central sigue abierto: cómo legislar sobre denuncias falsas sin afectar el derecho de las víctimas a acudir a la Justicia.
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