Segunda investigación contra una jueza de la cordillera tras liberar a una presunta homicida
Policiales20/04/2026
Sergio BustosLa muerte de una mujer en un choque frontal en la Comarca Andina no terminó en el impacto. Meses después, el caso sigue generando tensión, pero ya no solo por lo ocurrido en la ruta, sino por lo que vino después en los tribunales.
El hecho ocurrió el 5 de octubre de 2025 en la Ruta Provincial 16. María Laura Romano, de 35 años, manejaba junto a su hija cuando un vehículo que venía de frente perdió el control, cruzó de carril y provocó un choque fatal. La mujer murió en el acto y la niña sufrió heridas graves.
En el otro auto viajaban cuatro personas. Tres dieron positivo en el test de alcoholemia. La investigación logró identificar a Siomara Barroso, de 18 años, como quien conducía. Fue imputada por homicidio simple con dolo eventual y lesiones graves.
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La resolución judicial que siguió al hecho es la que hoy está en el centro del conflicto. La jueza Silvana Vélez decidió no dictar prisión preventiva y permitió que la joven continúe en libertad, con una serie de condiciones que generaron rechazo.
Entre las medidas dispuestas, Barroso debía no consumir alcohol ni drogas, no salir de noche, firmar periódicamente en una comisaría y no tener contacto con las víctimas. Sin embargo, mantuvo la posibilidad de conducir y se trasladó a otra ciudad.
El padre de la víctima cuestionó esa decisión durante la audiencia. “Le dije a la jueza que no entendía cómo le permitía seguir manejando cuando había matado con alcohol en sangre”, relató, al expresar su desacuerdo con la falta de medidas más restrictivas.
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La reacción no quedó solo en el entorno familiar. Vecinos de Lago Puelo impulsaron una presentación ante el Consejo de la Magistratura, respaldada por más de 470 firmas, en la que denunciaron mal desempeño y trato inadecuado hacia las víctimas.
En ese documento, describieron un fuerte malestar con la actuación judicial. “Tenemos una mezcla de rabia y una profunda desesperanza”, señalaron, al sostener que la decisión generó una sensación de desprotección en la comunidad.
También apuntaron al desarrollo de las audiencias. Según expresaron, el trato recibido fue “deshumanizante” y generó un impacto emocional adicional en quienes atravesaban el proceso judicial.
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La situación derivó en una intervención formal. El Consejo de la Magistratura resolvió abrir un sumario para investigar la conducta de la jueza. La Comisión de Admisibilidad consideró que los hechos denunciados superan el umbral necesario para avanzar.
“Los hechos denunciados superan holgadamente el umbral mínimo exigido para habilitar la intervención de este Consejo”, indicaron, al justificar la decisión de iniciar la investigación.
El análisis no implica una condena anticipada, pero sí reconoce la gravedad del caso. Según se explicó, se evaluarán aspectos vinculados al trato hacia las víctimas, la razonabilidad de las decisiones y el cumplimiento de estándares mínimos.
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Mientras tanto, la magistrada enfrenta otro frente abierto. Existe un segundo sumario en curso por presunto maltrato laboral dentro de su ámbito de trabajo, lo que complejiza aún más su situación.
El caso continúa en desarrollo, con una investigación judicial en marcha y una instancia disciplinaria que deberá definir si hubo responsabilidades en la actuación de la jueza.
En paralelo, la familia de la víctima sigue atravesando las consecuencias del hecho. La hija de Romano continúa bajo el cuidado de sus abuelos, en un escenario donde el dolor permanece más allá de las decisiones judiciales.
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