La Casa Rosada prepara una nueva ley universitaria para salir del callejón judicial

Política20/04/2026

El Gobierno acelera un nuevo texto para bajar el costo fiscal del conflicto, frenar el efecto de la ley vigente y recuperar la iniciativa en el Congreso.

La ley que el Gobierno intentó frenar en tribunales terminó empujándolo otra vez hacia el Congreso. Después del revés judicial por el financiamiento universitario, la Casa Rosada empezó a apurar un proyecto propio para reemplazar la norma vigente por otra bastante más liviana en términos presupuestarios. El movimiento busca resolver a la vez dos problemas que hoy le pesan: una obligación de pago que incomoda las cuentas públicas y una disputa política que se volvió demasiado visible.

La ley actual no es una amenaza abstracta ni una consigna opositora. La Ley 27.795, publicada el 21 de octubre de 2025, obliga al Poder Ejecutivo a recomponer salarios docentes y no docentes desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, con una actualización no inferior al IPC, y también ordena recomponer los programas de becas estudiantiles por inflación acumulada. Sobre esos artículos, precisamente, quedó montado el frente judicial que el oficialismo intenta desactivar.

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La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ya confirmó la cautelar que obliga a aplicar los artículos 5 y 6 de esa ley y dejó expuesto el costo inmediato del incumplimiento. La Procuración del Tesoro, conducida por Sebastián Amerio, presentó el 17 de abril un Recurso Extraordinario Federal ante la Sala III para suspender esa obligación, pero el propio expediente dejó abierta la presión sobre el Ejecutivo porque el efecto suspensivo no opera automáticamente. Ese punto explica por qué el Gobierno dejó de mirar sólo a los jueces y volvió a trabajar sobre una salida legislativa.

La pelea, además, dejó de ser meramente jurídica cuando apareció el monto que el oficialismo calcula detrás del fallo. En la Casa Rosada estiman que cumplir la cautelar implicaría transferencias del orden de $2,5 billones para las universidades, una cifra que el Gobierno asocia de manera directa con el regreso del déficit. Esa cuenta, más que cualquier consigna pública, es la que empuja la idea de una nueva ley con recomposición más acotada.

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Por eso el borrador que ahora se intenta reflotar no apunta a reparar todo el daño salarial acumulado, sino a recortar el alcance de esa reparación. El diseño que circula dentro del oficialismo admite recomponer parte del salario real perdido durante 2025, pero convalida el derrumbe de 2024 y se aparta de la lógica más amplia que fijó la ley vigente. Ahí está el verdadero corazón del nuevo proyecto: no discutir si las universidades necesitan recursos, sino cuánto está dispuesto a reconocer el Estado dentro de un marco fiscal mucho más estrecho.

Ese giro no salió de la nada ni apareció recién esta semana. En febrero ya había reuniones entre el secretario de Educación, Carlos Torrendell, el subsecretario Alejandro Álvarez y la conducción del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para explorar un nuevo esquema de financiamiento, y ese canal quedó documentado públicamente por fuentes políticas y universitarias. La novedad de estas horas es que aquella conversación, que había quedado relegada, pasó a convertirse en necesidad urgente después del fallo y del recurso judicial.

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El oficialismo también intenta corregir un problema propio que no fue menor. La estrategia inicial consistió en apostar a que la disputa se ordenara desde la Justicia y que el Congreso quedara en un segundo plano, pero el fallo adverso y la falta de suspensión efectiva dejaron a la vista que ese camino no alcanzaba. Ahora el Gobierno necesita construir acuerdos parlamentarios con sectores dialoguistas para aprobar una norma nueva que le quite presión a los tribunales y, al mismo tiempo, reduzca el impacto presupuestario de la ley en vigor.

En el texto que el Ejecutivo impulsa aparece incluso el esfuerzo discursivo por suavizar ese ajuste. Allí se afirma que el objetivo es “armonizar las necesidades de financiamiento de las Universidades Nacionales” con “las reales posibilidades de financiamiento”, una formulación que intenta presentar como equilibrio técnico lo que en la práctica significa una poda sobre el alcance de la recomposición. Esa frase no ordena sólo la redacción del proyecto: ordena toda la apuesta política de la Casa Rosada frente al conflicto universitario.

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La discusión que se abre ahora ya no pasa únicamente por si la Corte acepta o no el recurso del Gobierno. Pasa por si el oficialismo consigue sancionar a tiempo una ley que le permita redibujar el problema antes de que la obligación de pago y el desgaste político se vuelvan todavía más difíciles de administrar. En ese margen se juega el próximo tramo del conflicto universitario: un Congreso que puede reescribir la salida o una Justicia que mantenga viva la cuenta que el Gobierno viene intentando achicar.

Fuente: NA, Infobae.