Una declaración en pleno juicio encendió alarmas políticas y judiciales en la Patagonia
Actualidad20/04/2026
Sergio BustosLegisladores de Río Negro solicitaron una investigación urgente luego de que el expolista Hugo Alberto Barabucci afirmara haber comprado 14.000 hectáreas en las nacientes del río Chubut con dinero proveniente del exterior.
El dato que generó mayor impacto no fue solo la magnitud de la superficie adquirida, sino el origen de los fondos. Según sus propias palabras, la operación se concretó gracias a una “donación” de 2 millones de dólares que habría sido enviada desde el Estado de los Emiratos Árabes Unidos.
La revelación se produjo durante un juicio en Bariloche y rápidamente derivó en un pedido formal de informes. La iniciativa fue impulsada por la legisladora Magdalena Odarda, quien planteó la necesidad de esclarecer las condiciones en las que se realizó la operación.
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El foco está puesto en varios aspectos sensibles. Por un lado, el ingreso de una suma millonaria de dinero desde el exterior que, de confirmarse, podría haber superado los límites permitidos sin declaración formal. Esa situación abre la puerta a posibles irregularidades vinculadas a contrabando de divisas o lavado de activos.
Por otro lado, la ubicación de las tierras agrega un componente estratégico al caso. Se trata de una zona de frontera y de relevancia ambiental, lo que implica restricciones específicas en materia de propiedad y control por parte del Estado argentino.
Desde el ámbito legislativo advierten que no se trata de una operación más dentro del mercado inmobiliario rural. La combinación de fondos internacionales, ubicación geográfica y volumen de tierras obliga a revisar si se cumplieron las normativas vigentes en materia de seguridad nacional y protección de recursos.
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El pedido de informes también apunta a determinar si la compra respetó la legislación que regula la adquisición de tierras rurales, especialmente en zonas consideradas sensibles. Este tipo de operaciones suele estar sujeto a controles más estrictos para evitar concentraciones irregulares o riesgos geopolíticos.
En ese marco, los legisladores solicitaron la intervención de organismos nacionales. Entre ellos, la Justicia Federal y la Unidad de Información Financiera aparecen como actores clave para seguir el rastro del dinero y verificar la legalidad de la transacción.
El caso suma además un elemento poco habitual: la mención directa a una transferencia desde Abu Dhabi. Ese detalle refuerza la necesidad de analizar los circuitos financieros involucrados y las posibles responsabilidades de quienes intervinieron en la operación.
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Mientras avanza el pedido de investigación, la declaración de Barabucci ya generó repercusiones en distintos ámbitos. La preocupación no se limita a la legalidad de la compra, sino también al control sobre territorios estratégicos en una región donde históricamente se discute la propiedad de la tierra.
El proceso recién comienza, pero el caso promete abrir un debate más amplio sobre el ingreso de capitales extranjeros, la transparencia en operaciones inmobiliarias de gran escala y los mecanismos de control estatal en zonas clave del país.
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