El Gobierno acelera cambios sobre desalojos y pensiones mientras blinda votos en el Senado

El oficialismo concentra en la Cámara alta proyectos que impactan en tierras, discapacidad y salud mental, con una mayoría que le permite definir cada ley.

El Senado se convirtió en el escenario elegido para discutir algunas de las decisiones más sensibles del Gobierno. En ese ámbito, donde el oficialismo logró construir una base sólida de apoyos, se prepara un paquete de leyes que atraviesa temas delicados como la propiedad privada, la discapacidad y la salud mental. La estrategia no es casual y apunta a garantizar control político sobre el resultado final.

Detrás de esa decisión aparece una ingeniería parlamentaria que redefine el mapa de poder. Patricia Bullrich, al frente del bloque de La Libertad Avanza, consolidó acuerdos con sectores dialoguistas que le permiten reunir entre 40 y 44 votos. Esa cifra, en un Senado fragmentado, alcanza para inclinar votaciones y condicionar cualquier modificación que llegue desde Diputados.

El impacto de esa mayoría se vuelve más evidente cuando se suman aliados ocasionales. En determinados proyectos, el oficialismo puede incorporar a los tres legisladores de Convicción Federal, un desprendimiento del peronismo. Ese reordenamiento dejó al interbloque opositor con 25 miembros, en una posición más débil frente a las iniciativas que se discuten.

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En ese contexto, el Ejecutivo decidió enviar al Senado las propuestas más controvertidas desde diciembre. Entre ellas figuran la reforma laboral, cambios en la ley de glaciares y un nuevo esquema para la propiedad privada. A esa lista se agregaron recientemente las modificaciones en discapacidad y salud mental, que amplían el alcance del debate.

Uno de los puntos más sensibles aparece en el sistema de pensiones por invalidez. El proyecto establece un reempadronamiento obligatorio y controles más estrictos sobre quienes reciben el beneficio. Quienes no acrediten su condición médica o situación económica podrán ver suspendido el pago, en un esquema que incorpora auditorías periódicas y cruces de datos entre organismos.

El texto también introduce incompatibilidades que cambian el acceso a las prestaciones. La pensión no contributiva no podrá coexistir con un empleo formal o con la inscripción en regímenes tributarios. Aunque se mantiene el monto equivalente al 70% de la jubilación mínima, el Ejecutivo descarta aumentos adicionales en este esquema.

En paralelo, las reformas en salud mental modifican el rol de los equipos profesionales. Se establece la obligatoriedad de la presencia de un psiquiatra y se otorga mayor peso a la evaluación médica en decisiones clave. Además, se habilitan internaciones no voluntarias en condiciones específicas, limitadas a “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”.

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La iniciativa también incorpora el consumo problemático de sustancias dentro de las políticas de salud mental. Esto habilita la creación de dispositivos específicos, tanto ambulatorios como de internación. La medida amplía el alcance del sistema, pero también introduce cambios en los criterios de intervención estatal.

Otro capítulo que concentra atención es el de la propiedad privada, donde las modificaciones impactan de manera directa en el acceso a la tierra y los procesos de desalojo. Se eliminan restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros y se limitan las expropiaciones, lo que afecta la regularización de barrios populares.

El proyecto también redefine los tiempos judiciales en conflictos habitacionales. Se establece un sistema “exprés” de desalojos, que reduce a tres días el plazo de intimación por falta de pago y acorta los tiempos para ejecutar la medida. Además, se eliminan restricciones vinculadas a la venta de tierras afectadas por incendios y cambios en el uso de suelos.

Con este paquete en discusión, el Senado no solo acumula proyectos sino también tensiones. La combinación de temas sociales y económicos, sumada al esquema de mayorías, convierte a la Cámara alta en el punto donde se definen decisiones que impactan en distintos sectores de la sociedad.