Milei quiere borrar las PASO y mete presión en el Congreso con una jugada electoral

El Gobierno impulsa una reforma que elimina las primarias, cambia el financiamiento político y suma Ficha Limpia. La discusión ya genera tensiones entre aliados.

El proyecto que prepara el Gobierno para modificar de raíz el sistema electoral no solo apunta a cambiar reglas, sino también a exponer posicionamientos dentro del Congreso. La iniciativa que impulsa Javier Milei incluye la eliminación de las PASO, un nuevo esquema de financiamiento político y la implementación de Ficha Limpia, un combo que abre un escenario de negociación complejo incluso entre sectores cercanos al oficialismo.

La propuesta llega con un mensaje político directo desde el propio Presidente, quien planteó que busca “terminar con la impunidad” y cuestionó el esquema actual al sostener que “basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”. La definición no solo apunta al sistema electoral sino que instala un eje de confrontación con quienes defienden las primarias como herramienta de organización partidaria.

Dentro de la Casa Rosada, el trabajo técnico de la reforma lleva meses. El armado estuvo en manos de equipos cercanos a Santiago Caputo y la Secretaría Legal y Técnica, con un objetivo que trasciende lo normativo: acercar la política a la sociedad en un contexto de desconfianza creciente. En ese marco, el rediseño del financiamiento busca reducir el peso de los recursos públicos en las campañas.

El intento de eliminar las PASO aparece como el punto más conflictivo. Aunque el oficialismo insiste en avanzar sin concesiones, algunos sectores internos reconocen que una suspensión temporal podría ser una alternativa viable, como ya ocurrió en el pasado reciente. Esa diferencia de criterios marca que el debate no está cerrado ni siquiera dentro del propio espacio.

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La resistencia no proviene solo de la oposición. Varios partidos, incluso aliados, consideran que las primarias cumplen una función clave en un escenario de fragmentación política. Sin ese mecanismo, sostienen, la definición de candidaturas podría trasladar tensiones internas directamente a las elecciones generales.

En ese contexto, el discurso oficial suma presión pública sobre el Congreso. La diputada Lilia Lemoine advirtió que “va a ser muy revelador el voto de cada diputado y cada senador en este proyecto. Quienes se opongan van a dejar en evidencia que ven la política como un negocio”, en una señal clara de que la votación será leída en clave política y no solo técnica.

Desde el área de Comunicación, el mensaje también busca cerrar filas. El secretario Javier Lanari afirmó que “ningún partido político de bien puede oponerse a esta agenda. No es año electoral. No hay excusas”, reforzando la idea de que el tratamiento del proyecto no debería condicionarse por intereses electorales inmediatos.

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El Gobierno ya logró un avance previo con la implementación de la Boleta Única de Papel en elecciones nacionales, que debutó en los comicios legislativos del año pasado. Ese antecedente funciona como base para empujar cambios más profundos, aunque el impacto real todavía convive con sistemas distintos en el ámbito provincial.

Esa diferencia se refleja especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde continúa el esquema tradicional de boletas múltiples. Allí, el peronismo logró imponerse en las legislativas provinciales recientes, un dato que en el oficialismo leen como evidencia de las distorsiones que, según sostienen, genera el sistema actual.

La discusión que se abre en el Congreso no se limita a aspectos técnicos. Cada punto del proyecto pone en juego intereses concretos de los partidos y redefine el modo en que se construyen las candidaturas. En ese escenario, la reforma electoral se convierte en una prueba política que excede el calendario legislativo y expone las tensiones de fondo del sistema.