La medida cautelar alcanza al programa “Volver al Trabajo” y ordena al Gobierno mantener la asistencia hasta que haya una resolución definitiva.
Un fallo judicial interrumpió la decisión del Gobierno nacional de dar de baja un programa social que alcanzaba a miles de beneficiarios. La resolución obliga a sostener el pago mensual mientras se analiza el fondo de la cuestión. La medida impacta de forma directa en personas que dependen de ese ingreso para cubrir necesidades básicas.
El Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, dictó una cautelar que ordena al Ministerio de Capital Humano continuar con las prestaciones del programa “Volver al Trabajo”. La decisión se tomó tras un amparo colectivo impulsado por beneficiarios. El reclamo cuestionó la finalización del plan sin un reemplazo concreto.
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El programa otorgaba una asignación mensual no remunerativa de $78.000 y estaba dirigido a trabajadores de la economía popular sin inserción formal. Para los demandantes, ese ingreso representaba su principal sustento. La interrupción implicaba un impacto inmediato en su situación económica.
En la presentación judicial, los beneficiarios señalaron que la decisión oficial constituía una medida arbitraria. En ese sentido, plantearon que afectaba derechos vinculados a la subsistencia y a la inclusión laboral. El reclamo se centró en la falta de alternativas equivalentes.
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El juez consideró que la eliminación del programa sin un esquema sustitutivo adecuado generaba un perjuicio concreto. En su análisis, advirtió que se comprometían derechos de carácter alimentario. La resolución se apoyó en principios constitucionales y en tratados internacionales.
Entre los argumentos, el fallo remarcó la necesidad de garantizar condiciones dignas de vida y el principio de no regresión en materia social. También destacó que el propio programa había sido creado con un objetivo de inclusión. Esa finalidad fue tomada como base para sostener la medida.
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El Ministerio de Capital Humano había dispuesto la finalización del plan a comienzos de abril, con la promesa de reemplazarlo por un sistema de vouchers de capacitación. Sin embargo, los beneficiarios cuestionaron que ese esquema no tenía definiciones claras. La falta de precisiones fue uno de los puntos centrales del reclamo.
En la resolución, el magistrado ordenó mantener los pagos en un plazo máximo de tres días. Además, estableció que la cartera deberá acreditar el cumplimiento de la medida. En caso de incumplimiento, se prevén sanciones económicas.
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El fallo se mantendrá vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa, lo que deja abierta la discusión sobre el futuro del programa. La medida cautelar busca evitar un daño inmediato mientras se resuelve el fondo del conflicto. El proceso judicial continuará en las próximas semanas.
La decisión judicial vuelve a poner en tensión la implementación de políticas sociales en el actual contexto económico, donde los cambios en programas impactan de forma directa en sectores vulnerables. El caso abre un nuevo frente entre el Gobierno y la Justicia.
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