
Desbarataron a una banda que robaba de forma violenta a choferes de ambulancias y de aplicaciones
Policiales22/04/2026
REDACCIÓNEl operativo de la Federal terminó con cinco detenidos por el crimen de un conductor. La organización utilizaba emergencias médicas fingidas como señuelo.

Un pedido de auxilio sanitario a través de una aplicación de transporte se convertía en la sentencia para los trabajadores desprevenidos en el Conurbano. Esta modalidad delictiva explotaba la solidaridad de los conductores, quienes accedían a ingresar a zonas peligrosas bajo la premisa de trasladar a un paciente hacia un hospital público. La trampa se cerraba en el momento del arribo, cuando los delincuentes utilizaban armas de fuego para concretar el robo de las pertenencias y el vehículo.
Los agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal lograron desarticular la estructura tras meses de seguimiento técnico y territorial. Durante los allanamientos ordenados por la justicia, cayeron dos hombres y tres mujeres señalados como los responsables de ejecutar las emboscadas en barrios de emergencia. El grupo operaba con una dinámica agresiva que no dudaba en disparar contra las víctimas ante la mínima resistencia durante el asalto, configurando una "peligrosa organización criminal" que operaba sin piedad.
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Uno de los detenidos principales cargaba con un antecedente penal pesado por homicidio y había salido hace poco tiempo de la Unidad Penitenciaria de Marcos Paz. Su regreso a las calles coincidió con el aumento de los ataques violentos bajo la modalidad de "falsa emergencia médica" en el sur y oeste del Gran Buenos Aires. Los investigadores consideran que este sujeto era la "pieza clave dentro de la estructura delictiva" debido a su experiencia previa y su capacidad para liderar a los miembros más jóvenes.
La organización mantenía una base de operaciones diversificada que incluía el "complejo habitacional Padre Mugica" y sectores de los barrios Bermejo e INTA. Las tareas de ciberpatrullaje permitieron establecer que los sospechosos contaban con "vínculos familiares" que facilitaban el ocultamiento de los bienes robados y las armas. El alcance delictivo llegaba incluso a localidades más alejadas como Trujui y Virrey del Pino, configurando un mapa delictivo que preocupaba a las autoridades nacionales.
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El punto de quiebre para la pesquisa ocurrió el pasado 24 de febrero, cuando un conductor de la plataforma DiDi fue asesinado durante un intento de robo. La violencia de ese episodio aceleró las órdenes de captura contra los sospechosos que ya estaban bajo vigilancia desde septiembre del año anterior. Los peritajes confirmaron que esta banda fue responsable de al menos 15 hechos probados entre enero y febrero de 2024, demostrando una frecuencia criminal difícil de contener sin una intervención directa de las fuerzas especiales.
La investigación reveló además que el grupo no se limitaba exclusivamente a las aplicaciones de transporte para cometer sus asaltos. Los delincuentes también realizaban incursiones en domicilios particulares bajo la modalidad de "allanamientos como falsos policías" para engañar a los vecinos. Esta doble fachada les permitía obtener botines mayores y mantener un clima de impunidad mientras las víctimas dudaban sobre la legalidad de los procedimientos en sus hogares.
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Para concretar las detenciones en zonas de alta complejidad, se requirió el apoyo de la Superintendencia de Investigaciones Federales y la División Automotores. Los oficiales irrumpieron en ocho domicilios de forma simultánea para evitar cualquier intento de fuga por los pasillos de los asentamientos intervenidos. En el lugar secuestraron una computadora y 19 teléfonos celulares que serán analizados para determinar si existen conexiones con otros crímenes cometidos en la región metropolitana durante los últimos meses.
La repercusión de los crímenes cometidos por esta banda forzó a las empresas del sector a modificar sus protocolos de seguridad de manera urgente. Tras la muerte del chofer, se implementó un sistema de "reconocimiento facial obligatorio para pasajeros" con el objetivo de validar la identidad de quienes solicitan el servicio. Esta medida tecnológica busca reducir el anonimato de los atacantes, aunque los trabajadores del volante mantienen sus reservas sobre la efectividad real de los controles en las zonas más calientes.
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La causa quedó bajo la supervisión de la Dra. María Rita Acosta y el fiscal Dr. Marcelo Retes, quienes deberán procesar la abundante prueba recolectada por el DICCO. La justicia ahora analiza los roles específicos de las tres mujeres capturadas, quienes presuntamente actuaban como señuelos para que los choferes no sospecharan del peligro inminente. El destino de los imputados se definirá en las próximas audiencias, mientras el personal policial continúa con las tareas de prevención para evitar que nuevas facciones ocupen el territorio liberado.
















