El ministro del Interior, Diego Santilli, defendió la reforma electoral que el Gobierno enviará al Congreso y aseguró que la eliminación de las PASO permitiría un ahorro superior a US$ 200 millones.
El Gobierno volvió a poner en primer plano su intención de avanzar con una reforma del sistema electoral y esta vez sumó una cifra concreta para reforzar el argumento. El ministro del Interior, Diego Santilli, sostuvo que la eliminación de las PASO permitirá reducir el gasto público en más de US$ 200 millones, en una definición que buscó darle volumen político a uno de los cambios más sensibles que la Casa Rosada quiere enviar al Congreso.
La señal llegó a través de las redes sociales del funcionario, donde eligió destacar uno de los puntos centrales de la iniciativa oficial. “Vamos a eliminar las PASO y ahorrar más de 200 millones de dólares para los argentinos”, escribió Santilli, al referirse a la reforma electoral que impulsa el oficialismo y que buscará abrir una nueva discusión parlamentaria en las próximas semanas.
La eventual eliminación de las primarias aparece como el eje más fuerte del proyecto, pero no sería el único cambio en carpeta. Según trascendió, la propuesta también incluirá modificaciones en el financiamiento de los partidos políticos y la incorporación de Ficha Limpia, un punto que apunta a impedir que dirigentes condenados en causas de corrupción puedan competir como candidatos en elecciones.
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Con ese esquema, el oficialismo intenta construir una reforma de mayor alcance y no solo una poda del calendario electoral. La apuesta pasa por combinar un argumento económico, centrado en el ahorro que implicaría dejar atrás las PASO, con otro de tono institucional, vinculado a la transparencia y a las condiciones de acceso a los cargos electivos. En ese equilibrio, Santilli aparece como una de las voces elegidas para defender públicamente el paquete.
El ministro además asoma como una pieza importante en la etapa de negociaciones previas al debate legislativo. En el Gobierno esperan que tenga un papel activo para tejer acuerdos y abrir conversaciones con gobernadores y sectores parlamentarios, en una lógica parecida a la que el oficialismo ya utilizó para reunir apoyos en otras reformas impulsadas desde la Casa Rosada. El desafío no será menor, porque cualquier modificación electoral necesita volumen político y consensos más amplios que los de una ley ordinaria.
La discusión también se apoya sobre un antecedente reciente que el Gobierno muestra como señal de avance en materia electoral. El oficialismo ya logró aprobar en el Congreso la Boleta Única de Papel para las elecciones nacionales, una herramienta que debutó en los comicios legislativos del año pasado y que pasó a formar parte del nuevo esquema de votación. Ese paso previo es leído dentro del Gobierno como una base desde la cual seguir empujando transformaciones más profundas.
En ese marco, la ofensiva sobre las PASO no aparece aislada, sino como parte de una secuencia más amplia. La administración nacional busca instalar que el sistema electoral argentino todavía tiene márgenes de simplificación, reducción de costos y ajustes institucionales. Al mismo tiempo, intenta capitalizar el malestar de una parte de la sociedad con las estructuras partidarias tradicionales y con los gastos asociados a cada ciclo electoral.
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La definición de Santilli también tiene un costado político que excede la cuestión presupuestaria. Al poner el foco en el ahorro de más de US$ 200 millones, el ministro alineó la reforma con uno de los discursos más insistentes del oficialismo: el de la reducción del gasto estatal. De esa manera, la eventual eliminación de las primarias no se presenta solo como una decisión electoral, sino como un capítulo más dentro de la narrativa de ajuste y reordenamiento que impulsa el Gobierno.
Por ahora, la iniciativa todavía debe tomar forma legislativa y atravesar un Congreso donde cada voto será decisivo. Pero el mensaje ya quedó lanzado: la Casa Rosada quiere volver a dar la pelea por una reforma electoral más amplia y ubicar a las PASO en el centro del debate. Con Santilli como vocero de ese argumento, el Gobierno empezó a preparar el terreno para una discusión que promete abrir tensión política, resistencia opositora y una nueva disputa sobre las reglas del juego electoral.
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