San Juan choca con La Rioja por una obra millonaria y se frena el acceso clave

Una decisión judicial paralizó por un mes el paso de maquinaria hacia un megaproyecto minero. La disputa expone tensiones por regalías, ambiente y control territorial.

El conflicto entre dos provincias por una obra estratégica quedó expuesto con una medida judicial que interrumpió un circuito clave para uno de los proyectos mineros más grandes del país. La decisión no impacta directamente en la extracción, pero sí en la logística que permite sostener la operación en plena cordillera. Ese detalle técnico terminó abriendo una discusión política, económica y ambiental de mayor alcance.

La orden llegó desde la Justicia de La Rioja y puso un freno concreto: durante 30 días no puede circular maquinaria pesada por un corredor esencial. La jueza María Greta Decker dispuso la suspensión del tránsito por la zona de Guandacol, un tramo que conecta territorios y que resulta indispensable para abastecer campamentos ubicados a gran altura. La medida surgió tras una presentación de la Fiscalía de Estado riojana.

El punto de tensión no está en el lugar donde se encuentra el yacimiento, sino en cómo se accede a él. Aunque el proyecto Vicuña se desarrolla en San Juan, la infraestructura logística depende en gran parte del territorio riojano. Ese detalle transforma un tema técnico en un conflicto político, donde cada jurisdicción busca hacer valer su posición.

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En este escenario, el corredor de más de 200 kilómetros adquiere un valor estratégico. Por allí circula todo lo necesario para sostener una operación que se desarrolla a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar. Sin ese acceso, el movimiento de equipos y suministros queda condicionado, lo que impacta directamente en los tiempos del proyecto.

El trasfondo económico también suma tensión. Las regalías previstas, que rondan el 3%, quedarán en San Juan, donde se encuentra el recurso. Además, el proyecto promete generar empleo directo e indirecto en esa provincia. Desde La Rioja, en cambio, el reclamo apunta a tener mayor participación o, al menos, un control más amplio sobre los impactos.

En ese sentido, el gobierno riojano exige que las empresas presenten una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que abarque todo el proyecto y no solo el uso de rutas. La discusión ambiental aparece así como un argumento formal, pero también como una herramienta para intervenir en un esquema que, hasta ahora, favorece a la provincia vecina.

Detrás de la iniciativa están dos gigantes del sector: BHP y Lundin Mining. Ambas compañías anunciaron una inversión de US$ 18.000 millones para la primera década de desarrollo. Dentro de ese monto, unos US$ 7.000 millones se destinarían hasta alcanzar el primer concentrado de cobre, previsto para 2030.

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La magnitud del emprendimiento no pasa desapercibida. Según estimaciones oficiales, Vicuña podría ubicar a la Argentina entre las principales operaciones mundiales de cobre, oro y plata. Esa proyección explica por qué cada decisión alrededor del proyecto genera repercusiones que van más allá de lo local.

Desde San Juan, la reacción fue inmediata. El gobernador Marcelo Orrego defendió la posición de su provincia y remarcó que el control sobre los recursos está definido por ley. “Están en subsuelo sanjuanino y son de los sanjuaninos”, expresó, marcando una línea clara frente al planteo riojano.

El mandatario también buscó encuadrar el conflicto en términos jurídicos y no políticos. “No es un acuerdo entre funcionarios, es una ley vigente desde hace más de 50 años. Tenemos respeto por La Rioja y creemos en el diálogo institucional, pero no en debates sin sustento jurídico. La ley es la ley”, sostuvo. La frase sintetiza la postura oficial y deja en claro que la disputa recién empieza.