Quieren confirmar la responsabilidad del gasista por la intoxicación de 77 personas en una escuela de Chubut
Policiales23/04/2026
REDACCIÓNLa Fiscalía de Esquel pidió ratificar la pena contra el instalador de la caldera en El Maitén. El debate se centra en si el error técnico pesa más que el encendido indebido del equipo.
La ubicación de una salida de gases por debajo de un alero se convirtió en el eje de una disputa judicial que busca determinar responsabilidades penales por una tragedia escolar. La fiscalía sostiene que esta deficiencia técnica permitió que el monóxido de carbono regresara al edificio de las escuelas N° 93 y 7719. El resultado de esa maniobra fue la intoxicación masiva de un total de 77 personas en la localidad de El Maitén.
El caso involucra a 74 alumnos y 3 docentes que sufrieron lesiones leves culposas debido a la inhalación del gas tóxico durante el año 2022. Durante la reciente audiencia ante la Cámara Penal de Esquel, se analizó si el instalador actuó con negligencia criminal al omitir las reglas básicas de seguridad. Los peritajes técnicos presentados en el expediente indican que la ventilación no cumplía con la altura necesaria para garantizar la evacuación de los fluidos.
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La obra fue calificada formalmente como una "obra clandestina" debido a la falta de registro y controles oficiales previos a su puesta en marcha. Según la fiscal Débora Barrionuevo, el imputado Juan Manuel Cottet instaló los equipos sin declarar los trabajos ante la empresa Camuzzi. Esta situación impidió que inspectores matriculados verificaran la seguridad de la caldera antes de que comenzara a funcionar en el establecimiento educativo.
El Ministerio Público Fiscal remarcó que se ignoró de forma deliberada la normativa nacional de gas conocida como NAG-200. Al tratarse de un profesional con años de trayectoria, la acusación entiende que el riesgo era conocido y evitable. "Como gasista matriculado con años de experiencia, Cottet conocía perfectamente los riesgos de no elevar los conductos y de no declarar la obra", subrayó la fiscalía para sostener el pedido de confirmación de la condena.
La defensa del profesional centró su estrategia en lo que denominó el factor humano y la decisión de terceros ajenos a la obra. Los abogados sostienen que el área estaba debidamente clausurada o tapeada para evitar su uso accidental. El argumento principal es que un portero encendió la caldera por orden de la dirección escolar sin que el gasista hubiera entregado formalmente el equipo.
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Durante el cierre de la audiencia de impugnación, el propio Cottet decidió utilizar su derecho a declarar frente a los jueces. El acusado negó su responsabilidad técnica y vinculó el proceso judicial a una supuesta "persecución política" en su contra. Además, responsabilizó a la burocracia de la prestataria de gas por la falta de inspecciones que la fiscalía considera como una falta grave de su parte.
Los jueces de la Cámara Penal ahora deben revisar una sentencia original que impuso dos años y seis meses de prisión condicional e inhabilitación para ejercer el oficio. Este fallo previo, dictado por el juez Martín O’Connor, consideró probado el nexo causal entre la mala instalación y el daño a la salud de los alumnos. El tribunal tiene ahora la tarea de analizar si hubo arbitrariedad en la valoración de las pruebas que recolectó el Ministerio Público.
El expediente actual cuenta con más de 200 páginas de registros técnicos y material audiovisual que documentan el estado de la caldera aquel día de 2022. La fiscalía insiste en que el hecho de que alguien más encendiera el equipo no rompe la cadena de responsabilidad del instalador inicial. Para los acusadores, la creación de un peligro ilegal mediante una instalación defectuosa es la causa primaria de que 77 personas terminaran intoxicadas.
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La resolución final sobre este incidente que marcó a la comunidad de El Maitén tiene una fecha definida para su lectura pública. El próximo 6 de mayo a las 10:00 horas se conocerá si la justicia ratifica la culpabilidad del gasista o si hace lugar a los reclamos de la defensa. La expectativa en la región es alta dado que el fallo sentará un precedente sobre la responsabilidad de los profesionales matriculados en edificios públicos.
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