Bajan el IVA para el riego, pero la presión fiscal sigue golpeando al resto de la producción

La reducción del IVA en la energía para riego agroindustrial empezó a concretarse en distintas provincias, pero el impacto real del anuncio dejó una lectura más amplia. El beneficio alcanza a un segmento específico, mientras la mayoría de los sectores productivos continúa enfrentando una carga impositiva elevada.

La medida baja la alícuota del 27% al 10,5% para el consumo eléctrico destinado al riego, un reclamo histórico de las economías regionales. Sin embargo, su alcance limitado deja en evidencia que el alivio no es generalizado dentro del entramado económico.

En los hechos, las distribuidoras ya comenzaron a informar a los usuarios sobre los pasos necesarios para acceder al beneficio. Esto implica que su implementación no será uniforme y que muchos productores aún deberán completar trámites para ver reflejado el cambio en sus facturas.

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Para quienes accedan, el impacto puede ser significativo. La energía es un insumo clave en numerosas actividades, y en algunos casos representa una porción importante de los costos fijos, por lo que cualquier reducción impositiva mejora la liquidez y la previsibilidad.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa destacaron ese punto. “El beneficio más destacable de esta modificación impositiva es que otorga una mayor liquidez mensual a las empresas, con un significativo ahorro financiero en actividades agropecuarias con producciones anuales y/o bianuales”, señaló Eduardo Rodríguez.

También valoraron el camino recorrido para lograr la medida. “Desde CAME celebramos este logro, fruto de más de una década de gestión comprometida con la mejora de la rentabilidad y competitividad de los productores pymes agropecuarios”, agregó el referente.

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Pero el foco rápidamente se trasladó a lo que quedó afuera. Mientras el riego obtiene una reducción concreta, otros sectores productivos —industriales, comerciales y de servicios— siguen afrontando tarifas energéticas con una carga impositiva alta, sin modificaciones.

Esa diferencia genera un escenario desigual dentro de la economía. Muchas actividades que también dependen fuertemente de la energía, pero no están alcanzadas por este esquema, continúan operando con costos elevados que afectan su competitividad.

El impacto se extiende más allá del agro. Pymes industriales, comercios y emprendimientos de servicios también enfrentan el peso de la presión fiscal en sus estructuras de costos, lo que limita su margen de crecimiento en un contexto económico complejo.

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Además, la implementación tardía de una medida ya contemplada en la Ley de Modernización Laboral expone las dificultades para trasladar decisiones normativas al terreno concreto. El alivio llega, pero lo hace de manera parcial y con demoras.

En este escenario, distintos sectores comienzan a plantear la necesidad de avanzar hacia una revisión más amplia del esquema impositivo. La demanda apunta a reducir la presión fiscal de manera más generalizada y no solo en actividades puntuales.

Por ahora, la baja del IVA para el riego aparece como un avance específico dentro de un panorama más amplio que sigue sin cambios estructurales. El desafío será extender ese tipo de medidas para evitar que la carga tributaria continúe condicionando a gran parte de la producción.