Tras el doble crimen, Torres apunta a una ley que cambia cómo se investigan las bandas
Chubut24/04/2026
Sergio BustosEl reciente doble homicidio en Comodoro Rivadavia no solo reavivó la preocupación por la violencia, sino que también abrió un nuevo frente en la discusión sobre cómo enfrentarla. En ese escenario, el gobernador Ignacio Torres puso sobre la mesa la posibilidad de aplicar la llamada Ley Antimafia, una norma relativamente nueva en el sistema penal argentino.
El planteo surge en un contexto donde los hechos no aparecen como episodios aislados. La muerte de Rodrigo Nieves y Agustina Asencio se inscribe en una serie de conflictos que, según distintas líneas de investigación, podrían estar vinculados a disputas entre grupos con antecedentes, lo que obliga a mirar más allá de un caso puntual.
La Ley Antimafia, sancionada en 2025, introduce un cambio de enfoque. A diferencia de las investigaciones tradicionales, que se centran en identificar y juzgar a los responsables directos de un delito, esta normativa permite avanzar sobre toda la estructura que sostiene una organización criminal.
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Esto implica que no solo se persigue a quien ejecuta un hecho violento. También pueden ser investigadas y eventualmente condenadas las personas que financian, encubren o colaboran con la actividad delictiva, incluso si no participaron directamente en el crimen.
Para que se configure una organización criminal, la ley establece ciertos criterios. Debe tratarse de un grupo de al menos tres personas que actúe de manera coordinada, sostenida en el tiempo y con el objetivo de cometer delitos graves o generar intimidación social.
Ese encuadre permite vincular distintos hechos entre sí cuando existen patrones comunes. Por ejemplo, la reiteración de ataques en una misma zona, la presencia de los mismos nombres en diferentes causas o conexiones familiares y económicas entre los involucrados.
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Otro de los puntos centrales es la posibilidad de declarar zonas de investigación especial. En esos casos, se habilita una intervención más amplia, con participación conjunta de fuerzas provinciales y federales, además del uso de herramientas como escuchas telefónicas y análisis de movimientos financieros.
El régimen también endurece las penas. Las condenas para quienes integren o colaboren con organizaciones criminales pueden ir de los 8 a los 20 años de prisión, dependiendo del grado de participación y la gravedad de los delitos.
Además, incorpora mecanismos como el decomiso anticipado de bienes. Esto permite al Estado tomar control de activos sospechados de estar vinculados a actividades ilícitas antes de una condena firme, con la obligación de restituirlos si el imputado resulta absuelto.
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En el caso de Comodoro, la clave está en determinar si los hechos recientes responden a una lógica organizada. Si los investigadores logran establecer que existe una estructura detrás de los episodios violentos, la aplicación de esta ley podría ampliar significativamente el alcance de la causa.
El planteo del gobernador apunta justamente a ese cambio de mirada. En lugar de investigar hechos aislados, propone abordar el fenómeno como parte de un entramado más complejo, donde las responsabilidades se distribuyen en distintos niveles.
La discusión recién empieza y no está exenta de tensiones. Mientras algunos sectores ven en esta herramienta una vía para desarticular bandas, otros advierten sobre los desafíos que implica su aplicación en términos de garantías y control judicial.
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