Desbaratan red de contrabando que usaba posnets y logística propia para vender a Chile

Una serie de allanamientos en Río Grande permitió el secuestro de millones de pesos, dólares y un arsenal de tecnología aplicada al comercio ilegal de cigarrillos.

Un arsenal de billetes, cheques y terminales electrónicas de pago quedó expuesto tras una serie de procedimientos que cortaron el flujo de divisas de una organización criminal en el sur. Los investigadores contabilizaron 104.100 dólares y más de seis millones de pesos en efectivo, además de una cartera de 30 cheques cuyo valor total escala hasta los 34.725.000 pesos. El volumen de dinero incautado en las viviendas sugiere una estructura financiera sólida que sostenía el movimiento constante de mercadería hacia el país vecino.

La banda operaba con una sofisticación poco habitual para el rubro, utilizando 13 terminales posnet para gestionar cobros y transacciones fuera del sistema legal. Este despliegue tecnológico permitía el acopio y la comercialización a gran escala, integrando dispositivos electrónicos de cobro para agilizar el movimiento de fondos. El uso de estos aparatos, junto con 16 notebooks y diversos dispositivos de almacenamiento, marca una evolución en los métodos de las redes de contrabando que operan en la isla.

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El despliegue logístico de la organización contaba con una logística de transporte propia diseñada específicamente para distribuir los cargamentos de productos sin aval legal con destino la República de Chile. Entre los elementos secuestrados figura un rodado Renault Kangoo, que formaba parte del parque automotor utilizado para el traslado de los bultos por las rutas fueguinas. La autonomía en el transporte permitía a los involucrados minimizar la dependencia de terceros y mantener un control estricto sobre cada envío fronterizo.

Las fuerzas de seguridad concentraron sus esfuerzos en la ciudad de Río Grande, donde el Juzgado Federal de Garantías de Primera Instancia autorizó la entrada a 12 domicilios en simultáneo. El operativo demandó una coordinación milimétrica entre la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería y otras fuerzas federales. La simultaneidad de los ingresos evitó que los sospechosos pudieran deshacerse de las pruebas o alertar a otros eslabones de la cadena delictiva.

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En el terreno trabajaron efectivos de la Gendarmería Nacional, junto con personal de la Policía Federal Argentina (PFA) y agentes de ARCA. Esta alianza institucional buscó cubrir todos los frentes, desde la seguridad física hasta la fiscalización de los documentos y terminales electrónicas halladas. La presencia de los organismos recaudadores resultó fundamental para procesar la gran cantidad de documentación de interés y los comprobantes de transacciones encontrados en las viviendas.

El contrabando de tabaco era uno de los pilares de la actividad, según lo demuestra el hallazgo de 7.600 atados de cigarrillos listos para ser cruzados al exterior. Este tipo de mercadería representa un negocio de alta rentabilidad en la zona fronteriza debido a las diferencias impositivas y de precio entre ambos países. Además del tabaco, los uniformados retiraron de las viviendas un rotulador fiscal, herramienta que presuntamente servía para manipular o falsificar la identificación de las cargas.

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La peligrosidad de la organización quedó de manifiesto con el secuestro de un fusil Máuser, una carabina y 85 municiones calibre 9 mm en los domicilios allanados. Estas armas no solo funcionaban como protección de los bienes ilegales, sino que refuerzan la hipótesis de una banda con capacidad de fuego y resistencia. Durante la requisa de las habitaciones también se hallaron 502 gramos de marihuana y algunas plantas, sumando una infracción a la ley de drogas a la lista de delitos investigados.

El análisis técnico de los elementos secuestrados se centrará ahora en los 15 celulares y los 7 DVR de las cámaras de seguridad que los sospechosos tenían instalados. Estos dispositivos contienen, posiblemente, el registro de los movimientos de personas y vehículos, además de las comunicaciones que vinculan a los implicados con sus contactos en Chile. Las 20 unidades de almacenamiento externo guardan información digital que será clave para reconstruir la red de proveedores y clientes que alimentaba este circuito comercial paralelo.

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Por el momento, cinco ciudadanos fueron identificados y quedaron supeditados a la causa que tramita la justicia federal fueguina por presunto contrabando y lavado de activos. Los sospechosos deberán explicar el origen de las dos cajas fuertes y la documentación que los vincula directamente con la logística de acopio desmantelada. El proceso judicial se apoya en la evidencia física, mientras las autoridades mantienen bajo resguardo el vehículo y el armamento para futuros peritajes balísticos y mecánicos.