Amenazas falsas en escuelas: buscan que los padres paguen multas millonarias
Actualidad24/04/2026
Sergio BustosLas reiteradas amenazas de bomba y falsas alarmas en escuelas de distintas provincias encendieron una señal de alerta que ahora empieza a traducirse en medidas concretas. Autoridades y especialistas coinciden en que ya no alcanza con sancionar a los menores involucrados: el foco comienza a correrse también hacia sus familias.
En ese contexto, Córdoba, Santa Fe y Mendoza avanzan en estrategias que contemplan multas económicas para los padres de los estudiantes responsables. Los montos en análisis oscilan entre los 5 y 6 millones de pesos, en función del costo que implican los operativos policiales y de emergencia que se activan ante cada amenaza.
El cambio de enfoque se apoya en un criterio jurídico claro. El fiscal Raúl Garzón explicó que la iniciativa se enmarca en la “responsabilidad objetiva”, un principio que establece que los padres deben responder por los daños que causen sus hijos menores de edad.
OTRAS NOTICIAS
“Los padres son responsables por el daño causado por los hijos menores. Esto ha sido siempre así”, sostuvo el funcionario, al remarcar que estos casos adquieren una gravedad particular por tratarse de hechos que implican delitos y movilizan recursos estatales.
Cada falsa alarma pone en marcha un despliegue que involucra a fuerzas de seguridad, personal especializado y evacuaciones escolares. Ese movimiento no solo genera costos económicos, sino también altera el normal funcionamiento de las instituciones educativas y afecta a toda la comunidad.
La preocupación no es exclusiva de esas provincias. En Buenos Aires también se analizan sanciones económicas y acciones civiles contra las familias, en una línea similar a la que ya se debate en otros distritos.
OTRAS NOTICIAS
En paralelo, Río Negro y Neuquén avanzaron con protocolos específicos que combinan la intervención penal con abordajes interdisciplinarios. Estos esquemas incluyen la participación de equipos técnicos para trabajar sobre el contexto familiar y social de los menores involucrados.
El objetivo de fondo es desalentar este tipo de conductas, que en muchos casos surgen como bromas pero terminan generando consecuencias graves. Las autoridades buscan enviar una señal clara sobre el impacto real de estas acciones.
Al mismo tiempo, el enfoque apunta a reforzar el rol de las familias en la prevención. La idea es que la responsabilidad no recaiga únicamente en el sistema educativo o judicial, sino que también haya un compromiso directo del entorno cercano de los estudiantes.
OTRAS NOTICIAS
El debate sigue abierto y no está exento de cuestionamientos. Sin embargo, la escalada de casos en distintas ciudades del país empuja a los gobiernos a avanzar con medidas más severas para contener un fenómeno que crece.
En ese escenario, la posibilidad de multas millonarias marca un cambio en la forma de abordar estas situaciones, con un mensaje que busca impactar tanto en los menores como en los adultos responsables.
Te puede interesar
