"La muerte de Ángel es un calco a la de Lucio", dijo el abuelo de Dupuy, quien habló de desidia judicial

Ramón Dupuy llegó a Comodoro Rivadavia para acompañar a la familia del menor fallecido y apuntó contra la Justicia. Sostiene que las omisiones estatales y la violencia sistemática se repitieron de forma idéntica.

Las similitudes entre el asesinato de Lucio en 2021 y la reciente muerte de Angel en la ciudad petrolera encendieron una fuerte denuncia por parte de Ramón Dupuy. Durante su encuentro con los familiares de la víctima local, el referente pampeano fue tajante al describir la situación judicial y los antecedentes de maltrato que rodean el expediente. Según su visión, no se trata de una coincidencia trágica sino que «es una radiografía de lo que pasó con mi nieto, se ven las mismas fallas en los sistemas de alerta y la misma violencia sistemática».

El arribo de Dupuy a Chubut tuvo como eje central el cuestionamiento a los organismos de protección de niñez y adolescencia que intervinieron de forma preliminar. Para el abuelo de Lucio, los indicadores de vulnerabilidad que presentaba Angel fueron ignorados por la cadena de mandos institucionales, repitiendo el patrón de desprotección que terminó con la vida de su propio nieto años atrás. En sus declaraciones, insistió en que «todo esto me retrotrae a cuatro años y cinco meses atrás. Es la misma situación, el mismo caso».

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La aplicación de la Ley 27.709, conocida como Ley Lucio, aparece nuevamente en el centro de la escena ante la falta de herramientas de detección temprana en la provincia. Ramón Dupuy remarcó que la norma establece un sistema de capacitación obligatoria para médicos, docentes y funcionarios judiciales, pero que su efectividad es nula si no se traduce en acciones territoriales. Al respecto, el referente fue lapidario con el estado administrativo de la legislación al afirmar que «es una ley hermosa, pero si no se reglamenta en cada provincia, es un papel que no sirve».

Actualmente, la causa en los tribunales de Comodoro Rivadavia mantiene a los imputados bajo medidas de coerción mientras se procesan las evidencias recolectadas en las últimas semanas. Dupuy, junto a especialistas legales, trazó un panorama crítico que expone falencias estructurales en los mecanismos de denuncia y seguimiento de casos de abuso infantil. Para el visitante, existe una «desidia judicial muy grande» en los sectores que deberían garantizar la integridad de los menores antes de que los conflictos escalen a desenlaces fatales.

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El reclamo de justicia por la muerte de Angel se transformó en una exigencia directa hacia el poder político y judicial de la región para que se cumpla con el rol preventivo del Estado. Dupuy subrayó que la capacitación no debe ser un evento aislado, sino que «tiene que ser obligatoria, continua y permanente para los tres poderes del Estado». Esta postura busca romper con la inercia de los funcionarios que omiten intervenir a pesar de tener los signos de maltrato frente a sus ojos de manera reiterada.

La amargura de Ramón Dupuy se hizo evidente al evaluar el impacto de las campañas de concientización realizadas a nivel nacional tras el caso de su nieto. El hombre consideró que la sociedad y las instituciones no han logrado procesar la gravedad de la problemática de fondo que afecta a la infancia. «Creímos que habíamos concientizado, pero no sirvió para nada porque no se aprendió», sentenció al comparar la lógica operativa que falló en La Pampa y que, según su análisis, volvió a fallar en los tribunales chubutenses.

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El análisis técnico de la causa que lleva adelante la Justicia local busca determinar si existió negligencia punible por parte de los agentes que tenían a su cargo la tutela del niño. Dupuy advirtió que los patrones de conducta de los victimarios suelen ser detectables si el sistema de salud y educación activa los protocolos de la Ley 27.709 a tiempo. El objetivo de su presencia en la zona es monitorear que el proceso avance sin las dilaciones que suelen caracterizar a estos expedientes de alta complejidad social.

En este entramado de crisis institucional, también se puso el foco sobre el fenómeno de las denuncias cruzadas y el impacto que tienen en el bloqueo de las soluciones judiciales. La abogada Elba Soria, quien acompañó a Dupuy, señaló que estas situaciones suelen derivar en una ruptura del tejido social y familiar que termina desprotegiendo aún más a las víctimas reales. Sin embargo, para Ramón el eje es inamovible y se resume en una frase directa: «No me interesan los adultos, me interesan los chicos. Acá hay una criatura muerta, y eso es lo que importa».

El cierre de su actividad en Comodoro dejó una advertencia que apunta directamente a la responsabilidad de magistrados y funcionarios de todas las jerarquías. Dupuy ratificó que continuará siguiendo de cerca los pormenores del caso Angel para evitar que el expediente caiga en el olvido o la burocracia. Su diagnóstico final sobre la situación de la infancia en el país fue contundente al señalar que «la desidia hacia los niños a nivel nacional es tremenda», dejando planteado un escenario de riesgo permanente si no se activan los controles.