El Gobierno cerró la causa por Lago Escondido con un acuerdo con Joe Lewis

El conflicto judicial por las tierras de Lago Escondido sumó un giro inesperado en pleno receso judicial. El Gobierno nacional resolvió cerrar la acción de lesividad que había impulsado en 2023 contra la compra de más de 12.000 hectáreas en una zona de seguridad de frontera, propiedad vinculada al empresario Joe Lewis. La decisión se concretó a partir de un acuerdo con los representantes de Hidden Lake SA.

El entendimiento implicó dejar sin efecto el proceso que el propio Estado había iniciado para cuestionar la operación realizada en 1996. Esa acción buscaba revisar la legalidad de la adquisición de las tierras donde se encuentra la residencia del magnate británico en Río Negro. Con la firma del convenio, el expediente quedó formalmente cerrado.

La resolución se dictó el 28 de enero de 2026, durante la feria judicial, cuando se homologó el acuerdo presentado días antes por ambas partes. De esa manera, el litigio quedó sin efecto en el ámbito contencioso administrativo federal, donde se tramitaba desde hacía dos años.

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El caso estaba radicado en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 4, a cargo de la jueza Rita María Teresa Ailín. Hasta fines de 2025, el expediente mantenía actividad y podía consultarse públicamente, pero luego pasó a tener carácter reservado, según confirmaron fuentes judiciales.

El cierre del proceso también quedó reflejado en una resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Los jueces Jorge Morán y Daniel Duffy señalaron que la sentencia homologó el acuerdo entre el Estado y la firma vinculada a Lewis, dando por finalizada la causa.

El acuerdo se concretó en un contexto político particular. Se firmó semanas antes de la designación de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia y del envío al Senado del pliego de Carlos Mahiques para su continuidad en la Cámara de Casación Penal. Ambos habían participado de un viaje a Lago Escondido en octubre de 2022 junto a magistrados y funcionarios.

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La acción de lesividad que ahora quedó sin efecto había sido impulsada por el Ministerio del Interior con respaldo de organismos como la Procuración del Tesoro y la Procuración de Investigaciones Administrativas. El objetivo era anular la compraventa por presuntas irregularidades en su origen.

Esas irregularidades habían sido señaladas por organismos estatales que advertían sobre una posible maniobra para eludir restricciones legales en zonas de frontera. Según esas evaluaciones, la operación se habría concretado mediante el uso de sociedades y testaferros, con Hidden Lake SA como vehículo principal.

En paralelo, el caso tuvo antecedentes en el fuero penal. En 2021, Carlos Mahiques firmó el sobreseimiento de Lewis y de funcionarios rionegrinos por prescripción de la acción penal. Dos años después, el Estado avanzó por la vía administrativa con la demanda que ahora quedó cerrada.

El conflicto por Lago Escondido, sin embargo, no se agota en este expediente. Existen otras causas en trámite, entre ellas el reclamo por garantizar un acceso público al lago a través del camino de Tacuifí. Ese planteo continúa en discusión y permanece bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia.