Identificaron a los autores de las amenazas en escuelas de Chubut y el Gobierno va contra los padres

Héctor Iturrioz advirtió que las familias enfrentarán consecuencias legales por el accionar de los menores. Hubo once allanamientos y un demorado en Puerto Madryn.

La Policía del Chubut ejecutó una serie de operativos simultáneos que permitieron identificar a los responsables detrás de las inscripciones intimidatorias aparecidas en diversos establecimientos educativos de la provincia. Las tareas de campo incluyeron el secuestro de teléfonos celulares y otros elementos de interés para las causas que tramita el Ministerio Público Fiscal. Los procedimientos se concentraron en las ciudades de Puerto Madryn, Trelew, Rawson, Gaiman, Esquel y Epuyén, donde se recolectó evidencia digital clave.

Los rastreos técnicos, liderados por las Divisiones de Investigaciones Policiales (DPI), pusieron el foco en las pintadas detectadas principalmente en los baños de los colegios, un patrón que se repitió en casi todas las localidades afectadas. Esta labor coordinada permitió determinar la autoría de las amenazas en puntos críticos de la provincia, incluyendo Gaiman, Playa Unión y la cordillera. El nivel de detalle en las investigaciones permitió pasar de simples sospechas a la individualización concreta de los jóvenes involucrados.

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El ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, sostuvo que el peso de estas acciones no debe recaer únicamente sobre las instituciones de control. Según el funcionario, existe una deuda de acompañamiento familiar que termina judicializando conductas que deberían ser frenadas en el hogar. “La primera obligación es social”, aclaró el ministro este domingo, al referirse al papel que deben jugar los adultos responsables ante la conducta de los adolescentes.

Durante el despliegue en Puerto Madryn, la fuerza pública concretó dos allanamientos y procedió a la demora de un menor de edad vinculado directamente con los hechos. En la capital provincial, Rawson, se llevaron a cabo cuatro operativos, mientras que en Trelew se realizaron dos intervenciones adicionales. La magnitud de la movilización policial buscó enviar un mensaje directo a la sociedad sobre la gravedad de estas intimidaciones que alteran el normal funcionamiento escolar.

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La investigación detectó que muchas de las amenazas hacían referencia directa al uso de armas o a la posibilidad de perpetrar ataques organizados dentro de las escuelas. Iturrioz fue tajante al señalar que este tipo de mensajes “no pueden ser tomadas como una broma” debido al pánico que generan en la comunidad educativa. El ministro insistió en que es necesario “desterrar la idea de que se amenaza y no pasa nada”, remarcando que cada autor identificado tendrá su correspondiente proceso judicial.

El funcionario provincial profundizó en un concepto que generó fuerte repercusión: la responsabilidad solidaria de los progenitores por el daño causado. Para el Ministerio, “hay que entender que los padres también son responsables por las amenazas de los chicos”, lo que abre una puerta a posibles acciones legales contra los adultos. Esta postura busca que las familias asuman un compromiso real en la supervisión de lo que sus hijos comunican y publican.

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Gran parte del éxito de los procedimientos se debió a la colaboración de los cuerpos docentes, quienes facilitaron el acceso a la información y detectaron los mensajes de forma temprana. En localidades como Gaiman, Esquel y Epuyén, la sinergia entre directivos y la policía fue determinante para que el personal de investigaciones pudiera concretar los allanamientos con resultados positivos. Esta red de vigilancia institucional permitió desactivar focos de tensión en escuelas que se encontraban en estado de incertidumbre.

Existe una preocupación creciente por el uso que los adolescentes hacen de las redes sociales y la falta de control por parte de sus familiares directos. El ministro solicitó “un mayor compromiso de las familias en relación con el uso responsable de las redes sociales”, entendiendo que es allí donde se gestan muchas de estas conductas disruptivas. El pedido de acompañamiento se vuelve urgente para evitar que los menores terminen involucrados en delitos de intimidación pública.

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El cierre de las actuaciones policiales marca el inicio de una etapa de definiciones en el ámbito del Ministerio Público Fiscal. Más allá de los secuestros de tecnología, el Estado busca marcar un precedente para frenar la ola de amenazas que se replicó a nivel nacional. La advertencia es clara para todos los actores de la comunidad: “si se incumple la ley, hay consecuencias”, y estas no se limitarán únicamente a los jóvenes que realizaron las pintadas.