El Gobierno acorta plazos de inversión y endurece el control sobre las obras de expansión de gas
Actualidad27/04/2026
REDACCIÓNENARGAS impone un nuevo cálculo de costos marginales y un horizonte de diez años para habilitar proyectos. Las empresas deberán usar un aplicativo obligatorio.
ENARGAS decidió intervenir la lógica con la que se autorizan las extensiones de la red de gas natural en todo el territorio nacional. A través de una nueva reglamentación, el ente regulador busca que los proyectos de infraestructura se ajusten a ciclos económicos mucho más breves y realistas. Este cambio estructural apunta a terminar con proyecciones de inversión a larguísimo plazo que muchas veces no se cumplían en la práctica de mercado.
El corazón de la medida reside en la reducción drástica del horizonte de evaluación para las nuevas obras, que pasa de los históricos 35 años a apenas una década. Según los fundamentos técnicos del organismo, este nuevo plazo de 10 años "reduce el horizonte de valuación de 35 a 10 años, plazo que captura el ciclo real de maduración de la demanda". Los técnicos consideran que proyectar el consumo de una zona residencial o industrial a tres décadas resultaba un ejercicio de ficción financiera poco útil para la gestión de servicios actual.
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Para terminar con la discrecionalidad técnica de las empresas del sector, el ENARGAS lanzó un aplicativo web de uso obligatorio que unificará la presentación de todos los trámites de factibilidad. Las distribuidoras ya no podrán elaborar sus propios modelos de flujo de fondos libres sin seguir estándares comunes dictados por el Estado. Esta herramienta digital "sustituye el modelo de flujo de fondos libre que cada Prestadora elaboraba sin estándares por un Aplicativo web del ENARGAS de uso obligatorio desde la factibilidad", otorgando una homogeneidad que hoy no existe en el sistema.
La Resolución 435/2026 deja sin efecto hoy mismo a la antigua normativa que regía desde el año 2009, considerada ahora como obsoleta frente a la volatilidad económica reinante. El nuevo marco normativo obliga a las subdistribuidoras a transparentar sus números bajo un esquema de auditoría mucho más riguroso y constante desde el primer día. El ente regulador considera que la simplificación de estos procesos administrativos permitirá una respuesta más ágil ante la necesidad urgente de expansión de los servicios en provincias y municipios.
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Otro de los cambios estructurales se centra en la forma en que las empresas calculan cuánto cuesta realmente llevar el gas a un nuevo barrio o parque industrial. El nuevo esquema "reemplaza los costos medios derivados de los márgenes tarifarios de la RQT por costos marginales reales surgidos de declaraciones juradas". Esta modificación pretende que los valores reflejen la realidad operativa de cada empresa en particular, en lugar de basarse en promedios generales que solían distorsionar la rentabilidad proyectada de las obras.
La actualización de estos valores informados por las compañías ya no quedará al arbitrio de la inflación general, sino que seguirá una fórmula compuesta de manera equilibrada para no desfasar los presupuestos. El sistema prevé un ajuste mensual que toma en un 50% el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y en el otro 50% el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM). Con esta arquitectura de precios, el Gobierno intenta blindar la viabilidad de los proyectos frente a los saltos de costos en materiales y logística que sufre el sector energético argentino.
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El nacimiento de esta reglamentación no fue un movimiento unilateral de la Casa Rosada, sino el cierre de un proceso de consulta pública que se extendió desde octubre del año pasado. Durante ese período de debate, gigantes del sector como Metrogas, Naturgy y Camuzzi presentaron diversas observaciones y propuestas técnicas para pulir el texto definitivo de la norma. También participaron entidades provinciales que buscaban asegurar que las nuevas reglas de juego no frenaran el desarrollo de infraestructura crítica en zonas alejadas de los grandes centros urbanos.
El regulador nacional busca con estos cambios que la prestación del servicio se ajuste de forma definitiva a lo que define como la "realidad económica" del país en este 2026. Al sustituir los antiguos modelos de gestión por el nuevo sistema digital unificado, el ente recupera una capacidad de supervisión directa que se había diluido con el paso de las décadas. Las empresas ahora deberán rendir cuentas bajo estándares técnicos mucho más estrictos si pretenden obtener la autorización estatal para ampliar sus redes de servicio.
Fuente: NA.
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