Córdoba cobrará a familias por falsas amenazas escolares fijando un plazo de pago de cinco días

La provincia activó un mecanismo para recuperar gastos de operativos ante alertas falsas. La medida alcanza a padres o tutores tras la intervención judicial.

Una disposición oficial ya vigente en Córdoba modifica la forma en que el Estado responde a las amenazas escolares que terminan siendo falsas, al incorporar un esquema de cobro directo a los responsables. La medida apunta a que las familias de los estudiantes involucrados asuman el costo económico de los operativos que se despliegan ante cada alerta. El impacto se traduce en una consecuencia concreta que excede lo penal y se traslada al plano administrativo.

El mecanismo quedó formalizado mediante la publicación en el Boletín Oficial del protocolo que regula este procedimiento. Se trata del Protocolo de Recupero y Resarcimiento de Gastos, aprobado por el Ministerio de Seguridad provincial, que establece cómo se calcularán y reclamarán los costos. La normativa ya se encuentra en vigencia y define un circuito claro de actuación.

OTRAS NOTICIAS:

Un bebé cayó 15 metros en un cerro de Bariloche, se activó una investigación por negligencia

El punto de partida de cada caso será la intervención del Ministerio Público Fiscal, encargado de identificar a los autores de las amenazas. Una vez determinada esa responsabilidad, el proceso se traslada al ámbito administrativo, donde se inicia el cálculo de los gastos generados por la respuesta estatal. Esa articulación entre lo judicial y lo administrativo estructura el funcionamiento del sistema.

Las autoridades provinciales deberán reconstruir cada operativo desplegado ante la amenaza para determinar su costo. Esto incluye la participación de fuerzas de seguridad, servicios de emergencia y recursos logísticos movilizados en cada episodio. La evaluación no se limita a una estimación general, sino que se apoya en registros concretos.

OTRAS NOTICIAS:

Suganuma quiso volver a manejar y la Justicia también le frenó el resarcimiento

Con esos datos, se conforma un expediente que documenta cada intervención y cuantifica el gasto total. Ese documento será la base para avanzar con el reclamo económico hacia los responsables identificados. La formalidad del proceso busca sostener la validez del cobro en instancias posteriores.

Una vez establecido el monto, la Provincia intimará al pago a los padres o tutores en un plazo breve. El límite fijado es de cinco días, un período acotado que introduce una exigencia inmediata sobre las familias involucradas. Esa condición marca una diferencia con otros procedimientos administrativos de mayor extensión.

OTRAS NOTICIAS:

Un enfermero irá a juicio por la desaparición de morfina en la guardia del hospital de Esquel

En caso de que no se cumpla con el pago en ese plazo, la situación pasa a una nueva instancia. El Estado habilita la intervención de Fiscalía de Estado para avanzar con acciones judiciales orientadas a recuperar el dinero. Ese paso convierte el reclamo en un proceso judicial formal.

La medida se sustenta en la reiteración de amenazas que resultan ser falsas y que demandan un despliegue considerable de recursos públicos. Cada intervención implica movilización de personal, vehículos y coordinación entre distintas áreas, lo que genera un costo que ahora se busca trasladar. La decisión apunta a reducir ese tipo de episodios mediante una consecuencia económica directa.

OTRAS NOTICIAS:

Dos adolescentes armados asaltaron un comercio pero volvieron a sus casas por orden judicial

El esquema también introduce un cambio en la forma en que se interpreta la responsabilidad en estos hechos, al incluir a los adultos a cargo de los menores. La norma no solo identifica a los autores materiales, sino que establece un vínculo con quienes deben responder económicamente. Ese enfoque amplía el alcance de las consecuencias.

La aplicación del protocolo abre un escenario donde cada nueva amenaza escolar puede derivar en un reclamo económico inmediato. La efectividad de la medida dependerá de su implementación en casos concretos y del comportamiento de quienes quedan alcanzados. El sistema ya está en marcha y su impacto comenzará a medirse con las primeras intervenciones bajo esta modalidad.