Multa millonaria y clausura: qué descubrió el Central en una cueva ligada a Tapia

Actualidad27/04/2026REDACCIÓNREDACCIÓN

El organismo detectó operaciones por millones sin respaldo y aplicó sanciones que incluyen inhabilitaciones. El caso impacta en el circuito cambiario.

La investigación se concentra en el origen del dinero utilizado en operaciones de compraventa de moneda extranjera.
La investigación se concentra en el origen del dinero utilizado en operaciones de compraventa de moneda extranjera.

El Banco Central avanzó con una de las sanciones más severas de los últimos tiempos contra una casa de cambio que operaba en el mercado local. La medida no solo implica una multa millonaria, sino también la pérdida total de la autorización para seguir funcionando, tras detectar irregularidades en el manejo de divisas.

La firma alcanzada es ARS Cambios SAS, vinculada al financista Ariel Vallejo y mencionada en la resolución oficial por sus posibles conexiones con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. El organismo decidió aplicar una multa de $18.098.701.115 y avanzar con la revocación de su habilitación para operar.

El punto central de la investigación se concentra en el origen del dinero utilizado en operaciones de compraventa de moneda extranjera. Según el Banco Central, la empresa no logró justificar fondos por más de 25 millones de dólares, lo que encendió las alertas sobre el circuito que alimentaba esas transacciones.

En ese marco, el informe oficial concluyó que “la totalidad de la moneda extranjera adquirida y revendida por la fiscalizada no tuvo por destino la venta genuina a clientes en el mercado libre de cambios oficial”, sino que respondía a otro tipo de operatoria. Esa dinámica, según la entidad, consistía en un movimiento interno de divisas sin respaldo económico claro.

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El análisis también puso el foco en el contexto en el que se realizaban esas operaciones. Con una brecha cambiaria que rondaba el 102%, el Banco Central estimó que los beneficios generados por el esquema habrían alcanzado los 25,8 millones de dólares, un volumen que refuerza la dimensión del circuito investigado.

La estructura de funcionamiento de la firma también quedó bajo observación. De acuerdo con la inspección, el 99,1% de las operaciones se concretaron con otras agencias de cambio, lo que refuerza la hipótesis de un entramado entre entidades para canalizar divisas fuera del circuito tradicional.

En ese sentido, la resolución advierte que “las características de la operatoria descripta ponen en crisis la genuinidad de las operaciones realizadas” y sugiere que el mecanismo habría servido para acceder a dólares oficiales con el objetivo de volcarlos luego en el mercado paralelo.

Las sanciones no se limitaron a la empresa. También alcanzaron a sus responsables directos, entre ellos Graciela Beatriz Vallejo y Ariel Vallejo, quienes ocupaban roles de administración dentro de la firma. Ambos recibieron multas individuales y quedaron inhabilitados para operar en el sistema financiero por varios años.

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En el caso de la administradora principal, la sanción incluye una multa superior a los $7.200 millones y una inhabilitación por seis años. Su hijo, también involucrado en la gestión, recibió una multa de más de $5.400 millones y una prohibición de cinco años para desempeñarse en entidades financieras.

El Banco Central consideró que la conducta detectada implicó “un abuso de la autorización oportunamente conferida”, y sostuvo que las sanciones buscan generar un efecto preventivo dentro del sistema. La decisión se enmarca en una política de mayor control sobre las operaciones cambiarias. Además, se detectaron incumplimientos en los límites mensuales de venta de divisas entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Durante ese período, la firma habría superado el tope autorizado en más de un millón de dólares, lo que sumó un agravante adicional a la investigación.

Pese a la dureza de la medida, los sancionados cuentan con la posibilidad de apelar ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El plazo establecido es de 30 días hábiles desde la notificación oficial.

El organismo cerró su resolución con una advertencia sobre el impacto de estas prácticas. Según indicó, este tipo de maniobras “afectan la transparencia y confiabilidad del sistema cambiario, distorsionan la competencia leal entre los operadores y comprometen los objetivos de política monetaria”.

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