Desvinculan a una funcionaria en Santa Cruz tras quedar bajo investigación por una causa federal

La decisión se tomó en cuestión de horas y dejó al descubierto la gravedad de una investigación que atraviesa a varias provincias y países. El Gobierno de Santa Cruz resolvió apartar de su cargo a una funcionaria provincial luego de que su nombre quedara vinculado a un procedimiento judicial de alto impacto.

Se trata de Ivana Álvarez, quien hasta ahora se desempeñaba como directora del Centro Integrador Comunitario “Nuestra Señora del Carmen” en Río Gallegos. La medida fue definida como preventiva y se adoptó tras un allanamiento realizado en su domicilio particular en el marco de una causa federal que investiga delitos vinculados a la explotación sexual infantil.

El expediente forma parte de la investigación denominada “Aliados por la Infancia VI”, una operación de alcance internacional que incluyó procedimientos en distintos puntos del país y en el exterior. En Argentina, los operativos se desplegaron en 18 provincias, mientras que también hubo intervenciones en países de América y Europa.

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En el caso de Santa Cruz, las acciones judiciales incluyeron 13 allanamientos y derivaron en la detención de ocho personas. La investigación se originó a partir de un trabajo conjunto entre organismos internacionales y autoridades judiciales argentinas, lo que explica la magnitud del operativo y el alcance de la causa.

Fuentes cercanas al caso indicaron que la exfuncionaria quedó a disposición de la justicia federal. Según trascendió, su situación estaría relacionada con una línea de investigación que involucra el consumo de material de abuso sexual infantil, aunque hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre imputaciones concretas.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la desvinculación se resolvió de manera inmediata tras conocerse el procedimiento judicial. En ese sentido, explicaron que la prioridad fue preservar el funcionamiento institucional y sostener la confianza de la comunidad en los espacios públicos.

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“Frente a situaciones de esta naturaleza de público conocimiento se actuó con rapidez y responsabilidad, priorizando el resguardo institucional y la confianza de la comunidad en los espacios públicos. El Gobierno de Santa Cruz acompaña el accionar de la Justicia y mantiene una postura institucional frente a este tipo de situaciones”, indicaron oficialmente.

El caso generó fuerte repercusión en Río Gallegos, donde Álvarez era una figura conocida por su trabajo en territorio y su rol dentro del ámbito social. Su trayectoria incluía además un hecho relevante en la provincia, ya que había sido reconocida como la primera mujer trans en ocupar un cargo directivo de este tipo.

Por el momento, la causa continúa en etapa de investigación y no se descartan nuevas medidas judiciales. El expediente sigue bajo la órbita de la justicia federal, mientras se analizan las pruebas recolectadas durante los operativos realizados en distintos puntos del país.