Megaoperativo contra el abuso sexual infantil dejó 84 detenidos en Argentina y otros 15 países

Policiales29/04/2026REDACCIÓNREDACCIÓN

La operación “Aliados por la Infancia VI” realizó 270 allanamientos y golpeó redes vinculadas a la tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes.

Megaoperativo contra el abuso sexual infantil
Megaoperativo contra el abuso sexual infantil

La magnitud del operativo dejó una señal contundente sobre la escala que puede alcanzar la cooperación judicial cuando apunta contra delitos transnacionales. Un megaoperativo internacional coordinado desde la Ciudad de Buenos Aires terminó con 84 detenidos y una serie de procedimientos simultáneos en 17 provincias argentinas, la Capital Federal y 15 países, en una ofensiva orientada a desarticular redes vinculadas con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales.

La acción fue impulsada a través de “Aliados por la Infancia VI”, una operación que volvió a poner a la Argentina en un lugar central dentro del trabajo de investigación y coordinación internacional en este tipo de delitos. En total, se concretaron 270 allanamientos, de los cuales 68 se realizaron en el país y el resto en distintos puntos del exterior, con una distribución especialmente fuerte en Brasil, pero también con procedimientos en Panamá, República Dominicana, Guatemala, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, España, Perú, Puerto Rico, Honduras y Francia.

Del total de arrestos, 26 se produjeron en la Argentina y 58 en el resto del mundo. Los sospechosos quedaron vinculados a causas por tenencia, producción, distribución o facilitación de material de abuso sexual infantil, una tipificación que muestra que el operativo no se enfocó solo en consumidores de contenido, sino también en eslabones que podrían haber intervenido en su circulación o generación.


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La base de este trabajo estuvo en el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal porteño, que coordinó la maniobra a partir de investigaciones dispuestas por la fiscal Daniela Dupuy, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas. Desde esa estructura se utilizaron herramientas como ICACCOPS/CPS, sistemas diseñados para detectar usuarios de redes P2P vinculados con la distribución de este tipo de material, además del análisis de reportes enviados por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC).

La investigación permitió detectar domicilios en múltiples jurisdicciones argentinas antes de derivar la información a cada provincia para profundizar tareas locales. Según se informó, hubo objetivos identificados en Ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz, Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Chubut, Catamarca, Salta, Chaco, Formosa, Neuquén, Tucumán, San Luis y Santiago del Estero. Ese despliegue previo explica por qué el operativo pudo realizarse de manera simultánea y con una escala tan amplia.

El fiscal general del MPF CABA, Martín López Zavaleta, destacó la dimensión internacional del procedimiento y sostuvo: “Estamos muy conformes con los resultados que obtuvimos y donde participaron varios países coordinados desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. En esa misma línea, remarcó que los allanamientos simultáneos en tantos territorios exigieron una preparación compleja y que la intervención del CIJ permitió avanzar no solo sobre quienes almacenaban imágenes, sino también sobre posibles autores de delitos más graves contra menores.


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Por su parte, Daniela Dupuy explicó que la etapa que sigue ahora será el análisis de los dispositivos secuestrados, una fase decisiva para determinar la profundidad de cada caso. La fiscal sostuvo: “Lo que sigue ahora, después de este trabajo en equipo excelente, es el análisis de los dispositivos de almacenamiento informático por parte del CIJ”, y dejó en claro que de ese trabajo dependerá si los expedientes avanzan a juicio o si en algunos casos se resuelven a través de mecanismos abreviados.

La secretaria general a cargo del CIJ, Bárbara Moramarco, también puso el foco en un aspecto clave del operativo: la necesidad de cooperación internacional para enfrentar delitos de este tipo. Según planteó, la experiencia vuelve a mostrar que la coordinación entre países no es un complemento, sino una condición esencial cuando los hechos ocurren en entornos digitales y atraviesan fronteras con facilidad. Ese punto explica por qué la operación no se limitó a una suma de allanamientos, sino que fue concebida como una red articulada de persecución penal.

El origen de “Aliados por la Infancia” también ayuda a entender su alcance. El operativo nació del trabajo conjunto entre la Embajada de los Estados Unidos en Argentina, el U.S. Department of Homeland Security y el Ministerio Público Fiscal porteño, a partir de un acuerdo que le permitió al país acceder a plataformas de rastreo como ICACCOPS y CPS. Con esta nueva edición, la Argentina volvió a colocarse como nodo de una ofensiva internacional que no solo busca detener sospechosos, sino también cerrar circuitos de circulación digital de uno de los delitos más graves y sensibles que atraviesan hoy la red.

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