La defensa denunció condiciones de encierro ilegales, reclamó videollamadas con su familia en Perú y apeló el embargo de mil millones.
La defensa de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, pidió que el acusado sea retirado del penal de Marcos Paz, donde permanece bajo un régimen de máxima seguridad. El planteo incluyó un hábeas corpus por sus condiciones de encierro y una apelación contra el procesamiento dictado en la causa por el triple crimen narco de Florencio Varela. El abogado también cuestionó el embargo de mil millones de pesos impuesto sobre el procesado.
El pedido fue presentado por el defensor Lucas Contreras ante el Juzgado Federal N°2 de Morón, que interviene en la causa. En un escrito de 44 páginas, el abogado denunció “torturas psicológicas” y objetó las restricciones que limitan el contacto con su asistido. También solicitó que se revise el régimen que mantiene a Valverde Victoriano en una celda individual durante 23 horas por día.
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El planteo apunta contra la Resolución 35/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación, que regula las condiciones de detención aplicadas al acusado. La defensa pidió que se declare su inconstitucionalidad porque, según sostuvo, impone un nivel de aislamiento incompatible con garantías básicas. Además, afirmó que el contacto con la defensa queda limitado a encuentros presenciales, lo que dificultaría el ejercicio pleno del derecho de defensa.
Contreras pidió como medida principal que se ordene la libertad inmediata de su defendido. En forma subsidiaria, solicitó que sea trasladado a un régimen de encierro menos estricto. En el escrito sostuvo que se debe “dictar la inmediata libertad de mi asistido, en virtud de encontrarse privado de su libertad en condiciones de ilegalidad”, o disponer una modificación urgente de sus condiciones de alojamiento.
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Otro punto central del reclamo está vinculado con la familia de “Pequeño J”, que reside en Perú. La defensa pidió que se le garanticen al menos dos videollamadas semanales, especialmente con su madre y su hermana. Ese pedido fue incorporado como parte del cuestionamiento a la incomunicación que, según el abogado, agrava el encierro dentro del penal.
El defensor sostuvo que el aislamiento no responde a conductas disciplinarias del detenido. “Estos hechos de aislamiento e incomunicación pretenden aplicar un daño excesivo e inconmensurable, transgrediendo así el límite tolerable de dolor”, afirmó en la presentación. También remarcó que “no han ocurrido hechos de inconducta de mi defendido” que justifiquen ese nivel de restricción.
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La semana pasada, Valverde Victoriano fue procesado como presunto coautor del triple crimen narco de Florencio Varela. El juez federal Jorge Rodríguez le atribuyó homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos. Las víctimas fueron Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, asesinadas el 19 de septiembre de 2025 en una casa de la zona de Villa Vaettone.
Si la calificación se mantiene y llega a una condena, el acusado podría recibir prisión perpetua. La investigación, a cargo del secretario Ignacio Calvi, también incluye líneas vinculadas con tráfico de drogas y prostitución. La defensa, sin embargo, cuestionó el estado de la imputación y pidió el cese de la prisión preventiva.
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En la apelación, Contreras sostuvo que la acusación todavía no cuenta con una estructura definitiva. Según el abogado, “la propia parte acusadora admite el carácter aún provisional, impreciso e insuficientemente delimitado de la imputación”. También afirmó que “ni siquiera la fiscalía puede sostener, al estado actual de la investigación, una imputación concreta y definitivamente estructurada”.
El defensor fue más allá y negó que existan pruebas objetivas para ubicar al procesado en el lugar del hecho. “En efecto, no existe a la fecha ningún elemento probatorio objetivo, independiente y verificable que ubique de manera cierta a mi defendido en el lugar de los hechos”, planteó. Ese argumento sostiene el pedido para revisar la prisión preventiva y el procesamiento dictado en su contra.
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El reclamo por las condiciones de detención corre en paralelo a la discusión sobre la acusación principal. La defensa intenta separar el debate sobre el régimen carcelario del contenido de la causa penal, aunque ambos planteos impactan sobre la situación procesal de Valverde Victoriano. El juzgado deberá resolver si el aislamiento aplicado en Marcos Paz se mantiene, se modifica o da lugar a alguna medida de resguardo.
La causa mantiene a “Pequeño J” bajo una acusación de extrema gravedad, pero la defensa busca instalar ahora el eje en los límites del encierro preventivo. El próximo tramo judicial definirá si prosperan las videollamadas con su familia, si se revisa el régimen de máxima seguridad y si la apelación logra modificar el procesamiento o el embargo millonario. El punto pendiente quedará en cómo equilibra la Justicia la gravedad del caso con las garantías del detenido antes de una eventual condena.
Fuente: Infobae
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