El Congreso brasileño recortó penas por el golpe, con Bolsonaro entre los beneficiados

Política30/04/2026

Diputados y senadores rechazaron el veto de Lula a la ley de dosimetría. La norma puede alcanzar a 190 condenados por actos antidemocráticos.

El futuro judicial de Jair Bolsonaro quedó atravesado por una decisión del Congreso brasileño que puede acortar los plazos de cumplimiento de pena para condenados por el intento de golpe del 8 de enero de 2023. Diputados y senadores revocaron el veto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a la ley de reducción de penas, conocida como Proyecto de Ley de Dosimetría, y dejaron el texto a un paso de su promulgación. La norma podría beneficiar al exmandatario, condenado a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado.

La votación mostró una mayoría contundente contra la postura del Ejecutivo. En el Senado, el rechazo al veto reunió 49 votos contra 24, mientras que en Diputados alcanzó 318 votos contra 144. Para anular la decisión de Lula, se necesitaban al menos 257 votos en la Cámara de Diputados y 41 en el Senado, por lo que ambas cámaras superaron el umbral requerido.

OTRAS NOTICIAS:

La ley ya había sido aprobada en diciembre pasado con respaldo de la ultraderecha y de parte del centro político brasileño. El veto presidencial había frenado su aplicación, pero la nueva votación legislativa reactivó el cambio en el cálculo de las penas. Ahora, el texto será enviado al Ejecutivo para su promulgación y Lula tendrá hasta 48 horas para firmarlo.

Si el presidente brasileño no promulga la norma dentro de ese plazo, el procedimiento pasará a manos del presidente del Senado. En una instancia posterior, la tarea recaerá en el vicepresidente de la Cámara de Representantes. La ley entrará en vigencia recién después de su promulgación y publicación oficial.

OTRAS NOTICIAS:

El alcance de la norma puede ser amplio dentro de las causas vinculadas a los actos antidemocráticos. Según la última evaluación del magistrado del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes, la iniciativa podría beneficiar al menos a 190 condenados. Entre ellos figura Bolsonaro, aunque también aparecen exfuncionarios y jefes militares ligados al gobierno anterior.

El punto central del proyecto está en la forma de calcular las penas cuando varios delitos se cometen dentro de un mismo contexto. La ley establece que, en casos de intento de acabar con el Estado de derecho democrático y golpe de Estado, se aplicará la pena más severa en lugar de sumar ambas condenas. Ese cambio reduce el impacto acumulado de las imputaciones y puede adelantar el acceso a regímenes menos estrictos.

OTRAS NOTICIAS:

Lula había vetado la iniciativa por considerar que era inconstitucional y contraria al interés público. El Palacio Presidencial sostuvo que el proyecto “aumentaría la incidencia de delitos contra el orden democrático e indicaría un retroceso en el proceso histórico de redemocratización que dio origen a la Nueva República”. Esa fue la justificación política y jurídica utilizada por el Ejecutivo para bloquear una norma que ahora el Congreso volvió a imponer.

El posible beneficio para Bolsonaro se interpreta dentro de ese nuevo esquema de dosimetría penal. Expertos señalan que, con la legislación anterior, el expresidente podría acceder al régimen semiabierto en 2033. Con la nueva norma, ese plazo podría adelantarse a un período de entre dos y cuatro años, lo que modifica de manera relevante el horizonte de cumplimiento de la condena.

OTRAS NOTICIAS:

Bolsonaro lleva poco más de un mes bajo arresto domiciliario por problemas de salud, aunque sigue considerado en prisión tras la condena por intento de golpe de Estado. La ley también podría alcanzar a figuras como Almir Garnier, excomandante de la Marina; Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa; Walter Braga Netto, exministro de la Casa Civil; y Augusto Heleno, exdirector de la Oficina General de Seguridad.

La decisión legislativa deja abierta una etapa institucional inmediata: la promulgación de una norma que Lula intentó impedir. El Congreso ya dio la señal política más fuerte al rechazar el veto con números holgados en ambas cámaras. El efecto concreto se medirá cuando la ley entre en vigor y los condenados por los actos antidemocráticos pidan la revisión de sus plazos de cumplimiento.