Un cabo de 35 años perdió su puesto en la policía por desaparecer del servicio más de 72 horas

La sanción de cesantía fue oficializada mediante el decreto 519. El efectivo pampeano quedó fuera de la fuerza por incumplir los plazos de asistencia obligatoria.

Un cabo de la policía de La Pampa fue apartado de sus funciones de manera definitiva por decisión del Gobierno provincial. La medida se tomó después de que el agente dejara de presentarse a cumplir con sus turnos asignados sin mediar ninguna explicación oficial. Esta desvinculación administrativa implica la pérdida inmediata del estado policial y de todos los beneficios asociados a la jerarquía que ostentaba hasta el momento de la firma de la resolución.

El efectivo sancionado tiene 35 años y desempeñaba tareas dentro de la fuerza pampeana hasta que su ausencia prolongada activó los protocolos internos de control. Según los registros de la institución, el hombre se ausentó de su puesto de trabajo por un período superior a las 72 horas. Esta falta de presencia física en el servicio, sin una causa justificada que fuera avalada por sus superiores, es considerada una de las transgresiones más graves dentro del régimen disciplinario.

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La destitución quedó plasmada en el Decreto N° 519, un documento oficial que lleva la firma de las autoridades provinciales con fecha del 16 de abril de este año. La resolución establece la orden de "destituir de la Policía de la Provincia de La Pampa con carácter de Cesantía a partir de su notificación" al uniformado implicado. La cúpula de la fuerza ya recibió la instrucción para que el cese de actividades sea total y no haya marcha atrás en la ejecución del sumario.

El fundamento legal para esta cesantía se encuentra en el artículo 62 inciso 4) de la Norma Jurídica de Facto Nº 1034/80. Esta ley regula el comportamiento y las obligaciones de los agentes en el territorio pampeano y contempla sanciones severas para quienes rompen la cadena de mando. El texto es taxativo al indicar que la sanción corresponde por "el abandono de servicio que se prolongue por mas de setenta y dos (72) horas, sin causa justificada".

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El proceso sumarial en sede administrativa determinó que el cabo fue el único responsable de la interrupción repentina de sus tareas de vigilancia. Durante la investigación interna se revisaron minuciosamente las planillas de asistencia y los reportes de los jefes directos del agente para confirmar el incumplimiento. Se consideró que el cabo resultó "en sede administrativa responsable de la comisión de la falta prevista y sancionada" por la normativa que rige a la institución.

Con la firma del documento, el jefe de Policía, Claudio Cano, recibió las facultades necesarias para cerrar el vínculo laboral de forma definitiva. Esto incluye la gestión de los trámites finales que debe realizar la Jefatura para dar cumplimiento a la baja administrativa del personal. La orden bajó directamente desde el Ejecutivo para garantizar que se apliquen los criterios de rigor que exige la ley de personal policial en estos casos.

Un aspecto clave de la resolución es la intervención de diferentes áreas técnicas para liquidar los saldos pendientes con el ahora exefectivo. El Departamento Personal de la Jefatura y el área de Ajustes y Liquidaciones deben coordinar ahora el pago de los haberes correspondientes hasta la fecha de la baja oficial. También se incluyó el cobro de las licencias que el cabo tuviera acumuladas antes de que se produjera la sanción por el abandono de su puesto.

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La transparencia del proceso financiero está garantizada por la Contraloría Fiscal de Tribunal de Cuentas, que deberá auditar cada movimiento de dinero antes de que se emita el pago final. Esta supervisión busca que no existan errores en el cálculo de los días trabajados antes de que el hombre decidiera dejar de vestir el uniforme. Se trata de un procedimiento estándar que se aplica en todos los casos donde un agente es expulsado de la administración pública.

La salida de este cabo de 35 años deja una vacante en la estructura de suboficiales que la fuerza deberá cubrir siguiendo los canales de ascenso habituales. Por ahora, el decreto marca un límite operativo claro para aquellos que incumplan con la carga horaria exigida por la normativa vigente. La provincia mantiene una postura firme respecto a la asistencia perfecta y la notificación inmediata de las inasistencias para evitar sanciones que terminen con la carrera de los uniformados.