Iturrioz apuntó contra la Justicia por frenar operativos contra el lavado de activos
Chubut03/05/2026
Sergio BustosLa conferencia del ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, dejó al descubierto una preocupación que atraviesa varias investigaciones en curso: la relación con el Poder Judicial y las limitaciones que, según planteó, afectan el avance contra el delito organizado. Más allá de la detención de un prófugo, el foco del funcionario se centró en lo que definió como obstáculos estructurales.
Uno de los puntos más sensibles que expuso fue la reducción de medidas solicitadas por la Policía en operativos recientes. En Comodoro Rivadavia, las fuerzas habían pedido 36 allanamientos para desarticular grupos vinculados a tiroteos reiterados, pero solo se autorizaron 16.
“Parece que cayó en saco roto”, expresó Iturrioz, al remarcar que las solicitudes estaban respaldadas por evidencia reunida a partir de cámaras de seguridad y tareas de vigilancia permanente. Según indicó, esa diferencia impacta directamente en la capacidad de desarticular redes delictivas.
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El ministro adelantó que elevará el reclamo a instancias superiores del sistema judicial. “No puede ser que el primer valladar que tengamos para sacar a estos violentos sea el Poder Judicial”, sostuvo, marcando una crítica directa a las decisiones que, desde su mirada, limitan el accionar policial.
Otro eje que generó cuestionamientos fue el abordaje del dinero proveniente de actividades ilícitas. Iturrioz señaló que existen herramientas legales vigentes para avanzar sobre el lavado de activos, pero que no se aplican con la contundencia necesaria.
En ese marco, mencionó el caso de Daniel Jean Camille, a quien describió como un delincuente conocido que avanza en desarrollos inmobiliarios sin contar con ingresos formales. El ejemplo fue utilizado para ilustrar lo que considera una falla en el control del crecimiento patrimonial ligado al delito. Aseguró que no trabajó nunca y se encuentra construyendo un complejo de departamentos.
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“Encontramos sumas millonarias en domicilios y, cuando el sospechoso dice que no es suyo, los jueces nos dicen que no hay nada para hacer”, afirmó, en relación a procedimientos donde no se logró avanzar judicialmente sobre el origen del dinero.
La preocupación también se extiende al circuito de armas de fuego. Iturrioz detalló un caso en el que una persona adquirió legalmente 22 armas, pero tras un allanamiento solo se encontró una, sin que el resto pudiera ser ubicado.
El funcionario advirtió que esas armas podrían estar siendo utilizadas en hechos delictivos, incluso bajo la modalidad de alquiler. Sin embargo, cuestionó que el organismo nacional competente continúe habilitando nuevas compras y que la Justicia haya rechazado medidas en su contra.
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Este escenario, según planteó, evidencia una falta de coordinación entre distintos niveles del Estado. La combinación de fallas en el control de armas, dificultades para avanzar sobre el dinero ilegal y restricciones judiciales configura un panorama que complica las investigaciones.
En ese contexto, el ministro también apuntó a la necesidad de revisar los mecanismos de colaboración institucional. Consideró que sin un trabajo articulado entre fuerzas de seguridad, Justicia y organismos nacionales, las respuestas frente al delito quedan debilitadas.
“Todos los legítimos usuarios de Comodoro Rivadavia vamos a pedir que nos permitan inspeccionar, porque esto es un aporte vital para estos homicidios y tiroteos diarios”, concluyó, al insistir en la necesidad de medidas más estrictas.
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