Los ministros cobrarán 8 millones en junio por un aumento acumulado del 123 por ciento

El Gobierno nacional autorizó el descongelamiento de haberes para más de mil cargos jerárquicos. La medida busca frenar la salida de técnicos del gabinete oficial.

Los recibos de sueldo de la cúpula del Poder Ejecutivo mostrarán un salto significativo en los depósitos bancarios de los primeros días de junio. Mientras el presidente sostiene que su remuneración personal permanece estática, la estructura jerárquica que lo rodea percibirá haberes brutos que alcanzan los $ 8.019.838. Esta actualización responde a una serie de incrementos acumulados que sumaron un 123,8% durante los últimos cinco meses de gestión.

La base legal de este movimiento administrativo se apoya en el decreto 931/2025, firmado a principios de enero para normalizar una situación salarial que llevaba casi dos años de inactividad. La medida no se limita solo a los nombres más conocidos del gabinete, sino que derrama sobre una estructura de más de 1.000 funcionarios. Entre los beneficiados aparecen subsecretarios, directores nacionales y titulares de organismos descentralizados que gestionan el día a día de la administración pública nacional.

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El esquema salarial posiciona a los ministros y secretarios con rango ministerial en la cima de la pirámide de cobro. Manuel Adorni, Karina Milei y los titulares de las carteras nacionales percibirán exactamente los mismos montos según las proyecciones de liquidación para el próximo mes. Esta cifra representa un ajuste progresivo que comenzó en diciembre pasado, cuando esos mismos cargos promediaban ingresos brutos por poco más de 3,5 millones de pesos.

Los niveles intermedios de la gestión también recibieron actualizaciones que duplicaron sus ingresos previos en apenas un semestre. Un secretario de Estado pasó de ganar cerca de 3,2 millones de pesos a una remuneración que en mayo se sitúa por encima de los 7,3 millones. En el caso de los subsecretarios, el incremento acumulado llevó sus haberes desde los 2,9 millones originales hasta alcanzar los $ 6.761.656 en la última liquidación informada por el Estado.

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En los pasillos de la Casa Rosada justifican la decisión como un paso necesario para garantizar la operatividad de los ministerios y entes autárquicos. Algunos colaboradores directos del presidente advierten que el congelamiento previo generaba una fuga de funcionarios hacia el sector privado o cargos en otros poderes del Estado. Según esta mirada oficial, era indispensable otorgar un "sinceramiento" para darle valor a la responsabilidad que implica poner la firma en actos de gobierno de alta complejidad técnica.

La medida colisiona con el discurso de austeridad extrema que el propio Javier Milei intentó reforzar en sus últimas apariciones públicas frente a la prensa. Durante una reciente alocución, el mandatario se señaló a sí mismo como el principal perjudicado por la inflación al no haber modificado su ingreso desde la asunción. "¿Saben a quien es al que peor le fue en esta economía en términos reales? A mí, que soy el único que no se modificó el sueldo desde que asumí", sentenció el presidente ante su gabinete.

El cálculo oficial para validar estos porcentajes se basó en una comparación con la inflación acumulada entre principios de 2024 y comienzos de este año. Desde el Gobierno señalan que la suba de precios en ese período alcanzó niveles cercanos al 194%, mientras que los aumentos otorgados quedaron por debajo de esa marca inflacionaria. "No hubo retroactivo, el aumento fue sobre el sueldo de enero, cobrado en febrero. Y desde ahí se ajusta por paritaria", explicaron fuentes directas de la administración pública.

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Este no representa el primer intento de la gestión por actualizar los haberes de la planta política desde el inicio del mandato libertario en diciembre de 2023. Hubo idas y vueltas previas que incluyeron decretos anulados y fuertes cruces con la oposición por las dietas de los legisladores nacionales, que llegaron a los 11 millones de pesos. El malestar interno escaló cuando se conoció que senadores percibían montos superiores a los de un ministro, lo que aceleró el proceso de normalización para los cargos del Ejecutivo.

El nuevo criterio salarial cuenta con el aval de las firmas de Diego Santilli y el propio Adorni, pero mantiene una condición estricta de cumplimiento económico mensual. Los aumentos quedarían suspendidos de forma automática en caso de que se quiebre el compromiso de equilibrio fiscal que guía la macroeconomía nacional. Esta cláusula deja el futuro de los ingresos de la alta burocracia estatal atado directamente a la salud de las cuentas públicas y el sostenimiento del superávit.