El duro relato de la vecina que escuchó cómo habrían matado a Ángel

Una testigo directa describió el estado del nene de 4 años antes de morir y reveló cómo los detenidos quemaron objetos en el patio días después del hecho. La justicia ahora investiga el rol de los funcionarios que avalaron la tenencia.

Karen, vecina lindera a la vivienda de chapas donde mataron a Ángel Nicolás López, todavía convive con el impacto de haber tenido al nene en sus brazos cuando ya no había retorno. El domingo de Pascuas, Mariela Altamirano la despertó a los gritos pidiendo ayuda para llevar a su hijo a urgencias bajo una excusa que no coincidía con la realidad. "Sus labios estaban azules y su cuerpo era una gelatina, no tenía movimiento", recordó la joven sobre el momento exacto en que intentó tomarle el pulso y percibió que el pequeño ya no reaccionaba.

La convivencia en esa zona de Comodoro Rivadavia estaba marcada por los ruidos que atravesaban las paredes de metal y las sospechas constantes de maltrato físico. Los vecinos ya habían pactado realizar una denuncia formal la próxima vez que escucharan un episodio de violencia, pero el ciclo de agresiones se cerró antes de que pudieran intervenir. "Viste cuando sabes que no son correctivos", explicó la testigo al describir los golpes y gritos que se volvieron habituales en la casa de Altamirano y Maicol González.

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Días antes de la tragedia, la imagen de Ángel era muy distinta: se acercaba a la enredadera del patio para acariciar al perro de sus vecinos, apenas asomando sus manos por entre las plantas. Sin embargo, ese entorno de juego convivía con una tensión que estalló la noche del sábado 4 de mayo, cuando el volumen de la música fue tapado por ruidos de chapas y gritos. "El sábado entre las 23 y 24 se escucharon ruidos de golpes de chapa, gritos. Y, de un momento a otro, se apagó el griterío", detalló Karen sobre las últimas horas con vida del menor.

Mientras la policía y los médicos intentaban maniobras de RCP sin éxito, la conducta del padrastro generó una indignación profunda en los presentes por su falta de reacción emocional. Maicol González observaba el despliegue de las ambulancias mientras sostenía a su propia bebé de seis meses, manteniendo una postura de total indiferencia frente a la agonía del nene. Para los vecinos, esa calma no era casual: sospechan que sus conocimientos en artes marciales le permitían golpear sin dejar marcas superficiales evidentes a simple vista.

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La actividad en la casa de los sospechosos no cesó con la detención inicial, sino que incluyó movimientos orientados a la destrucción de posibles pruebas de interés para la causa. Menos de 48 horas después del fallecimiento, un fuerte olor a quemado alertó a los habitantes de la propiedad lindera, quienes observaron una escena perturbadora en el patio. "Me levanté rápido porque pensé que habían venido a prender fuego la casa y era el tacho de YPF. Estuvieron quemando cosas ahí", relató la vecina sobre la maniobra de la pareja.

Este relato se vuelve una pieza fundamental ahora que el padre biológico del menor, Luis López, se constituyó como querellante con el patrocinio del abogado Roberto Castillo. La estrategia legal no se limita a los autores materiales, sino que apunta directamente a la psicóloga Jennifer Grisel Leiva, del Servicio de Protección de Derechos. Se le imputa haber redactado los informes que convencieron al juez Pablo José Pérez de quitarle el nene a su padre para entregarlo a una mujer con antecedentes de abandono.

En la instancia judicial, el testimonio de la vecina sobre el estado del cuerpo y las quemas nocturnas contrasta con la versión que dio González en su audiencia de detención. El hombre intentó justificar los hechos asegurando que "en el ámbito familiar a Ángel se lo corregía o se le daba un coscorrón como a cualquier nene", buscando minimizar la autopsia que reveló 22 impactos en el cráneo. La justicia mantiene a ambos en prisión preventiva, mientras Altamirano permanece bajo custodia en el Instituto Penitenciario entre Trelew y Madryn.

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La fiscalía espera que los resultados complementarios de la autopsia y el peritaje de los celulares permitan reconstruir qué sucedió en ese lapso de silencio tras los gritos del sábado a la noche. La querella sostiene que hubo un abandono de persona seguido de muerte por parte de los funcionarios públicos que debían monitorear el bienestar de Ángel en su nuevo hogar. El caso dejó al descubierto una cadena de negligencias que terminaron con un nene de cuatro años sin signos vitales en un Hospital Regional que no pudo hacer nada.