
El Congreso cerca a los bancos por la mora familiar más alta en dos décadas
Política07/05/2026
REDACCIÓNCasi todos los bloques legislativos se unieron para impulsar una batería de leyes que imponen quitas agresivas a las deudas y nuevos impuestos al sistema financiero. Los atrasos en los pagos se cuadruplicaron en un año y el oficialismo es el único que resiste la intervención.

El sistema financiero argentino enfrenta una presión que combina el deterioro social con una ofensiva legislativa sin precedentes en la historia reciente. Los datos oficiales del Banco Central revelan un escenario crítico: la irregularidad en los préstamos para personas físicas saltó del 2,94% al 11,2% en apenas doce meses. Esta cifra representa el nivel de morosidad más alto de los últimos 20 años y ha generado un consenso opositor que busca forzar un alivio por vía legal para los 6,3 millones de personas atrapadas en el sobreendeudamiento.
La respuesta política en el Congreso se cristalizó en un bloque heterogéneo que incluye al kirchnerismo, radicales, la Coalición Cívica e incluso a exintegrantes de La Libertad Avanza y el PRO. A diferencia del texto original que los lista como bloques aislados, estas fuerzas hoy actúan en sintonía para tratar 14 proyectos de ley que van desde la suspensión de ejecuciones hipotecarias hasta el regreso de los créditos de la ANSeS por hasta $1,5 millones. La magnitud del acuerdo parlamentario deja al oficialismo en una soledad absoluta, apostando únicamente a que una futura baja de tasas solucione el conflicto.


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Dentro del abanico de propuestas, el plan más ambicioso contempla un "régimen de desendeudamiento" con cuotas que no superen el 30% de los ingresos netos del deudor. Entre los firmantes aparecen figuras de peso como Germán Martínez, Cecilia Moreau y Miguel Pichetto, quienes proponen financiar estos alivios con una contribución extraordinaria aplicada directamente a las utilidades de los bancos y las fintech. La iniciativa prevé, además, auditorías sobre el capital de las deudas y la anulación de intereses punitorios en casos de irregularidades detectadas.
El sector financiero mira con desconfianza el avance de estas normas que pretenden fijar techos de gasto y obligar a las tarjetas a rechazar consumos de forma automática. Una de las variantes legislativas, apoyada por legisladores de la Coalición Cívica y Provincias Unidas, busca que los bancos emitan alertas cuando el cliente alcance el 50% de su límite de crédito. La inquietud radica en que estas regulaciones afecten la liquidez y la rentabilidad del sector, justo cuando la mora en billeteras virtuales ya supera el 30%.
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Mientras tanto, en la cúpula del equipo económico, el optimismo oficial choca contra la percepción de la calle. Tanto el ministro Luis Caputo como el titular del Banco Central, Santiago Bausili, sostienen que el sistema se está saneando y que el pico de morosidad ya pasó. "Es un tema de mercado el endeudamiento, una vez que baje la tasa se arregla", repiten desde el entorno libertario, donde la energía está puesta en la reglamentación de la reforma laboral más que en el auxilio a los deudores UVA o de consumo.
Sin embargo, fuentes del sector privado contradicen la visión oficial y aseguran que los atrasos seguirán en aumento al menos hasta junio. Un banquero consultado reconoció que "el Central está preocupado por la mora", ya que este fenómeno pone un piso alto para la reducción de las tasas de interés. Esta parálisis en el financiamiento a las familias actúa como un ancla para cualquier plan de reactivación económica, postergando el consumo interno que el Gobierno necesita para mostrar signos de recuperación.
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La estrategia de la oposición incluye también la creación de fideicomisos alimentados por alícuotas trimestrales de hasta el 2,5% sobre el saldo de los créditos otorgados. Este esquema, impulsado por Unión por la Patria, apunta a que las entidades financieras paguen el costo de la reestructuración de los pasivos familiares. La tensión se traslada ahora a las comisiones, donde se intentará unificar un dictamen que combine las quitas de intereses con la suspensión de embargos judiciales.
Incluso dentro del espectro cercano al Gobierno, voces como la de Marcela Pagano proponen límites estrictos: prohibir nuevos préstamos si el ratio de endeudamiento del cliente supera el 35%. Esto se suma al reclamo de la izquierda, liderada por Myriam Bregman, que exige el cese inmediato de las ejecuciones por créditos UVA y períodos de gracia ante la pérdida del empleo. La coincidencia en el diagnóstico de la crisis de deuda es total, a excepción de las oficinas del Ejecutivo Nacional.















