El Gobierno ya carga con la mayor parte de la culpa por la situación económica, según las encuestas
Política07/05/2026
REDACCIÓNUn estudio de opinión pública revela que el 63,6% de los argentinos identifica a la gestión actual como principal responsable del escenario financiero. La desaprobación trepó al 65,3% y las expectativas a futuro tocaron su piso histórico.
La paciencia social que acompañó los primeros meses de la administración nacional parece haber encontrado un límite infranqueable en la realidad de las góndolas y el costo de vida. Según el último relevamiento de las consultoras Trespuntozero y Alaska, la narrativa que ubicaba a las gestiones anteriores como únicos motores del descalabro económico perdió terreno de forma definitiva. Hoy, una mayoría contundente del electorado deposita la responsabilidad de la situación actual directamente sobre la figura del presidente Javier Milei.
El rechazo al rumbo de la administración no solo es mayoritario, sino que presenta una profundidad que duplica a los sectores que todavía sostienen su apoyo. Los indicadores de gestión muestran un balance negativo donde quienes cuestionan al oficialismo alcanzan un 65,3%, mientras que la aprobación se redujo a apenas un 33%. Este registro marca el punto de apoyo más bajo desde que se inició la serie estadística hace dos años, evidenciando un desgaste acelerado de la imagen presidencial.
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Dentro de este clima de insatisfacción, surgió un dato que altera la agenda de prioridades que el oficialismo intentaba instalar en el debate público. La variable de la corrupción saltó al primer lugar de las preocupaciones con un 38,5%, registrando un aumento de diez puntos desde el inicio del año. Este fenómeno relega a un segundo plano a problemas históricos como la desocupación, la pobreza y la inflación, que aparecen con cifras significativamente menores en el termómetro social.
El incremento en la percepción de irregularidades administrativas coincide con la exposición mediática de diversos episodios internos que impactaron en la opinión pública. Mientras que al inicio de la gestión este ítem rondaba el 20%, los casos vinculados a áreas de discapacidad y manejos en la Jefatura de Gabinete elevaron la sensibilidad ciudadana. Este cambio en la percepción de honestidad estatal debilita uno de los pilares retóricos con los que el Gobierno buscaba diferenciarse de la política tradicional.
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En cuanto al frente económico, el "voto esperanza" que sostenía los niveles de popularidad de la Casa Rosada atraviesa su momento más crítico. El 61,2% de los encuestados manifestó que sus expectativas respecto a la evolución de la economía empeoraron durante el último mes. Esta caída en la confianza sobre el futuro representa un retroceso de 30 puntos si se compara con los registros obtenidos a finales de 2024, rompiendo la inercia positiva que servía de amortiguador para el ajuste.
La suba inflacionaria de marzo, que alcanzó el 3,4%, actuó como un detonante para este cambio de humor en los 1.200 casos relevados a nivel nacional. El estancamiento del poder adquisitivo y la persistencia de los aumentos de precios horadaron la credibilidad de la estrategia oficial para contener la crisis. A diferencia de etapas previas, el argumento del ajuste necesario dejó de ser un consuelo frente a la pérdida real de ingresos de los trabajadores y sectores medios.
La transferencia de responsabilidad política es quizás el dato que más debería inquietar a los estrategas del oficialismo. Mientras que las figuras de Alberto Fernández y Cristina Kirchner sumadas apenas superan el 28% de la culpa por la crisis, el actual Gobierno centraliza casi dos tercios de la reprobación. Este desplazamiento indica que el efecto de la "pesada herencia" se agotó como explicación válida para la mayoría de la población, que ahora demanda resultados inmediatos a la gestión en curso.
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El estudio, dirigido por los analistas Shila Vilker y Juan Courel, arroja una luz de advertencia sobre la fragilidad del respaldo parlamentario y social ante una oposición que todavía no capitaliza este descontento. El informe de 36 páginas, titulado "El estado del debate público", sintetiza un panorama donde el capital político inicial se consumió en la hoguera de la inflación persistente. La falta de un horizonte de mejora tangible para el ciudadano común se traduce en una desaprobación que roza los niveles máximos de la serie.
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