
La Legislatura aprobó la prórroga del Comando Unificado con 22 votos, controles mensuales y límites ante protestas sociales.

La seguridad en Chubut seguirá con presencia coordinada de fuerzas federales durante otro año. La Legislatura aprobó este jueves la prórroga del Comando Unificado, el esquema que permite operativos conjuntos entre la Policía del Chubut, la Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. La autorización habilita al gobernador Ignacio Torres a volver a requerir ese despliegue en tareas de prevención y lucha contra la delincuencia.
La votación dejó un dato político central: el oficialismo consiguió finalmente la mayoría especial que no había reunido en la sesión anterior. El proyecto necesitaba 18 votos porque permite la actuación de fuerzas federales en competencias vinculadas a la seguridad provincial. Esta vez obtuvo 22 votos afirmativos, luego de volver a comisión y sumar respaldos para avanzar con la continuidad del operativo.


OTRAS NOTICIAS:
El rechazo quedó concentrado en cuatro legisladores. Votaron en contra Juan Aquino, del bloque unipersonal de la Izquierda; Emanuel Coliñir y Gustavo Fita, de Arriba Chubut; y Tatiana Goic, de Primero Chubut. La aprobación mostró un acuerdo más amplio que el oficialismo, aunque también dejó planteadas diferencias sobre el alcance del dispositivo de seguridad.
Uno de los cambios políticos que destrabó el tratamiento fue el acompañamiento del bloque Arriba Chubut, con condiciones vinculadas al control de las fuerzas federales. El presidente del bloque, Juan Horacio Pais, había anticipado que su espacio acompañaría la prórroga si quedaban incorporadas restricciones específicas. “Planteamos una restricción específica donde las fuerzas federales no puedan participar en ninguna acción contra una protesta social”, explicó el legislador.
OTRAS NOTICIAS:
Pais también remarcó el límite que buscó fijar dentro del esquema aprobado. “No quiero que una fuerza federal intervenga en conflictos sociales dentro de Chubut”, sostuvo al fundamentar la posición. Esa condición introdujo una separación entre los operativos contra delitos y la intervención en reclamos sociales, un punto sensible para sectores opositores y organizaciones políticas.
La transparencia será otro de los puntos de seguimiento durante la nueva etapa del Comando Unificado. Según el planteo incorporado al debate, el Ministerio de Seguridad deberá publicar estadísticas mensuales en su página web. La intención es que los ciudadanos puedan monitorear el funcionamiento del operativo y contrastar sus resultados con información oficial disponible.
OTRAS NOTICIAS:
El Gobierno provincial defendió la continuidad del esquema con datos sobre reducción de delitos en los principales centros urbanos. En la exposición de motivos, sostuvo que el trabajo conjunto permitió “resultados concretos” en prevención, controles territoriales, investigaciones y operativos. También planteó que el Comando Unificado dejó de ser una medida “excepcional” para funcionar como una herramienta permanente ante delitos complejos, narcotráfico y violencia urbana.
Los números presentados por el Ejecutivo se concentraron especialmente en Trelew y Comodoro Rivadavia. En Trelew, el informe oficial indicó una baja del 22,8% en robos y hurtos, una caída del 23,8% en hechos consumados, una reducción del 37,2% en delitos violentos y un descenso del 40,9% en asaltos con armas de fuego. En Comodoro Rivadavia, el Gobierno señaló una disminución del 16,2% en robos y hurtos en general y del 20,6% en robos con armas blancas.
OTRAS NOTICIAS:
El proyecto también sostuvo que la tasa de homicidios se mantuvo estabilizada en los principales centros urbanos de la provincia. Ese dato fue utilizado por el oficialismo para respaldar la continuidad del despliegue federal junto a la policía provincial. La estrategia del Gobierno apunta a sostener el dispositivo como una política de seguridad estable, no como una respuesta acotada a una emergencia puntual.
La prórroga deja al Comando Unificado con un nuevo plazo de funcionamiento, pero también con mayores exigencias de control político y público. La publicación mensual de estadísticas, el límite ante protestas sociales y la participación de fuerzas federales quedarán bajo observación durante el año autorizado. El resultado pendiente será comprobar si los datos oficiales de reducción del delito se sostienen bajo el nuevo período aprobado por la Legislatura.

















