Tras dos décadas de silencio, la Justicia Federal financió un operativo de 22 millones de pesos para buscar los restos de Iván Torres en el Cementerio Oeste.
Las palas y los tamices del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) comenzarán a remover la tierra del Cementerio Oeste este lunes 11 de mayo. El objetivo es identificar restos óseos en el sector de las tumbas NN, en un intento por cerrar una de las heridas más profundas de la democracia en Chubut. La medida, postergada durante años por demoras administrativas e impugnaciones, recibió finalmente el impulso del juez subrogante Claudio Marcelo Vázquez, quien coordinará las tareas junto al secretario penal Lautaro Mazzoletti.
El despliegue técnico no es menor y representa una erogación de aproximadamente 22 millones de pesos, fondos que fueron autorizados de forma conjunta por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura. Las excavaciones se extenderán hasta el jueves 15 y buscan dar respuesta a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2011 declaró al Estado Argentino responsable por la desaparición forzada de Iván. En esta etapa inicial, los trabajos se realizarán bajo estricto protocolo pericial y sin la presencia de familiares en el área de excavación.
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Iván Torres tenía 26 años cuando fue visto por última vez en la madrugada del 3 de octubre de 2003, tras ser interceptado por un móvil de la Seccional Primera. Aunque la policía intentó borrar sus rastros manipulando los libros de ingreso, testimonios de otros detenidos confirmaron que el joven estuvo en esa dependencia. David Alberto Hayes, un preso que fue asesinado en la Alcaidía poco después de denunciar el hecho, relató haber visto cómo los efectivos golpeaban a Iván hasta dejarlo desmayado para luego retirarlo “a la rastra” de la vista de los demás internos.
La hipótesis que guía estas exhumaciones sugiere que los restos de Torres podrían haber sido ocultados bajo identidades desconocidas en el cementerio local tras sufrir torturas fatales. Esta línea investigativa se reactivó luego de que la jueza Marta Yañez ordenara las medidas hace dos años, aunque su ejecución quedó en pausa hasta la actual subrogancia de Vázquez. Mientras los antropólogos trabajan en el terreno, el Ministerio de Seguridad de la Nación mantiene vigente una recompensa de 15 millones de pesos para quien aporte datos certeros sobre el paradero.
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El caso ya cuenta con cuatro policías condenados en dos juicios previos, pero la red de encubrimiento se presume mucho más amplia. En 2016, el Tribunal Oral Federal sentenció a Fabián Alcides Tillería y Marcelo Alberto Chemin, acreditando que participaron en la cadena de custodia y en el hostigamiento. Posteriormente, en 2021, un segundo proceso terminó con las condenas de Pablo Miguel Ruiz y Mario Alberto Gómez, quienes formaban parte de la guardia de la Seccional Primera la noche de la desaparición.
A pesar de estas sentencias, la familia de la víctima mantuvo una postura crítica hacia la justicia local, recusando a varios magistrados y fiscales de Comodoro Rivadavia por considerar que sus actuaciones fueron negligentes. Esta desconfianza motivó que la Cámara Federal designara a jueces de otras jurisdicciones para garantizar la imparcialidad en la búsqueda. La desaparición de Iván fue tan emblemática que forzó a la Argentina a sancionar la Ley 26.679, incorporando definitivamente el delito de desaparición forzada en el Código Penal.
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El operativo en el Cementerio Oeste intentará rescatar información de un predio donde el anonimato de las tumbas NN ha funcionado como un muro para la investigación durante más de 20 años. Otro testigo clave, Miguel Ángel Sánchez, sostuvo en su momento haber compartido tiempo de encierro con Iván en octubre de 2003, lo que refuerza la teoría de que el joven permaneció con vida varios días dentro de la estructura policial antes de su eliminación física. La brutalidad del caso se refleja en el destino de quienes se atrevieron a hablar: Hayes fue apuñalado en prisión apenas una semana después de pedir protección internacional.
La mirada de los organismos de derechos humanos está puesta sobre el resultado de estas pericias forenses, que representan una de las últimas cartas técnicas para hallar el cuerpo. La complejidad de la causa se evidencia en la cantidad de absoluciones por el beneficio de la duda que han beneficiado a otros efectivos, lo que derivó en la orden de la Cámara de Casación de revisar esos fallos. Mientras el EAAF analiza cada resto óseo hallado en las próximas 96 horas, la presión internacional sobre el Estado Argentino sigue activa para que se identifique a la totalidad de los culpables.
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El inicio de estas tareas forenses ocurre en un contexto de renovado interés oficial por resolver las desapariciones de larga data en la Patagonia. No obstante, la resolución definitiva de la causa Iván Torres aún tiene una instancia pendiente de gran relevancia en los tribunales. Todavía resta la realización de un tercer juicio oral contra otros efectivos de la fuerza policial, un proceso que sigue sin fecha firme pero que resulta indispensable para desarticular la estructura de responsabilidades que permitió el ocultamiento del joven hace ya 23 años.
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