La Pampa insiste con el amparo ambiental frente a la nueva Ley de Glaciares

Política09/05/2026

El gobierno provincial apelará el fallo que permite la aplicación de la reforma. El conflicto por el río Atuel marca el trasfondo de una pelea por el agua.

Juan José Baric, titular del Juzgado Federal de Santa Rosa, rechazó suspender la reforma de la Ley de Glaciares pedida por el gobierno de Sergio Ziliotto. El magistrado consideró que no correspondía dictar la medida cautelar de alcance nacional, aunque habilitó la continuidad del amparo ambiental colectivo. Esta decisión obliga al Poder Ejecutivo a responder sobre la validez de los cambios técnicos que modificaron la protección de las reservas de agua en todo el territorio argentino.

La fiscalía de Estado provincial confirmó que presentará un recurso de apelación para intentar revertir el dictamen en una instancia superior. Los asesores legales consideran que la vigencia de la norma actual expone a los ecosistemas a daños que resultan imposibles de reparar en el tiempo. El eje de la demanda sostiene que el Congreso Nacional vulneró el concepto de presupuestos mínimos que establece la Constitución Nacional para el cuidado del ambiente.

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El fantasma del río Atuel sobrevuela esta disputa judicial y justifica la desconfianza de las autoridades pampeanas hacia la gestión interprovincial de los recursos hídricos. La Pampa mantiene un reclamo histórico contra Mendoza por el corte del caudal, un caso donde la Corte Suprema ya fijó un ingreso mínimo permanente de "3,2 m³/s". Sin embargo, la falta de cumplimiento de esta sentencia refuerza el temor de que una ley de glaciares más flexible termine perjudicando a las provincias ubicadas aguas abajo de las cuencas.

El representante legal de la provincia, Andrés Gil Domínguez, vinculó la reforma aprobada el 9 de abril con un retroceso en los derechos de las próximas generaciones. El abogado sostuvo que este expediente involucra "la afectación sustancial del derecho al ambiente para estas generaciones y las futuras". Para la querella pampeana, el amparo busca evitar que la protección de los glaciares quede sujeta a las necesidades fiscales o productivas de cada administración provincial por separado.

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La nueva normativa traslada a cada distrito la potestad de identificar y administrar sus áreas protegidas, eliminando el rol centralizador que tenía el Estado nacional. Organizaciones ambientales denuncian que este esquema reduce la protección automática y otorga un margen de discrecionalidad peligroso para excluir zonas del inventario nacional. El temor principal radica en que la falta de un control técnico externo, como el que ejercía el Ianigla, facilite la aprobación de proyectos mineros en ambientes periglaciares.

Desde la Casa Rosada, el jefe de Gabinete Manuel Adorni defendió la validez de la reforma basándose en una interpretación federal de la propiedad de los recursos. El funcionario afirmó que la medida "les devuelve a las provincias la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio originario" de sus riquezas naturales. Bajo esta lógica, el Gobierno nacional sostiene que los gobernadores son los encargados más eficientes para decidir sobre la relevancia hídrica de sus propios territorios.

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La Universidad Nacional de La Pampa y diversas entidades ecologistas acompañan la acción de inconstitucionalidad para reforzar el carácter colectivo del reclamo. Las organizaciones ya presentaron más de "850.000 firmas" ante la Justicia para manifestar el rechazo civil a las modificaciones legislativas. Este frente común advierte que la descentralización de decisiones hídricas pone en riesgo la unidad de las cuencas que atraviesan múltiples provincias y requieren un manejo integral.

La estrategia jurídica de La Pampa ya contempla la vía internacional debido a lo que consideran una inacción sistemática del Estado nacional en materia de agua. Gil Domínguez enfatizó que la provincia denunció la situación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, argumentando que "ni el Gobierno nacional ni Mendoza han cumplido" con los fallos previos de la Corte Suprema. Esta presión externa busca sentar un precedente sobre la responsabilidad de proteger las nacientes de los ríos frente a cambios en la legislación interna.

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El trámite en los tribunales federales de Santa Rosa continuará ahora con el análisis sobre el fondo de la cuestión constitucional. El Estado Nacional deberá justificar por qué la transferencia de competencias no implica una degradación de los estándares ambientales vigentes hasta el año pasado. El resultado final de este expediente marcará si la soberanía sobre los recursos naturales puede ejercerse sin comprometer el acceso al agua de las poblaciones vecinas.

Fuente: LA NACION.