Evo Morales se atrinchera en Cochabamba para evitar su captura por trata de personas
Actualidad10/05/2026
REDACCIÓNEl exmandatario fue declarado en rebeldía tras negarse a declarar ante la justicia de Tarija. Sus seguidores montaron una guardia permanente en su bastión cocalero para impedir la detención, mientras la fiscalía asegura tener más de 170 pruebas por el presunto vínculo con una adolescente.
La justicia de Bolivia dictó el arraigo y la orden de aprehensión contra Evo Morales, quien permanece recluido en el centro del país bajo la custodia de sus bases sindicales. El juez Nelson Rocabado tomó la determinación luego de que el líder cocalero faltara a dos citaciones consecutivas para explicar su presunta vinculación con una menor durante su ejercicio de la presidencia. En su refugio de Cochabamba, el exjefe de Estado se mantiene rodeado de seguidores que vigilan día y noche para bloquear cualquier intento de las fuerzas de seguridad por ejecutar la anotación preventiva de sus bienes.
La causa por "trata agravada de personas" investiga un supuesto vínculo sentimental iniciado en 2016 con una adolescente, relación que habría derivado en el nacimiento de una hija. La fiscalía departamental de Tarija sostiene que el exmandatario habría utilizado su posición de poder para otorgar beneficios y cargos políticos a la familia de la joven. Mientras tanto, la víctima se encuentra radicada en Argentina junto a su hija, buscando evitar lo que su entorno describe como una persecución sistemática contra su círculo íntimo.
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El inicio del juicio oral, previsto para este lunes, reavivó el historial de escándalos personales que acompañaron la trayectoria de Morales desde antes de llegar al Palacio Quemado. Ya en 1997 y 2002, el dirigente fue obligado por la justicia a reconocer la paternidad de sus hijos Álvaro Morales Peredo y Evaliz Morales Alvarado. En aquel entonces, las denuncias apuntaban a una situación de precariedad y a la falta de pago de manutención familiar por parte de Morales, quien finalmente aceptó el vínculo cuando los menores ya tenían 12 y 8 años respectivamente.
La dinámica entre el poder político y sus relaciones afectivas tuvo su punto más alto con el caso de Gabriela Zapata, gerente de una empresa china beneficiada con contratos estatales millonarios. El episodio estuvo marcado por la controversia sobre un hijo en común cuya existencia fue confirmada y luego desmentida por el propio entorno presidencial. Según las versiones oficiales de aquel momento, el niño habría fallecido al poco tiempo de nacer sin que el exmandatario llegara a conocerlo, aunque la trama judicial terminó con la condena de Zapata por legitimación de ganancias ilícitas y falsedad ideológica.
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El actual presidente de Bolivia, Luis Arce, quien acompañó a Morales como ministro de Economía durante casi todo su mandato, rompió el silencio institucional al calificar estas relaciones con menores como un "secreto a voces". Las imágenes filtradas de Morales junto a jóvenes con una diferencia de edad de hasta 41 años alimentaron denuncias por "estupro", un delito que el Código Penal boliviano sanciona con penas de hasta seis años de prisión.
Desde su trinchera en el Chapare, Morales insiste en que es víctima de una "brutal persecución judicial" orquestada para inhabilitarlo políticamente. Su abogado, Nelson Cox, adelantó que el expresidente no se presentará a declarar por considerar que el tribunal es "ilegal" y no respeta los estándares internacionales. A través de sus redes sociales, Morales afirmó que no busca la impunidad, sino una justicia "autónoma del poder político" que evalúe las pruebas de forma objetiva.
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El fiscal José Mogro informó que la notificación para el juicio debió realizarse mediante edictos de prensa ante la imposibilidad de acceder al entorno del acusado. La fiscalía asegura haber recolectado "más de 170 pruebas" que vinculan al exjefe de Estado con la red de beneficios otorgados a cambio de favores personales. El proceso judicial llega en un momento de máxima fragmentación del partido gobernante, donde los pedidos de renuncia y los bloqueos sociales presionan sobre la gestión de Arce.
La defensa de Morales argumenta que los ataques a su vida privada son una estrategia recurrente para desgastar su imagen pública. Sin embargo, el avance del juicio oral en Tarija parece haber agotado los márgenes de maniobra política que durante décadas rodearon estas denuncias. La mirada internacional se posa ahora sobre el juzgado de Rocabado, donde el cruce de testimonios podría terminar de reconstruir las zonas grises del ejercicio del poder en Bolivia entre 2006 y 2019.
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