El ajuste paraliza carreras universitarias en Santa Cruz y dispara pedidos de ayuda psicológica

Actualidad10/05/2026

Estudiantes de cuarto año no pueden abrir materias por falta de pago a docentes, mientras el reclamo por salud mental encabeza las demandas juveniles. La diputada Moira Lanesan advirtió que la angustia por las deudas y las tarifas ya desborda la capacidad de contención social.

La crisis presupuestaria en las universidades nacionales con asiento en Santa Cruz dejó de ser una discusión de planillas para transformarse en un muro infranqueable para los estudiantes. En la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), alumnos que deberían cursar el cuarto año de la carrera de Comunicación se encuentran con una parálisis total de su trayectoria académica. La imposibilidad de abrir materias no responde a una falta de profesionales, sino a que el sistema "no puede abrir la materia, porque no se le puede pagar a los docentes", según denunció la legisladora nacional Moira Lanesan.

Esta situación de asfixia en la UTN y la UNPA genera una incertidumbre profunda sobre la continuidad de los estudios superiores en la provincia. El conflicto docente, derivado directamente del recorte de fondos, funciona como una pieza más de lo que la diputada calificó como una "máquina de impedir" por parte de la gestión central. Ante este escenario, se impulsó un proyecto legislativo en conjunto con las autoridades académicas, entre ellas la rectora Puebla y la decana Karina Franciscovic, para intentar frenar el deterioro de la educación pública.

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Sin embargo, el impacto del ajuste no se limita a las aulas, sino que se manifiesta con crudeza en el equilibrio emocional de la población joven. Durante un encuentro reciente en Río Turbio, que reunió a unos 40 universitarios y adolescentes de entre 18 y 22 años, la demanda de asistencia psicológica fue unánime. "Los cuatro grupos pidieron salud mental", confirmó Lanesan, señalando que la principal preocupación de las nuevas generaciones ya no es solo el título, sino la necesidad de contención ante un entorno hostil.

La fragilidad emocional que detectan los relevamientos sociales no está desvinculada de la economía doméstica de las familias santacruceñas. El encarecimiento de los servicios básicos y la pérdida de poder adquisitivo generan un estado de alerta permanente que impide la planificación básica de la vida cotidiana. La legisladora describió este fenómeno como una sensación de asfixia: "La gente no puede llegar a fin de mes y la gente está ahogada, preocupada, triste", graficando que el malestar trasciende cualquier frontera partidaria.

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Una escena en un supermercado local funcionó como termómetro de esta tensión social invisible que afecta a los trabajadores registrados. Una cajera, agobiada por la imposibilidad de afrontar el pago de la luz y el gas, confesó que no podía concentrarse en sus tareas por la presión de las deudas acumuladas. "Tengo que pagar la luz, tengo que pagar el gas, me lo van a cortar. No puedo pensar si todavía no cobré", le relató la trabajadora a la diputada, exponiendo un síntoma de época que atraviesa a más de la mitad de los hogares argentinos.

El aumento desmedido de las tarifas eléctricas y de gas se convirtió en el principal motor de la angustia familiar en el sur del país. Con facturas que registran incrementos de hasta el "1000% de la luz", los salarios destinados a cubrir alquiler, educación y canasta alimentaria se vuelven insuficientes. Incluso para quienes mantienen múltiples empleos, la ecuación financiera resulta insostenible, lo que deriva en un cuadro de estrés crónico que el sistema sanitario actual no alcanza a cubrir adecuadamente.

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En el ámbito político, los concejales de distintas localidades de Santa Cruz también colocaron la salud mental en el primer lugar de la agenda tras un encuentro regional. El diagnóstico coincide en que el hospital público no funciona como debería en esta área, pero también en que el origen del problema es externo a la medicina. La falta de ingresos y el endeudamiento de las familias actúan como disparadores de una crisis de ansiedad colectiva que se profundiza mes a mes.

Lanesan cuestionó que, en lugar de apuntar a políticas públicas de sostén para "seguir formando y seguir capacitando", el ajuste nacional y provincial se aplique sobre áreas de desarrollo estratégico. La preocupación por el futuro de la provincia se acrecienta ante la posibilidad de un endeudamiento que comprometa los recursos de Santa Cruz sin resolver las demandas básicas en salud y educación. Para la legisladora, el ajuste erosiona la posibilidad de sacar adelante el país mediante la capacitación de su gente.

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El próximo 12 de mayo, la comunidad académica volverá a las calles en una marcha universitaria que promete ser masiva en la provincia. El reclamo ya no es meramente corporativo, sino que aglutina el descontento de sectores sociales que ven cómo la educación pública, única vía de movilidad ascendente, se degrada por falta de financiamiento. La defensa de la universidad se perfila así como el último bastión frente a una crisis económica que ya empezó a pasar factura en la salud mental de los santacruceños.

Fuente: Tiempo Sur