Un celular abrió la ruta de las coimas que salpica al novio de Wanda Nara
Policiales10/05/2026
REDACCIÓNLa causa por las SIRA expone un presunto circuito paralelo para acelerar importaciones durante el cepo, con pagos de hasta el 15%.
La investigación por presuntas coimas para destrabar importaciones sumó un capítulo de alto impacto después del levantamiento del secreto de sumario. El expediente, que tramitan el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, apunta ahora a un supuesto circuito paralelo montado alrededor del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), que funcionó entre 2022 y 2023 durante el cepo cambiario.
El nombre que quedó en el centro de esta derivación es Martín Migueles, empresario y actual pareja de Wanda Nara. Según la causa, los peritajes sobre uno de sus teléfonos permitieron detectar conversaciones, audios y contactos que habrían revelado una operatoria para acelerar aprobaciones de importación en plazos muy inferiores a los habituales. La Justicia sostiene, en esta etapa provisoria, que esas autorizaciones podían salir en una semana o diez días, cuando muchas empresas esperaban más de 90 días.
El sistema investigado no se limitaba a gestiones administrativas. De acuerdo con los mensajes incorporados al expediente, los intermediarios ofrecían acelerar permisos a cambio de comisiones que oscilaban entre el 10% y el 15%del valor de las operaciones. Esas sumas se calculaban sobre el dólar oficial o sobre el blue, según la negociación, y luego se distribuían entre distintos actores que intervenían en el circuito.
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Uno de los diálogos más comprometedores involucra a Héctor Ezequiel “Pipo” Caputto, señalado como un nexo para canalizar solicitudes hacia personas con capacidad de influir en las aprobaciones. En uno de los audios analizados, Caputto habría explicado a Migueles el costo de la maniobra con una frase directa: “Es el 15% oficial el costo... Es lo que tenemos que rendir adentro”. Para los investigadores, esa referencia podría aludir a pagos destinados a quienes tenían intervención real en el trámite.
La causa también menciona conversaciones con un contacto agendado como “Ariel Viken”, identificado por los investigadores como Ariel Germán Saponara. En un intercambio de marzo de 2023, Saponara habría consultado a Migueles por contactos para “liberar” declaraciones de importación. Según el expediente citado por medios nacionales, Migueles respondió en un audio que podía sacar una SIRA rápido y que le cobraban entre “un 11 o un 12 por ciento”.
El expediente describe una dinámica económica precisa. En algunas operaciones, se le cobraba a la empresa importadora un porcentaje mayor al costo interno y la diferencia quedaba como ganancia para los gestores. En un caso mencionado en la investigación, vinculado a la firma Neme S.A., la maniobra habría incluido instrucciones para entregar dinero en una oficina sobre la Avenida del Libertador al 8000, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.
Antes de levantar el secreto de sumario, Lijo ordenó allanamientos sobre empresarios ligados al mundo financiero, entre ellos Gonzalo “Gonzalote” Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro “El Turco” Calian. La causa tiene más de 50 personas y empresas bajo análisis y se desprende de una investigación más amplia vinculada al rulo del dólar blue, al acceso irregular al dólar oficial y a movimientos realizados durante el último período de restricciones cambiarias.
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La investigación original comenzó a partir de audios incorporados por Carlos “El Lobo” Smith, un expolicía vinculado a Elías Piccirillo que declaró como arrepentido. En ese primer tramo, la Justicia siguió maniobras asociadas al mercado paralelo, financistas y casas de cambio. Con el avance de las pericias sobre dispositivos electrónicos, apareció la nueva línea vinculada a permisos de importación y posibles pagos para destrabar el sistema SIRA.
El vínculo entre Migueles y Piccirillo también forma parte del mapa que reconstruyen los investigadores. Migueles fue exsocio y allegado al empresario, y ya había sido allanado en la causa contra Piccirillo. En uno de esos procedimientos, la Justicia secuestró teléfonos, computadoras y tablets; según reconstruyó el expediente, el propio Migueles entregó su celular y aportó la clave de acceso.
Todavía resta determinar el grado de responsabilidad penal de cada involucrado. La causa se encuentra en etapa de investigación y las imputaciones deberán ser evaluadas con prueba documental, peritajes tecnológicos, movimientos financieros y eventuales testimonios. Mientras tanto, los investigadores siguen el rastro de otros intermediarios mencionados en las escuchas, entre ellos “Pato” y “La Señora”, esta última señalada como una posible pieza con llegada a áreas estatales vinculadas a la aprobación de importaciones.
El caso expone una zona sensible de la economía argentina durante el cepo: empresas que necesitaban importar, autorizaciones demoradas, dólares oficiales escasos y gestores que habrían ofrecido atajos a cambio de pagos. En ese cruce entre necesidad productiva, controles estatales y negocios financieros, la Justicia intenta reconstruir si existió una red organizada para convertir la urgencia de las empresas en un mecanismo de recaudación ilegal.
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