La Corte Suprema evalúa convertir en oficinas judiciales los bienes decomisados en la causa Vialidad

El Tribunal Oral Federal 2 consultó si los 111 inmuebles afectados por la causa Vialidad sirven para uso oficial antes de ordenar el remate por 685 mil millones.

El Poder Judicial ya analiza si los departamentos y terrenos decomisados en la causa Vialidad terminarán transformados en despachos oficiales o salas de audiencia. La Corte Suprema de Justicia recibió una consulta formal para determinar si los 111 inmuebles identificados en el patrimonio de los condenados poseen una utilidad pública directa para el servicio de justicia. Esta medida congela momentáneamente la posibilidad de un remate inmediato para recuperar los 685.000 millones de pesos fijados en la sentencia condenatoria.

El camarista Rodrigo Giménez Uriburu remitió un oficio a la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura para saber si alguno de estos bienes “será afectado y asignado, por razones de un mejor servicio de justicia, para su propio uso [por la Corte] o para el del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación”. El pedido busca optimizar el uso de activos antes de que pasen a la instancia de subasta pública bajo la órbita de la administración de bienes decomisados. La logística judicial de Santa Cruz y la Capital Federal podría verse modificada si se asignan propiedades que hoy figuran bajo titularidad de la familia Kirchner o de Lázaro Báez.

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El inventario que la justicia tiene sobre la mesa se reparte de forma desigual pero con una clara concentración en el sur del país. Lázaro Báez aporta el grueso del volumen con 84 inmuebles, mientras que Máximo y Florencia Kirchner figuran como titulares de 19 propiedades que recibieron como adelanto de herencia. En este bloque también se incluye un terreno de Cristina Kirchner en El Calafate que supera los 6.000 metros cuadrados y fue adquirido durante su primera presidencia en el año 2007.

La Cámara Federal de Casación Penal le otorgó luz verde a esta ejecución al desestimar los planteos que buscaban proteger el patrimonio de los hijos de la expresidenta. Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña consideraron que el recupero de activos debe traducirse en un efecto económico tangible y no quedar atrapado en tecnicismos de titularidad. Según el tribunal, la medida no representa un castigo contra los herederos sino una herramienta indispensable para reparar el daño causado al erario público de forma efectiva.

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Si el valor de estas propiedades no logra cubrir la cifra astronómica del decomiso, el tribunal ya tiene previsto ampliar el radio de acción sobre otros condenados del expediente. En esta lista de espera patrimonial aparecen exfuncionarios de peso como el exsecretario de Obras Públicas José López y varios exdirectores de Vialidad, entre ellos Raúl Pavesi y Mauricio Collareda. La justicia busca asegurar la neutralización concreta del beneficio económico obtenido mediante el delito sin importar quién detente la firma de la propiedad en la actualidad.

La doctrina aplicada en este tramo de la causa marca un precedente sobre cómo se rastrea el dinero de la corrupción en entramados complejos. Para la mayoría de la Sala IV, no resulta exigible una trazabilidad lineal entre el sobreprecio de la obra pública y la compra de un departamento específico. Los magistrados sostuvieron que alcanza con probar una vinculación económica razonable para justificar que un bien pase a manos del Estado como medida restaurativa del patrimonio estatal.

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Entre los bienes que los hijos de la exmandataria intentaron resguardar sin éxito se encuentran 10 departamentos en Río Gallegos y diversos terrenos ubicados en la zona del Lago Argentino. Las defensas alegaron que estas propiedades no guardaban relación con las irregularidades en las rutas de Santa Cruz y procuraron limitar el alcance de la ejecución. La resolución judicial subrayó que el decomiso funciona como un mecanismo para devolver al patrimonio público aquello que fue desviado mediante el esquema de asociación ilícita.

El debate interno en Casación dejó una voz discordante que marcaba una frontera distinta para la ejecución patrimonial de los herederos. El juez Mariano Borinsky votó en disidencia parcial al considerar que no estaba suficientemente probado el origen delictivo de algunos bienes que hoy pertenecen a Máximo y Florencia Kirchner. Sin embargo, la postura mayoritaria reafirmó que la pena solo adquiere plena eficacia institucional si se traduce también en la neutralización concreta del beneficio económico obtenido mediante el delito.

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La pelota está ahora en el campo de la Corte Suprema, que deberá definir no solo si acepta los inmuebles para su infraestructura, sino también si hace lugar a la queja presentada por la defensa de Cristina Kirchner. Aunque la doctrina permite avanzar con la ejecución aun con recursos pendientes, la magnitud política de los bienes involucrados suele imponer sus propios tiempos. El destino final de estas propiedades marcará el éxito o el fracaso de la intención judicial de transformar una sentencia escrita en una recuperación de activos real para el Estado nacional.

Fuente: LA NACION.