Ariel Lijo requirió documentación a tres firmas vinculadas a +BE, la consultora de Bettina Angeletti, en una causa por posibles conflictos de interés.
La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó una nueva medida de prueba con foco en la empresa de su esposa, Bettina Angeletti. El juez federal Ariel Lijo solicitó documentación comercial, facturas y órdenes vinculadas a firmas que habrían mantenido relación con +BE, la consultora perteneciente a Angeletti, para determinar si existieron contrataciones irregulares o posibles beneficios derivados de vínculos con el Estado.
El pedido alcanza al Grupo Datco, National Shipping S.A. y Foggia Group, tres empresas mencionadas en la denuncia que dio origen a esta línea de investigación. En abril, Lijo ya había requerido a la Oficina Nacional de Contrataciones que informara si esas compañías registraban contrataciones con el Estado nacional y que, en caso afirmativo, remitiera las actuaciones correspondientes.
La causa se inició a partir de una presentación de la diputada nacional Marcela Pagano, quien denunció un posible esquema de conflictos de interés alrededor de la consultora de Angeletti. Según el planteo, +BE habría tenido como clientes a empresas que, al mismo tiempo, mantenían contratos o relaciones comerciales con organismos estatales o compañías bajo influencia del Gobierno nacional.
Uno de los puntos centrales es la relación con National Shipping S.A., una naviera dedicada al transporte marítimo y fluvial de hidrocarburos. De acuerdo con la denuncia, la empresa es proveedora histórica de YPF, compañía de la que Adorni fue designado director titular Clase A el 30 de enero de 2026. LA NACION informó que la consultora +BE brindó capacitaciones a gerentes y jefes de la naviera en noviembre de 2024 y octubre de 2025 por un total de $6.370.000, según datos atribuidos a fuentes de la firma.
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El expediente también pone el foco sobre Grupo Datco, proveedor tecnológico con vínculos comerciales con organismos públicos. La denuncia menciona servicios vinculados a comunicaciones, mensajería, herramientas digitales y soporte técnico. Por eso, la Justicia busca reconstruir si existieron relaciones económicas entre esa firma, la consultora de Angeletti y áreas estatales bajo supervisión o influencia de la Jefatura de Gabinete.
El tercer nombre bajo análisis es Foggia Group, vinculado en la denuncia a la concesión de Tecnópolis y a actividades de organización de eventos. En el expediente también aparece la referencia a relaciones empresariales y políticas cercanas a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, aunque esa línea todavía debe ser probada mediante documentación y peritajes.
El fiscal Carlos Stornelli había pedido medidas de prueba para saber si existió algún “proceso de simulación” en contrataciones del Estado nacional que pudiera generar un “conflicto de interés” entre la función pública de Adorni y las actividades económicas de su entorno familiar. Infobae señaló que, al momento de ese dictamen, no había imputados en esta causa y que las medidas buscaban verificar los hechos denunciados.
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La pesquisa se desarrolla en paralelo a otra investigación por presunto enriquecimiento ilícito vinculada al jefe de Gabinete. En ese expediente se revisan operaciones patrimoniales, préstamos, gastos y documentación relacionada con propiedades y refacciones, aunque se trata de actuaciones judiciales distintas.
Por ahora, el avance judicial se concentra en seguir el rastro documental: facturas, órdenes de contratación, expedientes administrativos, legajos societarios y vínculos comerciales. La pregunta que busca responder la Justicia es si la consultora de Angeletti prestó servicios privados sin relación con la función pública de su esposo o si, por el contrario, existió un circuito de beneficios cruzados con empresas contratistas del Estado.
El caso todavía se encuentra en etapa inicial y las acusaciones deberán ser comprobadas en el expediente. Sin embargo, el pedido de documentación a empresas y organismos públicos marca un paso relevante: la causa dejó de apoyarse únicamente en la denuncia política y empezó a avanzar sobre papeles, contratos y registros contables que pueden definir el verdadero alcance de los vínculos investigados.
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