El Estado pagó sobreprecios de hasta 4.000% por sillas de ruedas y prótesis en la gestión Milei

Una auditoría técnica detectó que el Estado abonó 12 millones de pesos por equipos que en el mercado cuestan menos de 300 mil. La Justicia investiga una red de proveedores que simulaban competencia para direccionar contratos millonarios.

Una silla de ruedas activa de cuadro rígido tiene un valor de mercado nacional cercano a los 2,8 millones de pesos, pero el Estado Nacional llegó a convalidar facturas por 18 millones por ese mismo insumo. Este desfasaje no representa un error administrativo aislado, sino que forma parte de un esquema de desvíos críticos y sobreprecios en facturas que el Ministerio de Salud acaba de presentar ante la justicia federal. El documento de ocho páginas detalla cómo cinco ortopedias habrían inflado sus valores de manera sistémica para capturar fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El relevamiento oficial, al que tuvo acceso este medio, pone la lupa sobre el Caso Reinoso, Alexis Lautaro, donde el nivel de discrecionalidad alcanzó su punto máximo. En ese expediente, se aprobó el pago de 12,1 millones de pesos por un equipo que, según las referencias técnicas de proveedores externos, tiene un costo real muy inferior. El informe concluye que en este caso específico se configuró un sobreprecio del 4.239% respecto al valor de referencia obtenido para un equipo de prestaciones idénticas, dejando al descubierto una maniobra que excede cualquier margen de actualización inflacionaria.

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La investigación judicial, que ahora cuenta con este nuevo reporte bajo el título "Denuncia irregularidades. Hecho Nuevo", apunta a una estructura coordinada entre empresarios y exfuncionarios. El fiscal federal Franco Picardi ya detectó que la maniobra implicó la erogación de aproximadamente 75.478 millones de pesos provenientes del erario estatal, dinero que terminó en manos de un grupo empresarial muy reducido. Entre los procesados se encuentran Diego Spagnuolo, extitular de la agencia, y su segundo, Daniel Garbellini, quienes habrían permitido el avance de estos expedientes viciados.

Uno de los puntos más oscuros de la operatoria es el funcionamiento del denominado Grupo Belgrano 609, integrado por las firmas Artrobone Ortopedia y Cirugía y Ortopedia Imnova. La auditoría detectó que estas empresas, que en teoría debían competir por los precios, comparten sede social, directivos y poseen lazos familiares directos entre sus integrantes. Esta red maneja una cartera de 153 expedientes que representan más de 3.000 millones de pesos, lo que les otorgaba una posición dominante para distorsionar los principios de libre competencia y razonabilidad del gasto público.

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El contraste de precios con otros organismos del Estado evidencia la magnitud del perjuicio económico para las arcas públicas durante el año 2025. Mientras que el PAMI adjudicó un sistema de válvulas bicaval transcatéter por 124,2 millones de pesos, la ANDIS pagó por el mismo producto 425 millones a la firma Farma Salud. Esa diferencia de 300,8 millones de pesos por una sola unidad representa un incremento del 242% respecto del precio de referencia del PAMI, sin que exista una justificación operativa ni de materiales que sustente semejante brecha.

La situación se repite con las endoprótesis aortobílicas, donde el sobrecosto detectado por los auditores roza lo inverosímil. La firma Farma Salud facturó estas piezas a 369,8 millones de pesos, cuando un antecedente de compra reciente del Estado muestra que el mismo insumo se consiguió por menos de 18 millones. Según el informe remitido al juzgado, este valor equivale a un incremento del 1.972%, es decir, más de 19 veces el valor abonado por otro organismo del Estado, lo que demuestra la falta de controles cruzados entre las dependencias oficiales.

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La auditoría también analizó las sillas de ruedas motorizadas y equipos de alta gama para amputaciones, donde los valores facturados duplican, triplican y hasta centuplican los valores de mercado. En el análisis de diez casos testigo, los peritos determinaron que los desvíos no bajan del 800% de recargo. Estos hallazgos sugieren una vulneración de los principios de eficiencia, transparencia y economía que deben regir toda contratación pública, afectando directamente la disponibilidad de recursos para los beneficiarios del sistema de discapacidad.

Dentro del volumen financiero analizado, que supera los 18.000 millones de pesos, la empresa Farma Salud aparece como la principal beneficiaria con contratos que superan los 11.000 millones. Le siguen en importancia Ortopedia Bernat y el conglomerado vinculado a Imnova y Artrobone. El Ministerio de Salud enfatizó que el informe refleja desvíos de precios injustificables y una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores que operaban bajo una aparente independencia que era inexistente en la práctica.

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A pesar de que gran parte de estos montos ya fueron abonados, todavía existe una porción del presupuesto que se encuentra bajo revisión administrativa y judicial. El documento oficial consigna que unos 4.770 millones de pesos aún están pendientes de liquidación, mientras se desarrollan 35 nuevas indagatorias para determinar las responsabilidades penales de los involucrados. El avance de la causa dependerá ahora de cómo la Justicia procese estos datos que confirman que se pagaron fortunas por elementos esenciales que el mercado ofrecía a una fracción del precio.