Acusan a Losada por "querer intimidar" con su proyecto sobre denuncias falsas

Un informe técnico de los Ministerios Públicos revela que existe apenas un caso de testimonio falso cada casi 4.000 causas penales. Referentes de Derechos Humanos denunciaron a la senadora por intentar "intimidar" a los psicólogos que atienden abusos.

Apenas una denuncia cada 1.098 causas penales iniciadas en Argentina resulta ser falsa. Este dato, que surge de un relevamiento sobre más de 8 millones de casos entre 2023 y 2025, es el corazón de la presentación judicial contra la senadora nacional Carolina Losada. El estudio del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos indica que la incidencia de estas maniobras es de apenas un 0,09% del total, una cifra que para los denunciantes vacía de sustento técnico la intención de endurecer las penas en casos de violencia intrafamiliar.

La legisladora santafesina enfrenta ahora una denuncia en la Justicia Federal liderada por el exjuez Carlos Rozanski, la psicóloga Liliana Hendel y la investigadora Dora Barrancos. Se la señala como presunta responsable de un “plan de coacción e intimidación a profesionales de la psicología y otras disciplinas para disuadirlas de atender a niñas, niños y adolescentes víctimas de abusos sexuales”. Según el texto radicado, la iniciativa legislativa no solo carece de respaldo estadístico, sino que busca amedrentar a quienes deben intervenir en casos de explotación sexual infantil y pornografía infantil.

OTRAS NOTICIAS:

Al jubilado desaparecido lo habrían descuartizado en la parrilla

El proyecto de Losada apunta directamente a modificar el Código Penal para que las denuncias falsas vinculadas a violencia de género pasen de una pena máxima de un año a una escala de 3 a 6 años, convirtiendo el delito en no excarcelable. En el caso del falso testimonio, que involucra a testigos y peritos, la senadora propone elevar el techo de la sanción a los 8 años de prisión. Para los denunciantes, esta asimetría punitiva busca instalar un clima de sospecha sobre quienes denuncian o actúan como peritos en causas de alta sensibilidad.

La brecha entre la propuesta política y la realidad judicial se profundiza al observar que, incluso en ese porcentaje marginal de casos fraudulentos, la mayoría no tiene relación con el género. El 86% de las falsas denuncias corresponde a conflictos de otra índole, como pleitos patrimoniales o laborales, y no se asocian al núcleo de violencia intrafamiliar que la senadora radical tomó como base para su presentación. Los especialistas afirman que "no existe evidencia de una proliferación de falsas denuncias que justifique una reforma penal" de estas características.

OTRAS NOTICIAS:

Cayeron en La Pampa los acusados de las estafas millonarias en el sur patagónico

La lista de delitos que se le imputan a la funcionaria es extensa e incluye figuras graves para un funcionario público. Además de coacción, la presentación menciona el encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y apología del crimen. La denuncia cuenta con el respaldo de figuras de peso en el ámbito de los Derechos Humanos, entre ellos Taty Almeyda, Nora Schulman, Nelly Minyersky y el científico Alberto Kornblihtt, quienes ven en la norma un retroceso en la protección de la niñez.

Losada fundamenta su postura en que se están produciendo medidas judiciales sin pruebas suficientes que dañan injustamente a los denunciados. Sin embargo, los profesionales de la salud mental y del derecho advierten que el efecto real será el silencio de quienes sufren agresiones. Consideran que, si una víctima percibe que su testimonio puede derivar en una persecución penal inmediata en su contra, desistirá de pedir auxilio al sistema judicial, dejando a los agresores en la impunidad.

OTRAS NOTICIAS:

El Estado pagó sobreprecios de hasta 4.000% por sillas de ruedas y prótesis en la gestión Milei

En términos de falso testimonio, la tasa detectada por el Observatorio es todavía menor a la de las denuncias, situándose en un 0.025% del total. Esto significa que solo ocurre un evento de este tipo cada 3.940 expedientes tramitados en las 17 provincias relevadas. Los autores de la demanda sostienen que estos datos refutan empíricamente la premisa central de la senadora, sugiriendo que la reforma penal no responde a una necesidad del sistema de justicia sino a otros intereses.

El endurecimiento de las penas para figuras que ya existen, como los artículos 245 y 275 del Código Penal, genera una tensión directa con los compromisos internacionales de protección de víctimas. La presentación judicial insiste en que aumentar las escalas penales de manera específica para estos delitos actúa como un cepo para las denunciantes. “Si una mujer o una víctima de abuso piensa que una denuncia puede derivar en una persecución penal en contra, muchas desistirán”, advirtieron sobre el posible desamparo de quienes necesitan protección urgente.