Una minera con proyectos en San Juan deberá pagar millones por destruir sitios sagrados

Actualidad12/05/2026REDACCIÓNREDACCIÓN

La Justicia australiana condenó a Fortescue por daños culturales sobre tierras indígenas y el caso volvió a poner el foco sobre el impacto de la actividad minera.

El fallo ordenó a la minera pagar 150 millones de dólares australianos, equivalentes a unos 108 millones de dólares estadounidenses.
El fallo ordenó a la minera pagar 150 millones de dólares australianos, equivalentes a unos 108 millones de dólares estadounidenses.

Una de las compañías mineras más importantes de Australia recibió un golpe judicial histórico después de que un tribunal federal la condenara a pagar una millonaria compensación por daños provocados sobre territorios ancestrales indígenas. La decisión impactó de lleno sobre Fortescue, empresa que además mantiene proyectos de exploración en la provincia de San Juan y que ahora quedó en el centro de una de las mayores sanciones vinculadas a derechos territoriales originarios en ese país.

El fallo ordenó a la minera pagar 150 millones de dólares australianos, equivalentes a unos 108 millones de dólares estadounidenses, a la comunidad indígena Yindjibarndi. La Justicia concluyó que las operaciones mineras realizadas en la región de Pilbara, en Australia Occidental, provocaron daños severos sobre sitios culturales y espirituales pertenecientes al pueblo originario.

La sentencia estuvo vinculada al proyecto Solomon Hub, uno de los complejos de extracción de hierro más importantes de Fortescue. Según el juez federal Stephen Burley, las actividades industriales avanzaron sobre territorios ancestrales sin consentimiento de sus propietarios tradicionales y generaron consecuencias profundas sobre el patrimonio cultural indígena.

El tribunal sostuvo que más de 120 sitios culturales fueron destruidos durante el desarrollo minero y que otros sufrieron impactos significativos por la instalación de minas a cielo abierto, vías férreas, depósitos de residuos e infraestructura industrial. En el fallo, Burley consideró que las operaciones causaron “daños significativos” sobre el patrimonio cultural del pueblo Yindjibarndi.

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Aunque la compensación económica quedó fijada en 150 millones de dólares australianos, la comunidad indígena reclamaba originalmente una cifra muchísimo más alta. Los representantes Yindjibarndi habían solicitado cerca de 1.800 millones de dólares australianos al argumentar que Fortescue obtuvo enormes beneficios explotando territorios sobre los cuales poseen derechos ancestrales exclusivos.

El conflicto judicial se arrastra desde hace casi veinte años y atraviesa buena parte de la expansión minera en Australia Occidental. La disputa comenzó cuando Fortescue avanzó con el desarrollo del yacimiento antes de alcanzar un acuerdo definitivo con la comunidad originaria sobre el uso de esas tierras. Años después, en 2017, la Justicia australiana reconoció formalmente los derechos exclusivos del pueblo Yindjibarndi sobre unos 2.700 kilómetros cuadrados ricos en mineral de hierro.

Durante el juicio, integrantes de la comunidad relataron el impacto espiritual provocado por el avance minero sobre lugares ceremoniales y espacios considerados sagrados. Según expusieron ante el tribunal, la destrucción de esos sitios afectó profundamente el vínculo cultural que mantienen con el territorio desde generaciones ancestrales.

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Fortescue, fundada por el empresario Andrew Forrest, comunicó que acepta la resolución judicial y reconoció el derecho de la comunidad indígena a recibir una compensación. Sin embargo, la compañía también señaló que todavía analizará los fundamentos completos de la sentencia antes de definir los próximos pasos legales.

El caso tomó especial relevancia en Argentina porque Fortescue posee proyectos vinculados a la exploración de cobre en San Juan. La empresa mantiene iniciativas en Nacimiento, ubicado en el departamento Iglesia, además de Susana y Vanesa, ambos localizados en Calingasta y actualmente en etapas intermedias de desarrollo.

La resolución judicial volvió a exponer el creciente peso que adquieren los reclamos ambientales y territoriales alrededor de grandes proyectos extractivos. En Australia, la sentencia aparece como una de las compensaciones más importantes otorgadas bajo las leyes de título nativo, que reconocen derechos específicos de los pueblos originarios sobre determinadas tierras ancestrales.

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