Documentos del juicio oral reconstruyen la misión final del submarino, sus ejercicios tácticos, patrullas de control marítimo y experiencia de la dotación.
Cuatro días antes de la implosión, el ARA San Juan informó que había completado con éxito un ejercicio táctico en el Atlántico Sur. El mensaje fue enviado el 11 de noviembre de 2017, a las 15.50, por el capitán Pedro Martín Fernández al comando en tierra. Ese reporte, incorporado al juicio oral, hoy forma parte de la reconstrucción judicial sobre las últimas órdenes que recibió el submarino.
El documento describió un ataque simulado contra una formación naval integrada por una corbeta MEKO 140 y un destructor MEKO 360. El submarino descendió, maniobró en silencio, penetró la cortina de defensa y comunicó un “lanzamiento simulado” sobre el objetivo. Fernández cerró el parte con una evaluación favorable: “Ejercicio ataque submarino a un núcleo cortinado con alto grado de aprovechamiento por parte de la dotación debido a que se cumplió con el rol de combate de manera integral, se penetró la cortina y se realizó lanzamiento sobre el núcleo”.
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Ese último ejercicio exitoso no clausura la discusión judicial, sino que la vuelve más precisa. Desde el 3 de marzo de 2026, cuatro ex altos mandos de la Armada enfrentan un juicio oral en Río Gallegos por el hundimiento ocurrido el 15 de noviembre de 2017, con 44 tripulantes a bordo. El debate busca determinar si hubo responsabilidades penales por permitir o no impedir la zarpada del buque en un supuesto mal estado.
Los imputados son Luis Enrique López Mazzeo, entonces contralmirante al frente del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada; Claudio Javier Villamide, ex comandante de la Fuerza de Submarinos; Héctor Aníbal Alonso, ex jefe del Estado Mayor del COFS; y Hugo Miguel Correa, ex jefe del Departamento de Operaciones de ese mismo órgano. Los cargos incluyen incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de los deberes del oficio y estrago culposo agravado por la muerte de la tripulación. El eje técnico del proceso está puesto en el estado de alistamiento del submarino, sus reparaciones pendientes y el impacto que esas condiciones podían tener sobre la seguridad de la navegación.
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La planificación comenzó mucho antes de la tragedia, con una orden general del 5 de septiembre de 2017. Ese día, López Mazzeo instruyó al Comando de la Flota de Mar a “efectuar planificación” para la denominada Tercera Etapa de Mar del año naval. La actividad debía iniciarse el 26 de octubre, durar entre 25 y 30 días, incluir 12 días propulsados y contemplar una estadía de tres días en la Base Naval de Ushuaia.
El plan fue tomando forma con el documento RGP–11/17 “C”, elaborado el 17 de septiembre de 2017 por el contralmirante Rafael Prieto desde Puerto Belgrano. Allí se definieron zonas, medios navales, ejercicios anfibios, vigilancia marítima y el hundimiento del ex aviso ARA Comodoro Somellera, que ya había sido retirado del servicio activo y autorizado como buque blanco. El texto ordenaba conformar una Fuerza de Tareas, zarpar hacia Ushuaia, cumplir adiestramiento naval integrado y luego replegar por el litoral patagónico con tareas de control marítimo.
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Dentro de esa planificación, el Comando de la Fuerza de Submarinos recibió obligaciones concretas. Debía alistar hasta dos submarinos, coordinar áreas y momentos de actuación con la Flota, ejecutar patrullaje continuo en la Zona Económica Exclusiva y designar buzos tácticos para colocar cargas explosivas en el buque blanco. El propio plan indicaba que, una vez concluida la operación, el documento debía ser “incinerado sin elevar acta”.
La orden específica para los submarinos llegó el 24 de octubre, mediante la Orden de Operaciones N° 04/17 del COFS. Fue firmada por Alonso, “en ausencia” de Villamide, con intervención de Correa en el planeamiento operacional. Allí se asignaron tareas al ARA Salta, concentradas en el Golfo Nuevo, y al ARA San Juan, destinado a operar en aguas más australes.
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El San Juan debía cumplir tres tramos. Primero, desplegarse hacia Ushuaia e ingresar antes del 2 de noviembre en el área “Alessia”, donde realizaría patrulla antisubmarina. Luego, tras una estadía prevista desde el 4 de noviembre, debía dirigirse al área “Alejandra”, al noreste del Estrecho de Magallanes, para ejecutar el ejercicio de ataque submarino que finalmente reportó como cumplido.
La tercera etapa era la más sensible desde el punto de vista operativo. Bajo el título “Patrulla Control del Mar”, la orden indicaba desplazarse al área “Juliana” para desarrollar una patrulla de exploración con una permanencia mínima de diez días en el Atlántico Sur. El objetivo era identificar buques de interés dentro de la milla 200, entre ellos “REEFERs, logísticos, petroleros” y pesqueros sin AIS o con código no registrado.
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La orden también expresaba el interés de obtener imágenes de esos contactos. El documento señalaba que era “interés de este Comando obtener la identificación mediante imágenes fotográficas o video de los buques de interés en dicha área”. Entre los blancos de seguimiento figuraban el HMS Clyde, de la Royal Navy británica, aeronaves RAF C-130 y aviones de la gobernación de Malvinas.
Antes de zarpar, el submarino contaba con una evaluación administrativa firmada por su comandante. El Índice de Calificación del Estado del Material, rubricado en septiembre de 2017, arrojó el resultado “4,25/5 - Buque Habilitado”. Ese dato aparece ahora dentro del debate judicial junto con las tareas pendientes, las órdenes recibidas y los criterios utilizados para autorizar la navegación.
La experiencia de la dotación también forma parte del expediente. Fernández tenía 366 días de navegación en tres submarinos y 5.341 horas de inmersión; su segundo, Jorge Ignacio Bergallo, acumulaba 223 días y 2.045 horas. La teniente de navío Eliana María Krawczyk, única mujer a bordo, registraba 165 días de navegación y 1.559 horas de inmersión, como jefa del departamento de armamento.
Fuente: Infobae
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