La familia reclama por el cuerpito de Ángel, que sigue en la mogue a más de un mes de su muerte

A un mes y medio del fallecimiento, las diferencias entre el informe de neumonía y los signos de maltrato impiden la entrega del menor, mientras la querella apunta a los funcionarios.

Los depósitos judiciales de la zona sur provincial mantienen bajo estricta custodia médica los restos del niño de cuatro años fallecido a principios de abril, en un escenario de parálisis administrativa que prolonga el sufrimiento de su entorno cercano. Las dependencias forenses de Comodoro Rivadavia no logran destrabar los dictámenes necesarios para autorizar la entrega del cuerpo a los familiares. Las idas y vueltas en torno a los peritajes complementarios bloquean los trámites de inhumación definitivos.

El freno en los plazos judiciales coincide con la incorporación al expediente de un informe clínico que alteró la línea de acción de los investigadores estatales. Los exámenes histopatológicos determinaron de manera reciente que la causa biológica del deceso responde a un cuadro de neumonía bilateral, un diagnóstico que colisiona con las primeras intervenciones policiales en la vivienda de la víctima. Para los allegados directos, este dictamen técnico representa un intento de enfriar la causa, sosteniendo de forma pública que "fue asesinado" con anterioridad al desarrollo de la afección respiratoria.

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La representación legal de la querella, bajo la coordinación del abogado Roberto Castillo, rechazó formalmente las conclusiones de la autopsia médica oficial y sumó nuevas exigencias al tribunal de la causa. El equipo jurídico argumenta que las marcas físicas detectadas en las primeras revisiones demuestran un contexto de desprotección sistemática que no puede ser ignorado por los peritos del ministerio público. En base a estos elementos, la estrategia se orienta ahora a exigir la imputación y detención de los funcionarios públicos que intervenían en la guarda del menor durante las semanas previas al desenlace.

El cuestionamiento institucional avanza de forma específica sobre la actuación del juzgado de familia que determinó el traspaso de la custodia del niño hacia el hogar de su madre biológica. Los allegados de la víctima sostienen que el magistrado a cargo desoyó las presentaciones preventivas del entorno y las propias manifestaciones del menor, quien había expresado de forma reiterada su rechazo a convivir en ese domicilio particular. La investigación penal de la fiscalía intenta determinar si existió omisión de deberes por parte de los trabajadores sociales que debían monitorear las condiciones de habitabilidad de la vivienda.

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La parálisis en los tribunales obligó a los familiares y amigos a trasladar el reclamo de justicia hacia la vía pública mediante pegatinas en sectores comerciales del ejido urbano comodorense. Sin embargo, la acción vecinal sufrió contratiempos debido a la destrucción sistemática de los afiches que exhibían el rostro del nene, un hecho que la madrastra de la víctima, Lorena Andrade, vinculó con maniobras operativas para silenciar el caso. La mujer denunció a través de un descargo digital difundido por el portal local ADN Sur que "cada día duele más" sostener la exposición pública frente al desinterés estatal.

El escenario médico legal que analiza el cuerpo de fiscales se divide en dos hipótesis científicas que presentan consecuencias procesales contrapuestas para los detenidos. Por un lado, subsisten las sospechas de violencia física originadas a partir del hallazgo de 22 hematomas internos detectados inicialmente, los cuales sugerían un patrón de maltrato generalizado. Por otra parte, la irrupción de la patología infecciosa obliga a evaluar si el fallecimiento se encuadra en una negligencia criminal por parte de los guardadores, quienes omitieron buscar asistencia en las guardias hospitalarias ante el agravamiento del cuadro respiratorio.

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Las agrupaciones civiles que acompañan a las víctimas de violencia intrafamiliar en la región manifestaron su preocupación por el destino de las pruebas recolectadas en el domicilio de la calle Ruperto Rasgido. Los peritos de la División Criminalística de la policía provincial realizaron levantamientos de rastros biológicos adicionales para determinar si las lesiones internas guardan correlación temporal con los días en que el menor estuvo privado de contacto con su familia extendida. Los resultados de estas evaluaciones de laboratorio resultarán determinantes para sostener las prisiones preventivas vigentes.

La resolución de la situación procesal de la madre biológica del niño y de su actual pareja sentimental depende de la calificación jurídica final que adopten las autoridades del ministerio público fiscal. Si las pericias definitivas ratifican que el deceso respondió exclusivamente a factores de evolución biológica natural sin mediación de terceros, la defensa técnica de los imputados se encontrará en condiciones de solicitar el sobreseimiento inmediato de sus representados. En caso contrario, la fiscalía modificará la carátula hacia abandono de persona seguido de muerte, sosteniendo el régimen de reclusión actual.