Millonario sobreprecio en las compras de la Fuerza Aérea, para un avión que no está en condiciones de volar

Las pericias técnicas en los hangares de Estados Unidos descubrieron corrosión y fugas de fluido en una nave que ya estaba pintada con los colores oficiales dos años antes de ganar la licitación.

El examen de los componentes estructurales de la última aeronave incorporada al inventario militar de transporte mediano expuso inconsistencias severas que van más allá del desgaste operativo habitual. Los peritos de la comisión técnica que revisaron los sistemas en los talleres de la localidad norteamericana de Springfield detectaron deterioros avanzados que invalidan las garantías de seguridad aeronáutica exigidas para el traslado de personal. Las anomalías mecánicas se complementan con un hallazgo de orden logístico que desmorona el principio de libre competencia de los proveedores: el fuselaje ya lucía el esquema estético de la Fuerza Aérea Argentina desde el período 2023, mucho antes de que se redactaran los pliegos de la convocatoria comercial.

Las actas de la inspección de campo detallaron que la unidad Embraer ERJ-140LR arrastraba una acumulación severa de "33.516 desde que salió de fábrica" bajo un historial de utilización rigurosa que disminuyó su vida útil. Entre los hallazgos mecánicos más preocupantes se documentaron rastros de óxido y corrosión en los frenos del lado izquierdo y en los pernos de las ruedas del tren de aterrizaje principal izquierdo, además de deficiencias en el instrumental de cabina. El informe pericial consignó asimismo la presencia de indicios de fuga de aceite en el motor de arranque del motor y en el actuador del alerón derecho, junto con desgastes excesivos en los mandos de control y faltantes de equipamiento básico de comunicación para la tripulación observadora.

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El andamiaje administrativo montado para convalidar la adquisición de esta unidad con fallas estructurales recurrió a un mecanismo de asignación de partidas diseñado para evadir las auditorías del poder político. El presupuesto fijado para la contratación internacional se estableció de manera deliberada en la suma de "3.9 millones de dólares", un movimiento contable calculado con precisión para ubicarse apenas por debajo del límite de los cuatro millones de dólares que obliga a requerir la autorización del Ministerio de Defensa. La maniobra financiera se completó mediante la utilización de una cuenta de depósito en garantía de tipo escrow, una modalidad que restringe el acceso a los términos del contrato y bloquea la trazabilidad del dinero público frente a los organismos de control parlamentario.

La ingeniería de la contratación se inició formalmente a partir de una solicitud técnica que no correspondía al área con competencia operativa para definir las necesidades de conectividad del territorio nacional. La firma del requerimiento corrió por cuenta del comodoro Pedro Rolando Largel, un ingeniero civil encargado del mantenimiento de materiales que carecía de funciones dentro de la estructura de Líneas Aéreas del Estado (LADE). Los analistas del sector señalan que este pedido irregular respondió a directivas del brigadier Francisco Edgardo Leguiza, actual conductor del Comando de Material, quien se encargó de convalidar las especificaciones técnicas del avión junto al asesor civil Daniel Sergio Burlas.

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La cartelización de la puja comercial se garantizó mediante el acortamiento extremo de los plazos administrativos y la publicación de circulares específicas destinadas a recortar el universo de oferentes. El llamado a licitación internacional se difundió en las plataformas digitales otorgando un plazo de apenas dos semanas para la postulación de las compañías, un período considerado inviable por las firmas del sector para compilar las certificaciones reglamentarias internacionales. Ante la posibilidad de que se presentaran competidores externos, la jefatura emitió una circular aclaratoria complementaria que redujo los modelos autorizados de forma taxativa a las variantes ERJ-140LR, ERJ-145LR y ERJ-145XR.

Esta restricción técnica determinó la desestimación automática de la propuesta económica más competitiva que se había ingresado al sistema de compras a raíz de una prórroga involuntaria en la carga de las fechas. La firma Alpha Aviation Group LLC había presentado un modelo Embraer ERJ-145MP por un valor de "3.820.000 dólares" que disponía de una capacidad de plazas superior y mejores condiciones mecánicas generales. Sin embargo, la mesa evaluadora rechazó la oferta argumentando que las siglas correspondían a un propósito de configuración militar no listado de manera exacta en el pliego de bases y condiciones.

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La exclusión de la competencia dejó el camino liberado a la empresa preseleccionada Regional One Inc., que ingresó una cotización de "4.085.000 dólares" por el avión defectuoso que ya se encontraba pintado con las insignias nacionales en los hangares extranjeros. El sobreprecio convalidado por las jefaturas del Estado Mayor superó el sesenta por ciento del valor real de mercado para unidades de idénticas características técnicas. Los registros comerciales confirman que la misma corporación proveedora había presupuestado a un comprador particular un avión gemelo y en mejor estado de conservación por una suma final de "2.300.000 dólares", lo que representa un perjuicio fiscal directo de "1.785.000 dólares" para las arcas del Estado argentino.

La estructura que garantizó la legalidad interna del expediente se sostuvo mediante la rotación coordinada de funcionarios que respondían a una misma línea de conducción militar ligada al exjefe de la fuerza. El control de los asuntos jurídicos del proceso de compra estuvo bajo la responsabilidad del comodoro Pedro Antonio Orgambide, quien se hizo cargo de la dirección en reemplazo de la comodoro María Elena Rossi Lagos y de su cónyuge, el comodoro Gustavo Horacio Krasñansky. La cadena de validaciones contables e institucionales se cerraba con la intervención de los brigadieres Rubén Ángel Morado, encargado del flujo de caja, y Fabián Capellino, quien autorizó el pago de los excedentes presupuestarios requeridos.

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La investigación de los balances comerciales revela que la utilización de este método de compra directa con sobreprecios y plazos exiguos no constituyó un hecho aislado dentro de las dependencias logísticas de la fuerza militar. El rastreo de los fideicomisos en el exterior detectó irregularidades de matriz idéntica en las adquisiciones del Boeing 737-700 matrícula T-99 por ocho millones de dólares y del Saab SF-340 matrícula T-34 por dos millones, concretadas durante el ciclo 2021. La persistencia de este esquema administrativo se verificó también en las transacciones del período 2023, oportunidad en la que se abonaron más de seis millones de dólares por dos unidades Embraer que presentaban historiales de uso severo similares a la unidad peritada en Springfield.