Dan de baja los radares de la Ruta 40 en Dina Huapi y los conductores ya no recibirán multas
Actualidad17/05/2026
REDACCIÓNLa Agencia Nacional de Seguridad Vial anuló los permisos de los dispositivos móviles tras constatar que el municipio acumulaba casi cuatro años sin registrar infracciones con los equipos autorizados.
Los automovilistas que transitan entre los kilómetros 2.051,5 y 2055 de la traza federal quedaron libres de sanciones por exceso de velocidad de carácter municipal. La inhabilitación alcanza a ambos sentidos de circulación del tramo que atraviesa el ejido de Dina Huapi, donde los cinemómetros móviles ya no poseen cobertura legal para emitir actas. La medida interrumpe los procedimientos de fiscalización vial que se ejecutaban sobre este corredor clave del territorio rionegrino, quitándole al gobierno local la potestad de cobro en esa franja asfáltica.
La administración comunal reconoció de manera formal las limitaciones operativas que sufría su sistema de control vial mucho antes de la quita de los permisos nacionales. Las autoridades locales informaron al organismo central que “desde el día 30 de julio de 2022 la Municipalidad de Dina Huapi no constata infracciones de tránsito con los cinemómetros controladores de velocidad de instalación móvil”. Esta parálisis prolongada en la detección de faltas debilitó el esquema de prevención estatal, derivando en la caducidad de las autorizaciones políticas que sostenían la estructura de control en la región.
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El conflicto administrativo se desencadenó cuando los fiscalizadores nacionales exigieron la presentación de los avales que garantizan el correcto funcionamiento de los cinemómetros. La repartición central solicitó formalmente “el envío de documentación metrológica vigente, emitida por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)”, un requisito ineludible para asegurar la transparencia en las mediciones de velocidad. Ante la falta de renovación de dichos certificados de calibración, los aparatos tecnológicos perdieron la idoneidad legal que requiere la normativa de tránsito vigente en el país.
La sanción que quita el respaldo institucional afecta de manera directa a los dispositivos Marca TruCam, Mod. LTI20/20, identificados con las Series 3964, 4753, 5179 y 5180. Estas unidades particulares habían obtenido luz verde para operar mediante gestiones realizadas ante la órbita nacional en los años 2018 y 2020. Las resoluciones que en su momento convalidaron la puesta en marcha de los cinemómetros móviles quedaron totalmente sin efecto en el nuevo reordenamiento de los corredores federales.
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La anulación de los permisos se formalizó a través de la Disposición 123/2026, publicada esta semana en el Boletín Oficial de la República Argentina. El documento técnico lleva la firma del director ejecutivo de la institución nacional, Francisco Díaz Vega, quien ejerció las facultades de control sobre las rutas de jurisdicción federal. La medida determinó dejar sin efecto “la homologación y autorización de uso otorgada” para las misiones de control de velocidad que implementaban los inspectores locales sobre la calzada rionegrina.
La normativa nacional recuerda que la Agencia Nacional de Seguridad Vial intervino “en su carácter de autoridad de aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacionales”. El texto reitera que la entidad se posiciona como la “máxima autoridad nacional para autorizar la colocación de sistemas automáticos y semiautomáticos de control de infracciones sobre caminos, rutas y autopistas de jurisdicción nacional”. Esta definición jurídica impide que el municipio intente reflotar las actas de infracción utilizando ordenanzas locales o normativas de rango inferior.
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El dictamen gubernamental activó una cadena de comunicaciones formales destinadas a bloquear cualquier intento de utilización remanente de los cinemómetros cuestionados. La disposición obliga a notificar de forma inmediata a la provincia de Río Negro, a la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y a la Subsecretaría de Transporte Automotor. El papeleo también ingresó formalmente a los despachos del Consejo Federal de Seguridad Vial y de la Dirección Nacional de Vialidad para coordinar el retiro de la cartelería o carteles de advertencia correspondientes.
Los organismos de control de las fuerzas de seguridad pública recibieron instrucciones precisas para supervisar que la ruta quede libre de operativos de fotomultas municipales sin validez. La Gendarmería Nacional Argentina fue incorporada a la lista de notificaciones junto a la Defensoría del Pueblo de la Nación y a la Defensoría del Pueblo de Río Negro. Estas dependencias estatales actuarán como receptores de reclamos ciudadanos en caso de que se detecten intentos aislados de cobro por infracciones ocurridas en los kilómetros inhabilitados.
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