El Estado admite que no puede proteger al arrepentido que acusa a Cristina Kirchner
Policiales18/05/2026
REDACCIÓNUn informe oficial de Ezeiza revela fallas estructurales para cuidar al arrepentido Claudio Uberti, mientras los tribunales congelan su prisión domiciliaria.
Un documento oficial del Servicio Penitenciario Federal admite la falta de infraestructura edilicia adecuada para garantizar la seguridad de los internos considerados vulnerables de alta sensibilidad política. La notificación técnica interna, registrada bajo la nomenclatura NO-2026-3151791-APN-CPF1DCALYT-SPF, reconoce abiertamente las limitaciones materiales del sistema carcelario para cumplir con los protocolos de resguardo físico. Esta deficiencia estructural adquiere relevancia directa ante las denuncias por amenazas de muerte hacia un testigo clave de los juicios de corrupción vinculados a la gestión anterior.
El exdirector del Organismo de Control de Concesiones Viales, Claudio Uberti, pasa sus días recluido de manera ininterrumpida dentro de una pequeña habitación del pabellón hospitalario de la prisión de Ezeiza. Las autoridades de control penitenciario decidieron cancelar sus salidas al patio común con el objetivo inmediato de evitar cruzamientos riesgosos con el resto de la población carcelaria. El aislamiento es total, al punto de que el imputado colaborador no recibe visitas presenciales y restringe sus comunicaciones diarias a llamadas telefónicas con su esposa y su abogado defensor.
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La parálisis en los despachos judiciales profundiza la incertidumbre sobre las condiciones de detención del exfuncionario mientras se sustancia el debate público por la causa Cuadernos. La jueza de ejecución penal Sabrina Namer y el fiscal Nicolás Czizik mantienen bajo estudio el pedido técnico de prisión domiciliaria sin emitir una resolución definitiva sobre el fondo del reclamo. Los plazos procesales se dilatan de forma inusual, a pesar de los informes médicos y técnicos que advierten sobre la complejidad psicológica extrema que rodea al detenido.
El asesor letrado del acusado, Guillermo Armani, ratificó que su cliente mantendrá la postura procesal expresada en las etapas de instrucción y rechazará las presiones de los sectores políticos involucrados. El propio ex titular de Vialidad utilizó su única intervención ante el tribunal oral para contestar las descalificaciones de los abogados defensores que intentaban tachar su testimonio. “Soy arrepentido, no un buchón”, sentenció el imputado en plena audiencia pública, marcando una clara división conceptual frente a las chicanas dialécticas de los procesados de la causa.
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La estrategia legal de Uberti se diferencia de manera neta del camino que adoptaron otros involucrados históricos en el expediente de la recaudación ilegal. El exfuncionario descarta de plano incorporarse al Programa de Protección de Testigos, el mecanismo federal que resguarda la cotidianeidad del chofer Oscar Centeno desde el inicio de las investigaciones. La negativa a ingresar a ese esquema estatal responde al pedido explícito de resguardar a su núcleo familiar directo, el cual padeció amedrentamientos directos mediante mensajes anónimos dirigidos a su madre, su hijo y su esposa.
El actual encierro del exfuncionario en el complejo de Ezeiza responde a una sanción penal firme y ajena a las anotaciones del chofer de Roberto Baratta. Uberti cumple una condena efectiva derivada de su responsabilidad penal en el caso Antonini Wilson, el escándalo aduanero internacional que estalló en el año 2007. Aquel episodio involucró el arribo de un vuelo oficial procedente de Caracas que transportaba una valija con ochocientos mil dólares sin declarar, dinero que las autoridades aduaneras confiscaron en la terminal aérea metropolitana.
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Su doble condición de condenado penal y arrepentido estrella lo coloca en un lugar inédito dentro del proceso judicial por corrupción institucional más voluminoso de la historia argentina. La hipótesis principal de la fiscalía señala a la ex presidenta Cristina Kirchner como la jefa de una organización dedicada a la recolección sistemática de retornos financieros. Las declaraciones del exdirector vial puntos directamente al corazón de ese esquema, detallando los mecanismos de cobro de dinero en efectivo que empresarios del sector de la obra pública pagaban de forma permanente.
Las actas escritas que refrendó el imputado colaborador describen escenas explícitas sobre la manipulación de bolsos repletos de billetes que tenían como destino final la Quinta de Olivos. El dinero ilegal acumulado en la residencia oficial viajaba con destino final a la provincia de Santa Cruz utilizando las bodegas del avión presidencial Tango 01. Los escritos presentados oportunamente ante el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio constituyen la base probatoria que las defensas políticas intentan descalificar sin éxito en las audiencias orales.
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